Irán tiene derecho a defenderse
El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una nueva ronda de ataques militares contra Irán. En los primeros minutos de la operación, la residencia del líder supremo de Irán, el gran ayatolá Sayyid Ali Hosseini Jamenei, fue objeto de un ataque que provocó su asesinato y la muerte de varios miembros de su familia, incluida su nieta de 14 meses, Sayyidah Zahra.
El asesinato de un jefe de Estado en ejercicio, junto con miembros de su familia, supuso una escalada extraordinaria y transformó inmediatamente el enfrentamiento con Irán en algo más que un conflicto militar convencional.
Los ataques no se limitaron a objetivos de liderazgo. En las ciudades de Minab y Lamerd, en el sur de Irán, fueron atacadas una escuela primaria y un complejo deportivo, lo que causó la muerte de varios niños, víctimas jóvenes que son consideradas mártires en Irán.
En respuesta, las fuerzas armadas de Irán, incluidos el ejército nacional y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), lanzaron ataques de represalia contra varios objetivos de la región que llevaban mucho tiempo identificados como posibles objetivos militares.
A raíz de ello, muchas declaraciones diplomáticas repitieron una frase familiar y aparentemente basada en principios: “Debe respetarse la integridad territorial de Irán y de otros países”. Dos de estas declaraciones merecen una atención especial: la declaración oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que fue retirada poco después de su publicación, y un mensaje publicado por el presidente de Cuba en su canal oficial de Telegram.
Estos dos casos merecen ser examinados con especial atención, porque los gobiernos de Venezuela y Cuba han evitado históricamente el tipo de lenguaje diplomático neutral que suelen utilizar otros Estados, declaraciones que normalmente instan a “ambas partes a actuar con moderación”.
Venezuela calificó los ataques de represalia de Irán como “indebidos y condenables”, mientras que el presidente cubano pidió que se respetara la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados e instó a poner fin a las acciones que perjudican a la población civil o dañan la infraestructura civil en los países del Golfo Pérsico.
Sobre el papel, esta formulación parece equilibrada y coherente con el derecho internacional. Sin embargo, la realidad política suele ser mucho más compleja de lo que sugiere el lenguaje diplomático.
El principio de integridad territorial no puede reducirse a una fórmula retórica ajena a las condiciones materiales. La soberanía no es solo una abstracción jurídica, sino una responsabilidad política. Un Estado que reivindica su soberanía debe ejercer un control efectivo sobre el uso de su territorio, especialmente cuando éste se convierte en una plataforma para la agresión militar contra otro país.
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Cuando un Estado permite que potencias militares extranjeras utilicen su territorio, su espacio aéreo o sus infraestructuras para planificar y lanzar ataques contra otra nación soberana, se llegan a dos conclusiones lógicas.
O bien ese Estado ya no ejerce una soberanía genuina, o bien se ha unido efectivamente al conflicto junto a esas potencias. La neutralidad no puede coexistir con facilitar actos de guerra. El propio derecho internacional reconoce esta distinción. En virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados poseen un derecho inherente de legítima defensa cuando se produce un ataque armado en su contra. Este derecho no depende de la aprobación diplomática o la simpatía política, sino que surge de la realidad fáctica del uso de la fuerza.
Por lo tanto, la legítima defensa no es una excepción a las normas internacionales, sino uno de sus principios fundamentales.
Culpar a Irán por responder militarmente ignora esta realidad fundamental. La responsabilidad no termina con el actor que lanza el ataque. Aquellos que facilitan materialmente la agresión – al albergar bases extranjeras, proporcionar corredores logísticos o integrar sus sistemas de seguridad en operaciones militares externas – no pueden reclamar simultáneamente la neutralidad mientras se benefician de la protección que les otorga la soberanía.
Varios Estados del Golfo Pérsico gastan miles de millones de dólares en la compra de sistemas de armas y garantías de seguridad a los Estados Unidos, al tiempo que se presentan como actores totalmente independientes. En realidad, estos acuerdos a menudo externalizan la defensa nacional e incorporan intereses militares extranjeros en el territorio nacional. En efecto, estos Estados utilizan su propia riqueza para comprar armas estadounidenses que, en última instancia, sirven para proteger la presencia y los intereses de las fuerzas estadounidenses, en lugar de su propia soberanía.
Esta contradicción tiene profundas raíces históricas. Gran parte del sistema estatal contemporáneo de Asia occidental surgió de la reestructuración imperial tras la Primera Guerra Mundial, cuando las fronteras y las arquitecturas de seguridad se configuraron en función de los intereses estratégicos imperiales, en lugar de la auténtica autodeterminación. El legado de ese orden sigue limitando la autonomía de los Estados cuyas políticas de seguridad siguen estando estructuralmente vinculadas a las potencias occidentales.
En este contexto, el enfrentamiento en torno a Irán tiene un significado histórico más amplio. La lucha de Irán se percibe cada vez más en partes de Asia, África y América Latina como parte de una cuestión más amplia a la que se enfrenta el Sur Global: sí, las sociedades poscoloniales tienen derecho a desarrollar capacidades políticas, tecnológicas y de seguridad independientes sin coacción externa.
El Sur Global no es sólo una categoría geográfica, sino una condición histórica moldeada por la dominación colonial y la integración desigual en el sistema internacional. Muchas naciones disfrutan formalmente de soberanía; pero siguen estando limitadas por la dependencia militar, los regímenes de sanciones o las relaciones de poder asimétricas. Cuando los Estados no occidentales intentan alcanzar la autonomía estratégica, sus acciones se consideran a menudo amenazas desestabilizadoras en lugar de expresiones de igualdad soberana. !
Ali Abutalebi
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