PRI, PAN y MORENA. El pacto de impunidad se mantiene

El pacto de impunidad se mantiene. PRI, PAN y MORENA.

22 agosto, 2025 OLEP

Impunidad

Las agresiones económicas, militares y políticas contra el pueblo mexicano por parte del actual presidente de los Estados Unidos (EU) Donald Trump, continúan, no sólo dentro de nuestro país, también dentro de los EU.

Han pasado tres años desde que, gracias a la tenaz y consecuente lucha, se logró que por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ordenara la creación de una Comisión Especial de Búsqueda (CEB) para conocer el paradero real de los detenidos desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca.

En 2022, los familiares de ambos revolucionarios vieron con esperanza la creación de la CEB, pues ésta, de manera clara, ordenaba la búsqueda de ambos integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) en instalaciones militares, así como mandataba que se realizara una investigación para sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado y ordenaba también una búsqueda efectiva. Esperanza que desgraciadamente se ha ido diluyendo con el paso de los años.

Hasta la fecha se han realizado 18 reuniones con las autoridades en el marco de la Comisión Especial de Búsqueda. Reuniones en donde los familiares, expertos internacionales y organizaciones populares y de derechos humanos han exigido el cumplimiento cabal de la sentencia y, por supuesto, la presentación con vida de Edmundo y de Gabriel.

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Impunidad porparte de las autoridades

¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? La Fiscalía General de la República (FGR), lejos de cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los funcionarios que desaparecieron de manera forzada a Edmundo y a Gabriel ha garantizado la impunidad. Como ejemplo de lo anterior existen 32 actos de investigación pendientes, los cuales simplemente la Fiscal responsable del caso no ha querido realizar. Entre ellos, solicitar 10 nuevas órdenes de aprehensión, llamar a comparecer a más de 15 funcionarios estatales y federales, así como la detención de los aún prófugos de la justicia, el exprocurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez y del comandante de la Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández, acusados por múltiples testigos, junto con otros funcionarios, de ser los autores materiales de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. Hasta la fecha, la FGR continúa protegiendo a altos mandos militares y del antiguo CISEN, así como a los antiguos funcionarios de la PGR (actualmente FGR) que son claves para poder saber el paradero real de Edmundo y de Gabriel.

La FGR no sólo ha incumplido con su obligación de investigar, sino también de informar a los familiares sobre lo qué está haciendo o no respecto al caso. Los funcionarios de la FGR van a las reuniones de la CEB obligados por la sentencia de la SCJN, pero no muestran mínima voluntad política para realizar una real y efectiva investigación. Son indolentes, a veces se conectan de manera remota, otras van de manera presencial y se enojan cada vez que las familias les reclaman el incumplimiento de sus obligaciones, hacen el mínimo esfuerzo y de manera consciente retrasan las investigaciones del caso.

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizó, gracias al aporte de datos de los familiares, un análisis de contexto en el que se reconoce una vez más la participación de autoridades de Oaxaca y autoridades federales en la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel; sin embargo, a la hora de iniciar la búsqueda en las diversas instalaciones de la policía estatal de Oaxaca lo ha hecho engañando a los familiares de las víctimas.

En febrero del 2025, la CNB llevó a sus expertos y con la utilización de un georradar revisó varios predios en el estado de Oaxaca. El resultado fue negativo, pero las familias que cuentan con años de experiencia y conocedoras de los repetidos engaños por parte de las autoridades solicitaron a un perito independiente, debidamente acreditado y de confianza, que revisara el informe de realizado por los “expertos” de las CNB. El resultado: un engaño. El georradar utilizado no es el instrumento idóneo para la búsqueda, no supieron calibrarlo y en pocas palabras, lo que hicieron estos “expertos” no tiene ningún rigor científico.

Las autoridades intentaron engañar a los familiares de Edmundo y de Gabriel

Una vez más, las autoridades intentaron engañar a los familiares de Edmundo y de Gabriel. Simularon búsquedas con toda la intención de cumplir con una obligación, pero de tal manera que no encontraran nada. Imagine, usted lector, ¿a cuántas familias que tienen a un ser querido desaparecido y que no pueden contar con expertos independientes las están engañando con falsas búsquedas?

Por ello, los familiares de Edmundo y de Gabriel están solicitando que quien haga las búsquedas sean expertos internacionales con experiencia y sobre todo de confianza de las víctimas, lo cual, no resta decirlo, es una exigencia completamente legal y posible si es que hubiera voluntad política por parte del gobierno federal.

Y lo peor, es que la CNB, ha puesto de pretexto para no hacer nuevas diligencias de búsqueda la mentira de que las familias no quieren hacerlas, cuando las familias si quieren; pero que se hagan bien y no como una simulación, lo cual ha su vez es un acto de crueldad y de revictimización por parte del gobierno federal.

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación sólo manda al funcionario de más bajo nivel a las reuniones de la CEB, quién sólo se encarga de pedir el espacio para las próximas reuniones, cuando como institución debería garantizar los derechos de las víctimas de verdad, memoria, justicia y reparación integral del daño.

Y ni hablar de la SEDENA, la cual no sólo ha negado la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, sino que ha negado mediante oficios toda participación del ejército en operativos relacionados con la desaparición de ambos luchadores sociales.

¿Qué tanto le debe el Gobierno Federal, la presidenta de la República, al grupo priísta del entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que no detiene a los funcionarios de ese gobierno acusados de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel? ¿Por qué el Gobierno Federal a través de la FGR protege a los antiguos funcionarios panistas y priístas que trabajaron en la PGR y el CISEN? ¿Por qué la presidenta de la República no rompe el pacto de impunidad que tiene con los militares?

No queda de otra que seguir luchando, los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada lo tienen claro. La verdad y la justicia no vendrán de uno u otro gobierno. Éstas se les tienen que arrancar, principalmente, mediante la denuncia pública y la movilización en las calles y en las avenida !

¡Porque vivos se los llevaron: vivos los queremos!