El Salvador: Ley General de La Minería Metálica
Por: Ronaldo Vigil
Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS).
El pasado lunes 23 de diciembre del año 2024, fue ratificada la Ley General de La Minería Metálica en El Salvador, con 57 votos a favor de los diputados de la Asamblea Legislativa derogando así la Ley que prohibía la Minería aprobada el año 2017, después de haber realizado un estudio de los impactos que tiene sobre los ecosistemas, ríos y mantos acuíferos que contamina, las enfermedades renales en la población que consumía y utilizaba estas aguas, fue como las organizaciones sociales y defensores medioambientales de El Salvador junto a los diputados del partido de izquierda, se logró aprobar La Ley Contra la Minería en El Salvador, deteniéndose así las actividades de las empresas mineras provenientes del país de Estados Unidos y Canadá, y dio un respiro a los pobladores de estas comunidades.
Antecedentes
La minería en El Salvador tiene una historia que se remonta a la época colonial, con registros de producción desde 1780. La actividad minera se ha desarrollado de manera artesanal, industrial y a gran escala.
La minería artesanal se practicó desde épocas remotas, como ejemplo se encuentra la mina de San Sebastián, abierta en 1904, no es hasta en la década de 1970 con la llegada de la empresa estadounidense Commerce Group Corp que inicia la industrialización de esta actividad convirtiéndola en una actividad económica muy importante a nivel nacional.
En 1995 se aprobó la Ley de Minería que permitió la llegada de compañías extractivas como Pacific Rim, de origen canadiense que solicitó la explotación de la mina El Dorado en el departamento de Cabañas, esta empresa incluso demandó al Estado salvadoreño por no otorgarle los permisos de explotación. Otra que ingresó al país fue la empresa minera Martinique Minerals que se ubicó en el departamento de Chalatenango y las compañías salvadoreñas que a lo largo del siglo se han apuntado al negocio de la explotación minera tal como Minerales Morazán, El Divisadero en el departamento de Morazán.
Lucha contra la Minería
La lucha contra la minería en El Salvador ha sido un movimiento que ha enfrentado a comunidades, activistas medioambientales, población organizada contra las empresas mineras. Los conflictos han girado en torno a la contaminación ambiental, la violación a los derechos humanos y disputas territoriales. En el año 2005, líderes comunitarios bloquearon la exportación minera en Chalatenango, la empresa canadiense Au-Martini que obtuvo concesiones de explotación minera a principios del 2000, decididos a conseguir más espacios para sus trabajos de extracción sin importarles la salud de los habitantes de las comunidades, estos a su vez se organizaron y por varios años se movilizaron hasta lograr frenar las actividades de dicha minera.
Tras esta victoria contra las empresas mineras lograron liberar de la presencia de estas empresas en otros territorios del departamento de Chalatenango, siendo también parte de la fundación de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, referente en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2017.
La minería metálica, muestra su rostro de muerte
A finales del año 2024, los diputados del oficialismo junto a otros de los partidos a fines, tomaron la decisión de obedecer la orden del inconstitucional y aprobaron la Ley General de La Minería Metálica en El Salvador derogando la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, dando luz verde a todas las empresas mineras extranjeras y locales, pero condenando a todas las comunidades al calvario de los problemas de salud, contaminación y desastres ecológicos como consecuencia de esta actividad, la lucha que duró doce largos años por proteger las tierras y sobre todo la vida se ha visto severamente golpeada. La ley no contempla ningún tipo de restricción para las empresas, es el Estado el encargado de revisar, valorar y otorgar el permiso correspondiente, arriesgándose a perder todo el territorio políticamente.
No les importó que existan pruebas de enfermedades crónicas en la población que utiliza el agua de los ríos que se contaminan, o beben el agua de los pozos que conectan a los mantos acuíferos y que éstos también son contaminados, pausadamente van deteriorando la salud de los habitantes de las comunidades aledañas a la mina. Por si fuera poco, las empresas mineras, como en el pasado, intimidan a los habitantes para que estos desistan de seguir expresando a la población salvadoreña e internacional lo que sucede en El Salvador, y hasta el mismo gobierno ha hecho cercos militares con ese objetivo, excusándose que es por el control de la delincuencia.
La lucha continúa
Las organizaciones sociales, los activistas y la sociedad civil se han unido a la lucha por recuperar lo que nos han arrebatado descaradamente: EL DERECHO A LA VIDA, art. 2, de la Constitución de La República de El Salvador. Con un régimen de excepción que limita las acciones, dejan el miedo a ser encarcelados injustamente como sucede con todo aquél o aquella que se pronuncia en contra de las decisiones del Estado.
En el mes de enero de este año 2025, se logró concretar la marcha contra la minería metálica, donde se unieron los maestros y médicos que han sido afectados duramente con los despidos masivos, entre otros sectores como los trabajadores por cuenta propia, panificadores, obreros y campesinos que claman por sus tierras y contra el alza del precio a la canasta básica. También se realizan las denuncias en las instituciones correspondientes aun sabiendo que las instituciones del Estado están secuestradas por el órgano legislativo y que poco se puede llegar a lograr en este sistema de dictadura actual. Como ejemplo, el juicio contra los líderes comunales de Santa Marta, que defienden el derecho a la vida y protegen los mantos acuíferos de la comunidad y la salud de sus habitantes, enfrentan un juicio desde el año 2023, acusados por la fiscalía de delitos basados en las prohibiciones de la nueva Ley aprobada hasta el año 2024, resultando en un absurdo intento de bloquear la legitima defensa de las tierras y de los recursos naturales que pertenecen a todos.
La Ley General de la Minería Metálica en El Salvador, no sólo aprueba la muerte pausada de miles de habitantes, también criminaliza a aquellos que se opongan a que se practiquen las exploraciones y decisiones del Estado, el único que puede realizar estas acciones, de encontrarse oro en el terreno de cualquier habitante del país, comprobado o no, será arrestado por oponerse a utilizar sus tierras para la explotación minera.
Esta ley es un eslabón más del retroceso de degradación social que se implementa por parte del Estado fascista en El Salvador, la democracia, la libertad y la seguridad en todos las áreas y aspectos de la vida diaria se agudizan con un retroceso igualado a los años 40´s del siglo pasado, donde los gobiernos militares implementaron mecanismos similares para sofocar a la población y empujarla a lo que ya todos conocemos: el conflicto entre gobierno y pueblo que desembocó en una guerra civil que duró doce años, misma que beneficia al presidente inconstitucional y sus planes de negocio a costa del sufrimiento de miles y miles de salvadoreños.
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