Fiscalía General de la República, cómplice de la impunidad
30 de agosto, todos a marchar
En el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez existe un hecho que se repite constantemente y para el cual no hay otra explicación que no sea la acción de ocultar la verdad y consolidar la impunidad: la Fiscalía General de la República (fgr) no ha cumplido con más de 32 actos de investigación.
De nada sirvió la reunión con la Dra. Sara Irene Herrerías titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (femdh) y la Lic. Martha Lidia Pérez Gumercindo titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada el día 20 de junio de 2024, donde las autoridades escucharon para después no hacer nada y ni siquiera comprometerse con asistir a las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda.
Siguiendo esta política de omisión para garantizar la impunidad, el personal de la fgr, en este caso la ministerio público encargada del caso ni nadie de su personal, acudió a los trabajos de reconocimiento en distintos espacios de la ciudad de Oaxaca realizados del 16 al 18 de julio.
Como resultado de esos trabajos las familiares y organizaciones que estuvieron presentes en los mismos, pudieron “verificar y constatar que existen mayores elementos que prueban que la desaparición forzada de nuestros familiares no fue fortuita y que esta se logró gracias a una participación conjunta de corporaciones de diversas dependencias estatales y federales que actuaron de manera coordinadas para detener y desaparecer a Edmundo y a Gabriel.”
No investigar, esa es la principal omisión de la Fiscalía y su personal, y con eso reiteramos que ocultan la verdad y consolidan la impunidad.
A la par en este caso, a principios de julio la Comisión Especial de Búsqueda (ceb) informó que existen peticiones de particulares al Instituto Nacional de Acceso a la Información (inai) para obtener “información importante sobre el Análisis de Contexto elaborado en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb) respecto de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, lo cual no sólo vulnera nuestro derecho como familiares y víctimas indirectas, ya que no sólo no se nos consultó sobre esta decisión, sino también porque pone en riesgo información importante sobre el caso, dado que este no es un caso cerrado, sino que sigue en curso la investigación de este crimen de lesa humanidad contra los responsables y la búsqueda de nuestros seres queridos.”
Por un lado, la Fiscalía oculta, es omisa y obstaculiza la investigación y, por el otro, se pretende hacer público el análisis de contexto sin preguntar siquiera la opinión de las víctimas. De no ser por la denuncia oportuna de esta intención la cnb no hubiese dado marcha atrás a esta decisión que sólo faltaba ejecutar.
Los familiares y las organizaciones que luchamos a su lado por la verdad y la justicia no dejaremos la movilización, la denuncia y de informar al pueblo lo que las autoridades hacen o dejan de hacer para que la victoria política y jurídica al conformarse la Comisión Especial de Búsqueda se minimice y se convierta en derrota al volver ésta en otro aparato burocrático que consolide la impunidad.
Por lo anterior escrito invitamos al pueblo sensible y consciente a marchar con nosotros este 30 de agosto, día internacional del detenido desaparecido, fecha importante porque visibilizamos los casos de desaparición forzada en nuestro país desde los años 70 hasta nuestros días.
Entendemos que el caso de Edmundo y Gabriel Alberto no es el único y que hay miles más; pero también entendemos que este caso tiene la particularidad de ser un caso que ejemplifica como el Estado mexicano aplica estrategias contrainsurgentes contra los grupos armados revolucionarios.
No podemos dejar de mencionar que ambas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, que dicha agrupación reivindica la lucha armada revolucionaria para derrocar el capitalismo y que esto es motivo de persecución y de represión en contra de sus integrantes o incluso en contra de quienes, sin pertenecer a ese grupo, rompemos la cadena del miedo a la criminalización y nos atrevemos a luchar por verdad y justicia en este caso.
Los revolucionarios tienen derecho a un juicio justo y nadie merece la detención desaparición incluidos sus verdugos ni quienes planifican la represión contra el pueblo y quienes los protegen desde todas las estructuras del Estado.
De nada sirven discursos, reportes y compromisos si nada conduce a encontrar el paradero real de las personas detenidas desaparecidas, de nada sirve el dinero sin verdad ni justicia; no puede existir reparación integral del daño y mucho menos garantías de no repetición si la preocupación central de todas las supuestas investigaciones y explicaciones son hechas para exculpar a ciertas instituciones del Estado, mantener en la impunidad a ciertos funcionarios e impedir que la justicia se aplique. Justicia que llega tarde no es justicia y con ese compromiso no cumplido funcionarios e instituciones esperan el cambio de gobierno, como si este cambio fuese un borrón y cuenta nueva para poder tomar aire y seguir manteniendo la impunidad.
No se los permitiremos, pues quienes luchamos por la democracia popular y el socialismo somos ajenos a los tiempos electorales que a ellos los determinan, así como su necesidad de seguir viviendo con dinero del erario público, es decir del pueblo explotado.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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