Gilberto Romero, detenido desaparecido. 30 Años de impunidad

20 mayo, 2025 OLEP

La participación de agentes del Estado por comisión o aquiescencia (a través de terceros civiles) en la detención desaparición de cualquier persona, seguida de la negativa de dar a conocer su participación en el hecho o dar informes sobre la persona o su paradero, es lo que configura el delito de desaparición forzada: una grave violación de derechos humanos y crimen de lesa humanidad.

La práctica de este terrible acto se ha perpetrado en México por lo menos desde la década de los 60 inicialmente en contra de la oposición política.

En este artículo hablaremos de un caso más actual, el de Gilberto Romero Vázquez, campesino, luchador social e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); fundada en enero de 1994 en Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Después de años de represión y promesas incumplidas cientos de campesinos conformaron la OCSS como instrumento de lucha para obtener mejoras en su vida cotidiana, acceso a clínicas, hospitales, escuelas, fertilizantes, etc. Gilberto se incorporó a la organización y trabajó para el beneficio colectivo. En Guerrero gobernaba el hijo de un asesino, otro asesino, Rubén Figueroa Figueroa, con apoyo de militares como el general Enrique Tomás Salgado Cordero, jefe de la Novena Región militar, quienes se reunieron con los dirigentes campesinos.

El 3 de mayo de 1995 los campesinos y funcionarios se encontraron en las oficinas de la organización y fue Gilberto Romero Vázquez quien leyó el pliego petitorio de todas las comunidades y pueblos.

El encuentro terminó con amenazas por parte del gobernador, quien acusó a algunos dirigentes campesinos de meter ideas extrañas en la mente de sus compañeros. Hay que saber y recordar que en ese año todavía la guerra contrainsurgente en Chiapas estaba en lo más álgido y que el ejército realizaba operativos de búsqueda frente a la posibilidad del surgimiento de nuevos grupos guerrilleros o armados.

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Ejército instaló retenes en carreteras y terracerías

Se realizaron operativos disfrazados como campañas de labor social en los lugares donde el ejército suponía existían grupos armados, el ejército inició el 21 de mayo un amplio operativo en la sierra de Guerrero. Nuevamente como en los tiempos de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres (PDLP), el ejército instaló retenes en carreteras y terracerías, entró a los pueblos a cortar el cabello, limpiar dientes y preguntar sobre guerrilleros; tomó las listas de las credenciales de elector y pidió identificaciones a las personas mayores de edad para corroborar su identidad. Los soldados se aparecían en las siembras, dormían en el monte, “peinaban” el terreno buscando a la insurgencia.

En este contexto y en medio de otros hechos de represión en contra de los integrantes de la OCSS, el 24 de mayo de 1995, Gilberto Romero Vázquez salió de su casa ubicada en la colonia 18 de mayo, municipio de Atoyac de Álvarez. Gilberto era representante de San Martín de las Flores en la OCSS. Después de 30 años sus familiares y compañeros de organización no han vuelto a saber nada de él.

Además de haber leído el pliego petitorio de las comunidades organizadas al gobernador, también había participado el 18 de mayo de 1995, en la toma de la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, su presencia fue cuestionada por la entonces presidenta municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María de la Luz Núñez Ramos.

Las detenciones arbitrarias, torturas, amenazas, vigilancia y la desaparición forzada de Gilberto, además de los incumplimientos de las promesas del gobierno para resolver las necesidades inmediatas y las demandas políticas del pueblo organizado, fueron los antecedentes de la conocida masacre de Aguas Blancas, ejecutada el 28 de junio de 1995 por policías estatales y con la participación del ejército a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro.

30 años después no existen culpables intelectuales y materiales

Después de ocho años de la desaparición forzada de Gilberto, su esposa (madre de siete hijos) María de Jesús Mazón Martínez, escribió una carta a un periódico de Guerrero, denunciando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había determinado que su esposo se había ido con otra mujer. En 2002, año en que se escribió la carta, su esposa había intentado levantar la denuncia por desaparición forzada contra Gilberto, en tres ocasiones.

Todos estos hechos son públicos, se puede leer la recomendación 104/95 de la CNDH o el informe 49/97 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documenta la participación de diferentes agentes del Estado en la masacre de Aguas Blancas y donde se documentan muchos de los antecedentes de la misma, entre ellos la desaparición forzada de Gilberto Romero Vázquez.

30 años después no existen culpables intelectuales y materiales de la detención desaparición de Gilberto, eso se llama impunidad, y la impunidad provoca que crímenes como estos se repitan como se están repitiendo en nuestros días.

La impunidad, la desmemoria, la mentira, la injusticia todas son armas para quienes pretenden eximir al Estado mexicano de la responsabilidad forzada por motivos políticos o como mecanismo de disciplinamiento social. Investigar o llegar a la verdad de los hechos es responsabilidad del actual gobierno que bien debería saber, porque son inteligentes, estudiados y son gobierno, que la desaparición forzada de personas no prescribe y que cada día que pasa sin conocer el paradero real de la víctima es como si se volviera a cometer el crimen.

¡Presentación con vida de todas y todos los detenidos desaparecidos!