La represión política y la omisión federal
Un lastre transexenal
En general la represión política ejecutada desde el gobierno federal fue menor que en sexenios anteriores, pero no así la represión ejercida desde los gobiernos estatales y municipales gobernados por MORENA, y otros partidos.
Ante la represión política ejercida por los gobiernos de los estados, el gobierno federal aplicó la estrategia de la omisión, es decir, no realizar ninguna acción argumentando que hay división de poderes o que cada estado tiene autonomía, la verdad es que fue permisivo, tolerante y omiso con sus obligaciones de materia de justicia y derechos humanos para todas las víctimas que sufrieron represión política de parte de los gobiernos estatales, municipales y grupos paramilitares al servicio de esos gobiernos.
Vamos por partes, cuando el gobierno federal argumenta que no puede hacer nada porque hay división de poderes y la Fiscalía General de la República (fgr) es autónoma, es una mentira ¿por qué? Porque la ley dice que cualquier ciudadano y más un servidor público que tenga conocimiento de la comisión de un delito tiene el deber de realizar la denuncia. Durante este sexenio no vimos las denuncias levantadas desde el gobierno federal en contra de los autores materiales e intelectuales de diferentes actos de represión política que realizaron los estados y los municipios. ¿Por qué? Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (amlo) no quiso poner en evidencia cómo los gobiernos de MORENA también realizan la represión política y no quiso confrontar políticamente a sus aliados, aunque ejecutaran personas o realizaran detenciones arbitrarias contra el movimiento popular independiente que sigue luchando por más mejoras sociales y una vida digna.
Uno de los ejemplos más claros es lo que sucede actualmente en Chiapas y como reina la impunidad. Incluso si lo vemos políticamente el hecho de que el gobierno federal denunciara las violaciones de derechos humanos y delitos que cometen los gobiernos estatales puede poner en mayor evidencia como el poder judicial no quiere actuar y perpetúa la impunidad y le niega la justicia al pueblo.
Cuando el gobierno federal dice que no puede hacer nada porque los estados tienen autonomía también es mentira, ya que puede solicitar la atracción de casos a la fgr por ser casos relevantes o de violaciones graves de derechos humanos. Pero tampoco lo hizo, ¿por qué? Porque no quiso confrontar a sus aliados gobernadores de MORENA y poner en evidencia a la fgr, un monumento a la impunidad bajo el mando de un procurador con un largo historial de violaciones de derechos humanos durante su vida de funcionario.
Otro aspecto donde podemos ver cómo se priorizó los intereses de los grupos de poder político y económico es el caso del empresario Germán Larrea quien sigue en la impunidad. Nada se hizo ante el derrame en el rio bacanuchi ni ante el caso de los mineros de Pasta de Conchos, es decir, el capitalista Larrea, destruyó un río, afectó a cientos de personas por la contaminación del mismo, mató a los mineros de pasta de conchos y luego no quiso rescatar los cuerpos. Ante estos dos hechos, ¿no le correspondía a quien dijo que acabaría con la corrupción y la impunidad resolverlos? La manera cómoda donde no cuestionó esos delitos graves realizados por Larrea fue salvar los cuerpos de los mineros, lo cual está bien, pero ¿por qué no levantar las pertinentes denuncias contra quien resulte responsable del derrame y del asesinato de los mineros? Porque no quiere confrontar al poderoso Larrea, quien fue de los empresarios que se beneficiaron con la política del neoliberalismo en México y con la política de amlo. ¿No que iba acabar con el neoliberalismo y la impunidad?
Estos ejemplos del sexenio que termina, sólo son muestra de que tuvimos un gobierno que no quiso confrontar a sus aliados políticos y económicos, aunque fueran asesinos o corruptos. ¿No acaso permitir la impunidad es fortalecer a la derecha conservadora? Claro que sí, es dejar que los grupos de poder conservadores sigan en los gobiernos y las empresas jodiendo al pueblo.
