MILITARIZACIÓN O DEMOCRACIA
MILITARIZACIÓN O DEMOCRACIA. Las últimas reformas propuestas desde la presidencia de la República y otras que ya han sido aprobadas, que tienen que ver con temas relacionados con la seguridad, Guardia Nacional (gn), Desaparición Forzada, Ley General de Población, combate al crimen, etc., contrastan cada vez más abiertamente con el discurso supuestamente antimilitarista y civilista que manejó el obradorismo, cuando se hacía una crítica a los intentos del panismo y del priísmo por implementar políticas de mayor vigilancia, control y represión, así como dar mayores atribuciones al ejército en tareas de seguridad pública.
Los argumentos que nos daban en ese entonces eran correctos sin duda, cuando planteaban que la militarización no había servido para pacificar al país; al contrario, se incrementaban las violaciones a los derechos humanos y la violencia en general. También argumentaban correctamente que la lógica de los militares es inadecuada para hacerse cargo de la seguridad pública por sus objetivos, técnicas, protocolos y formación. También se hacía un recuento histórico de la participación histórica del ejército en la represión del pueblo organizado. Asimismo, se hacía referencia a “cuidar” al ejército de la colusión con los grupos delincuenciales y demás intereses económicos y políticos que originan la violencia creciente en el país.
Estos argumentos, entre otros, los escuchamos una y otra vez por boca de los políticos de oficio del obradorismo en el Congreso, en las mesas de debate con los prianistas, en los spots de campañas, etc. ¿Y luego qué pasó llegando al poder político de la presidencia en 2018?
PROYECTO 18
Ya en el llamado Proyecto 18 como plataforma de gobierno de Morena (no hay que olvidar que dicho proyecto fue coordinado y presentado nada más y nada menos que por el prócer humanista Alfonso Romo, admirador del “humanista” Augusto Pinochet), López Obrador se puso el curita antes de cortarse el dedo, pa’que nadie le fuera a reclamar que no hubiera advertido el “chaquetazo” histórico que estaba a punto de llevar a cabo. Dicho proyecto, en su página 68 advertía:
“b) Poder Legislativo.- Si el ejército mexicano va a continuar en las calles, (el subrayado es nuestro) es necesario la aprobación de la Ley de seguridad interior, es impensable que el ejército mexicano continúe haciendo labores que no le corresponden, sin un ordenamiento legal apropiado, por la única razón que las policías estatales y federal están totalmente infiltradas por el crimen organizado…”.
Ya instalado en el gobierno federal, el obradorismo triunfante dio otro pasito, creando la gn como una institución más de carácter civil que cumpliría las tareas de seguridad pública con una lógica no militar. Otra cosa que se prometió, a sabiendas que no se cumpliría, fue el garlito de que el ejército no podía regresar a los cuarteles en lo inmediato, y que lo haría en un corto plazo.
TODO QUEDA EN LA FAMILIA MILITAR
Este año, ya sin pudor alguno y sin vergüenza, la gn es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, prácticamente una parte orgánica más del ejército: finalmente la militarización se asoma con su verdadero rostro, ya sin máscara supuestamente civil.
En este artículo nos limitaremos a comentar lo ya aprobado respecto a la gn, su marco y sus nuevas atribuciones.
En la nueva situación legal la gn ya depende de la Secretaría de la Defensa Nacional; pero a la vez se le considera como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente. Además de que el titular de la Comandancia será un general de División del ejército en activo, sus miembros estarán sujetos a la justicia militar por los actos que se relacionen con su servicio. Y ya sabemos cómo se las gastan los militares en eso de aplicar la impunidad. Sólo se les juzgaría en tribunales civiles para delitos comunes no considerados como los que pueda cometer en funciones. En otras palabras, si cometen graves violaciones a derechos humanos todo queda en la familia militar.
