Avances de la Comisión Especial de Búsqueda
Luchar por los detenidos-desaparecidos
Durante el año pasado estuvimos hablando en nuestro periódico FRAGUA del caso de los dos revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, detenidos-desaparecidos en el año de 2007 en el Estado de Oaxaca por la policía ministerial del mismo estado y el ejército, vistos por última vez (de acuerdo con algunos testimonios) en el campo militar número uno. Este caso es de suma importancia y trascendencia dentro de la problemática de desapariciones forzadas en México y América Latina, que continuaremos abordando y actualizando a lo largo del año.
Y ¿por qué es importante hablar del tema y de este caso en particular? Se preguntará usted como lector. En primer lugar para alcanzar Memoria, Verdad y Justicia frente a los crímenes de lesa humanidad y contra el pueblo que se cometieron en sexenios pasados como en el de Felipe Calderón Hinojosa y que hoy siguen en la impunidad, pues no existe la voluntad política para resolverlos incluso en este sexenio.
En segundo lugar, porque para el caso de Edmundo y Gabriel se ha logrado una sentencia a favor de las víctimas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde agosto del año pasado, logro que se convierte en una victoria política para los familiares, los abogados y las organizaciones solidarias que hemos abrazado el caso mediante la movilización, plantones, mítines, marchas y toda la creatividad del pueblo, que beneficiará a todos los casos de desaparición forzada, pues se crea un precedente en la lucha por la Verdad y la Justicia, aunque lamentablemente la sentencia no ha sido acatada por las autoridades, específicamente por el ejército.
Uno de los puntos más importantes de la sentencia de la resolución de amparo 51/2020 consiste en la creación de una Comisión Especial de Búsqueda (CEB) para encontrar a Gabriel y Edmundo en aquellos lugares donde se presuma puedan estar; para lograr determinar su paradero es necesario que se presenten a comparecer los mandos militares que estuvieron en activo en el momento de su desaparición forzada y que es otro de los puntos de la sentencia.
La constitución de la CEB se dio el 3 de noviembre del año pasado y está conformada por los familiares (Comité de familiares de detenidos desaparecidos “Hasta Encontrarlos”) organizaciones acompañantes (Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité Cerezo México, organización de derechos humanos) y personalidades acompañantes (Santiago Corcuera Cabezut), por observadores de derechos humanos, específicamente por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, y por las autoridades: Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Secretaría de Defensa Nacional. Dicha Comisión tiene la tarea de crear un plan integral de búsqueda.
La segunda reunión se realizó el pasado 26 de enero de 2023 donde se presentó un anteproyecto de la metodología del plan de búsqueda y al cual se le hicieron observaciones por parte de los familiares. En esta y anteriores reuniones estuvimos presentes afuera de las instalaciones realizando un mitin y como parte de la movilización que hemos impulsado y que como en todas las luchas es indispensable para avanzar y alcanzar esa justicia que pareciera buscan atrasar más y más.
Esta comisión es la primera en su tipo en México, he ahí su relevancia, pues como mencionamos al inicio la sentencia es un precedente que sirve a todos los casos de desaparición forzada, todos ellos tienen el derecho a que se cree su propia comisión especial de búsqueda, tienen derecho a que su caso sea investigado de acuerdo al contexto en que se dio el crimen, tienen derecho a ser buscado, los familiares tienen derecho a la reparación integral del daño que no sólo implica la reparación económica sino las garantías de no repetición, los familiares tienen derecho a saber la verdad de lo que pasó pero también los compañeros de las victimas en caso de que el desaparecido haya sido un sindicalista, un defensor del medio ambiente, un líder comunitario, o un militante de una organización.
Pero como hemos dicho siempre, estos logros no se han dado por la buena voluntad y un ejemplo de ello es el incumplimiento de la sentencia por parte del Ejercito, quien desde que fue notificado de esta (5 de octubre de 2022) no se presentó a la primer reunión de la CEB, tardó más de 3 meses en publicar la sentencia en un diario de circulación nacional (cosa que debió haber hecho antes de 30 días después de haber sido notificado), y no ha presentado a comparecer a ningún militar lo cual debió hacer desde pasado 1 de febrero. Estos hechos contradicen lo dicho por el ejecutivo el cuál afirmo en una mañanera que el Ejército tiene que informar sobre este caso pero también sobre otros casos de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo.
La próxima reunión de la CEB, donde se seguirá trabajando sobre la metodología del plan de búsqueda, está programada para el día 9 de marzo (días después de la publicación de este número de FRAGUA) hasta el momento no se ha confirmado el lugar de la reunión, pero nuevamente estaremos ahí, acompañando y gritando ¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡¿Dónde están dónde están?¡ ¡Gabriel y Edmundo ¿Dónde están?¡. Te invitamos a participar y cobijar este caso pues Edmundo y Gabriel son hijos del pueblo que decidieron luchar por transformar de manera radical esta realidad. Te invitamos a organizarte y luchar con nosotros pues todos los detenidos-desaparecidos son hijos del pueblo y la única manera de alcanzar Memoria Verdad y Justicia es mediante la organización independiente del pueblo.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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