Granjas Carroll: y sus puercos represivos
Veracruz en el lodo
¡Condenamos la represión a defensores del territorio! Con esta frase comenzó el documento que como Organización de Lucha por la Emancipación Popular firmamos en conjunto con decenas de organizaciones sociales y personas que también se sumaron individualmente a esta condena, represión que tuvo como resultado decenas de heridos y 2 personas ejecutadas por la Fuerza Civil de Veracruz, más la muerte del padre de los asesinados al saber o sucedido.
Esto ocurrió el 20 de junio de 2024 alrededor de las 12 del mediodía, cuando campesinos manifestantes tomaron la carretera Puebla-Perote afuera de la procesadora de carne Granjas Carroll, empresa estadounidense que durante 30 años se ha establecido en la región de la Cuenca de Libres-Oriental.
Los manifestantes han mantenido una larga lucha que durante años ha denunciado la contaminación de la tierra, el aire, así como también el acaparamiento del agua por parte de esta empresa y otras. Las pruebas son numerosas y se han presentado a lo largo de estos años; sin embargo, no han tenido consecuencias tan profundas salvo unas cuantas multas que en comparación a las ganancias que ha generado esta empresa, son comparables a quitarle un pelo a un gato.
Prueba de ello fue aquel 2006 cuando la empresa chantajeó al gobierno del Estado amenazando con irse y “dejar sin empleo a sus 500 trabajadores”; debido a que la presión por parte de los pobladores de las comunidades circundantes iba en crecimiento, pues exigían que la procesadora cumpliera las normas ambientales establecidas en PROFEPA, ya que estudios tanto nacionales como estadounidenses confirmaban el alto nivel de contaminación de los residuos que emite la empresa, nutriéndose de una combinación tóxica y asquerosa de excremento, orina, vísceras y todo deshecho que tuviera que ver con la crianza de miles de cerdos.
Y si pensamos que hasta aquí llegaba la miseria burguesa lamentablemente nos equivocamos, pues ante los chantajes empresariales, el gobierno “tan buena onda” le quiso “ayudar” a la pobrecita procesadora para que cumpliera las normas ambientales y no tuviera que irse, contratando consorcios españoles dedicados al procesamiento de residuos industriales ¿pero ¿quién los pagaría y cuando funcionaron?
Como si la empresa no pudiera asumir sus responsabilidades necesita la ayuda de papá gobierno; no obstante, Granjas Carroll ubicada en Veracruz y Puebla es la primera productora de cerdos en América Latina, expandiéndose desde 2006 construyendo 51 granjas compuestas de hasta 10 naves; lo que desgraciadamente no quiere decir que también cumpla con condiciones dignas de trabajo para sus empleados, ya que a pesar de producir cerca de 25 mil toneladas de alimento al año, ofrece sueldos miserables que se alejan bastante de la media nacional en el ramo, y mucho más de los salarios que ganan los obreros estadounidenses que trabajan para esta empresa, caso común para las trasnacionales que vienen a invertir a nuestro país, ya que tienen garantizados ciertos privilegios como: gobiernos tibios que hasta les ayudan a cumplir con sus obligaciones, cuerpos represivos para que nadie los moleste y una mano de obra que aunque muchas veces sí esté calificada, es muy barata a comparación de los países de origen de las marcas.
Por todo esto, la protesta brutalmente reprimida del pasado 20 de junio fue el resultado de años de impunidad ambiental y de lo que coloquialmente llamamos “dar atole con el dedo”, pues aunque el gobierno local se ha mostrado tan “buena gente” con Granjas Carroll, en marzo de 2023 la PROFEPA ante la detección de contaminación del suelo y el agua, multó a la empresa haciéndola pagar solo 4 millones de pesos, y darles sus recomendaciones de que “por favorcito ya deja de contaminar ¿sí?”.
La represión del 20 de junio no se limitó en lo absoluto, ya que, además de desalojar con golpes y balazos a los manifestantes, también los elementos policiacos estatales protagonizaron una cacería de brujas, adentrándose a las comunidades persiguiendo a los campesinos incluso dentro de sus casas ¿acaso los elementos de este cuerpo elite de seguridad tuvieron tal iniciativa para “cumplir con su deber” o alguien les dio la orden de actuar de esa forma? Porque una cosa es desalojo y otra es violar la vivienda de las personas.
Mientras tanto, las 2 personas ejecutadas por la Fuerza Civil fueron el resultado de los disparos a quemaropa en contra de los manifestantes, situación que no se detuvo hasta avanzadas las horas de la tarde. Aquí otra duda ¿quien o quienes dieron las órdenes de disparar a los campesinos como si se tratara de la delincuencia organizada?
Pese a todo, el gobierno sólo decidió clausurar unas secciones de los corrales de la empresa, porque siempre sí “hasta ahora se dieron cuenta” del alto grado de contaminación de la procesadora; sin embargo, en los días previos ambientalistas y los pobladores organizados en el Movimiento de la Defensa del Agua de Libres-Oriental denunciaron en conferencia de prensa que la empresa sigue funcionando en su totalidad, a lo que Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de medio ambiente de Veracruz salió a la defensa, argumentando que sólo se tienen que ir revisando poco a poco cada una de las plantas de la empresa para darles recomendaciones, por lo que la clausura será de manera temporal hasta que se porten bien y dejen de contaminar tanto.
Otra acción por parte del gobierno de Cuitláhuac García fue la “desaparición” de la Fuerza Civil por decretazo, puesto a que sus 2 mil elementos siguen desempeñándose como miembros directos de la Secretaría de Seguridad Pública incluso luciendo con gallardía y guapura el mismo uniforme; tal vez al gobierno veracruzano le de tanta nostalgia deshacerse e investigar a los elementos que llegó a presumir como un cuerpo de seguridad de “vanguardia y profesionalización policial”.
El cinismo del gobernador llega al grado de declarar el pasado 10 de julio, que aunque desde el 23 de junio la Fuerza Civil dejó de existir, los elementos que la componían seguirán en las calles de Veracruz; además, ahora podrán limpiarse la sangre de las manos con los viejos uniformes porque el gobierno les premiará con nuevos uniformes, los cuales por arte de magia los volverá dignos policías porque ya no son Fuerza Civil ¿entonces eso quiere decir que no habrán investigaciones hacia quienes dieron las órdenes de represión así como a aquellos que con saña, alevosía y ventaja las ejecutaron?.
Pareciera que sí, pues Cuitláhuac evita decir cuántos detenidos e investigaciones hay, incluso, no ha dicho cuántos elementos fueron mandados aquel 20 de junio; y no conforme, el gobernador anda reprochando como cualquier morenista que busca algún tipo de chivo expiatorio ¿por qué la prensa no cuestionaba a las administraciones anteriores sobre el comportamiento de la Fuerza Civil?
Eso es un misterio, tal vez se trate de la “prensa fifi” que señala siempre a la 4T, pero por otro lado, quizá sea porque durante su administración se han cometido el mayor número de violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Civil, ya que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz desde 2018 a la fecha ha emitido 17 recomendaciones hacia el gobierno estatal, gracias a violaciones graves tales como: detención arbitraria, tortura o de las más peores, desaparición forzada.
Seguramente Cuitláhuac García piensa que la Fuerza Civil era mala porque fue creada por el priista Javier Dúrate en 2014, pero ahora, como los morenistas tienen el toque mágico de hacer buena a la gente, les cambiarán la carcasa para que en automático se vuelvan buenos policías, por supuesto, desde de seis años de su gobierno.
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