Hay facultades policiales que ya puede realizar la gn, como investigaciones penales, control migratorio, vigilancia en aduanas y protección de lo que se considere instalación estratégica en todo el territorio nacional. Aunado a ello, realizar investigaciones de delitos cometidos (supuestamente bajo el mando de un Ministerio Público, lo cual en México tampoco garantiza nada), poner a disposición de autoridades a personas y bienes, recibir denuncias sobre los hechos que puedan constituir delitos. La lista aún no termina: preservar el lugar de los hechos o de hallazgos, integridad de indicios, huellas o vestigios. Es decir, el ejército federal, tiene el pleno control para ocultar a su antojo el mayor de los crímenes si así conviene al sistema. El sueño de Calderón y Peña Nieto se viene a concretar corregido y aumentado.
Te invitamos a leer el artículo publicado en Fragua #93 Luchar por la democracia popular y el socialismo
En cuanto al uso de la fuerza, se sustituye la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza de 2019 por manuales operativos del ejército, lo cual supone, por lógica, el endurecimiento en el tratamiento operativo hacia la población. Sin embargo, y para no variar, esta información no es pública y no hay control legislativo.
Enlistemos algunas otras lindezas permitidas a la gn: puede realizar detenciones “en flagrancia o cuando lo requiera la seguridad pública”; puede llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para investigación preventiva; recabar información en lugares públicos; detenciones y aseguramiento de bienes relacionados con delitos; hacer inteligencia e investigación, coordinada con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública; hacer redacciones más amplias que los estándares constitucionales de arresto y vigilancia.
Con estas modificaciones se va a la basura aquel parámetro desde la propia Constitución y los derechos humanos de que la participación del ejército debería ser excepcional, temporal y subordinada. El gobierno pide que confiemos ciegamente en una gn que, de 2019 al 2025, tuvo 1816 quejas ante la cndh, y de las cuales sólo 13 se convirtieron en recomendaciones.
LA CLASE BURGUESA TRANSNACIONAL SIGUE GOBERNANDO
Hasta aquí lo que se refiere en esencia a la gn, sin embargo, por cuestiones de espacio iremos abordando los otras reformas en próximos números de FRAGUA, ya que no están desvinculadas entre sí; sino que en conjunto revelan que el Estado mexicano no se está preparando precisamente para una pacificación prometida sino para un escenario de mayor control y represión por la reacción popular que pueda darse como resultado de la continuación del modelo neoliberal en los hechos.
La máscara con la que se había ocultado el militarismo en México se ha caído con total descaro y ello revela que la clase burguesa trasnacional sigue gobernando, supeditada y subordinada al imperialismo norteamericano. El reforzamiento de un estado policíaco militar es una tendencia progresiva real en los últimos sexenios y es una necesidad para garantizar los intereses económicos y políticos de la oligarquía, de los dueños de este país que no han dejado de acumular capital y de profundizar las relaciones capitalistas en todo el territorio nacional.
La regla de la democracia burguesa en este aspecto pareciera rezar: “quien esté en el poder que amplíe y consolide el militarismo y quien esté en la oposición que haga como que está en contra”.
La doctrina de seguridad aprobada es la que impulsa Estados Unidos en el hemisferio como parte de su política de control, vigilancia y represión en contra de los pueblos, manteniendo a los gobiernos dominados gracias a su doctrina de Seguridad. Este tipo de reformas no sólo se están impulsando en México sino en América Latina en general.
PROGRAMA MINIMO DE LUCHA
Por ello es que, como Organización de Lucha por la Emancipación Popular, seguimos llamando al pueblo a ejercer el derecho a la organización independiente.
En nuestro Programa Mínimo de Lucha señalamos como una reivindicación en lo inmediato TERMINAR CON EL TERRORISMO DE ESTADO Y LA REPRESIÓN POLÍTICA. Sólo un pueblo organizado con conciencia de clase puede dar la batalla para no dejarse arrebatar espacios y derechos. Y, al contrario, profundizar cada vez más la capacidad para poder plantearse la construcción de la democracia popular y el socialismo como objetivos históricos de los trabajadores.
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