¿Resolverá este pendiente de justicia y cero impunidades el nuevo gobierno de Claudia Sheibaum? Creemos, por desgracia que no, pero podemos de manera organizada exigir que termine con la impunidad y se juzgue a los asesinos de los movimientos populares.
Dentro del proyecto de nación que nos presenta la próxima presidenta, propone algo que suena muy positivo para el pueblo organizado que se manifiesta para defender sus derechos. El proyecto de nación de Claudia Sheinbaum dice “se propondrá la tipificación del delito de represión, entendido como el uso de la violencia por parte de cualquier fuerza pública en contra de cualquier expresión ciudadana pacífica y legal”. Aquí lo primero que hay que preguntarnos es quién define qué es pacifico o no, pues el Estado: juez y parte. Segundo quién define qué es legal y qué no, pues el Estado: juez y parte.
Pongamos varios ejemplos: en varios municipios del Estado de México y de varios estado de la República mexicana es ilegal repartir volantes, no les importa si tienen contenido político o no. Ya nosotros como organización junto con compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (fnls) fuimos detenidos por repartir volantes y pegar carteles con demandas de la presentación con vida de desaparecidos forzados. Según la propuesta de tipificación no sería represión política porque es ilegal el reparto de volante y pega de carteles. Vamos a otro ejemplo del Estado de Puebla, ahí decidimos reunirnos en un parque para estudiar y formarnos políticamente, pues llegó la policía y nos dijo que era ilegal y nos desalojó del parque. Ahora un ejemplo en la Ciudad de México, en el metro. Nosotros, y ustedes nos han visto, realizamos brigadas donde repartimos nuestro periódico Fragua de cooperación voluntaria, pero al principio no nos dejaban repartir, incluso nos llegaron a sacar del metro y a hostigar y querer desalojarnos, porque según el reglamento del metro no se puede vender nada (nosotros no vendemos).
Fue a raíz de insistir con brigadas que logramos ejercer nuestros derechos a la libertad de manifestación, de reunión y de protesta. Según la propuesta de tipificación del delito de represión, como hay un reglamento no sería legal nuestra actividad y por lo tanto no aplicaría el delito si nos sacan a macanazos del metro o nos llevan al MP. No sólo estamos imaginando probables escenarios, ya nos pasó que detuvieron a dos compañeras, las subieron a una camioneta y las llevaron ante un juez por pegar un cartel afuera de un metro, cuando lo único que se hizo fue ejercer nuestro derecho a libertad de expresión y exigir el derecho a la verdad, la memoria y la justicia, pues el cartel exigía la presentación con vida de dos desparecidos forzados e incluso venía en el cartel el número de expediente para que precisamente la policía no creyera que era mentira. ¿Quién realmente se va beneficiar de esta tipificación del delito? No el pueblo que se organiza y que sale a las calles porque no hay agua, porque le desaparecieron a alguien, porque fue despedido, este pueblo no, eso es claro.
Esa propuesta está en su proyecto de nación, pero en realidad no vemos que haya interés de ningún sector en el gobierno futuro, ni en el poder legislativo para legislar sobre ese delito, para crear ese delito y abrir en parlamento abierto la discusión para que quede un delito por el cual puedan realmente juzgar a los represores del pueblo y a los asesinos del pueblo, es decir, juzgar a los gobiernos estatales, municipales y funcionarios del gobierno federal que realizan la represión política. Ante lo anterior sólo nos queda seguir organizándonos con independencia de los gobiernos y partidos políticos, para lograr la justicia y el término de la impunidad de los actos de gobiernos neoliberales, pero también de los gobiernos de MORENA en los estados y de la impunidad que ha permitido el gobierno actual.
Te invitamos a sumarte con la OLEP, juntos arranquemos de raíz el neoliberalismo, luchando por la justicia, contra impunidad, por la democracia popular y el socialismo.
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