La Ley federal del Trabajo y sus reformas

El 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo contra el outsourcing en nuestro país. En conjunto con otras leyes, que regulan las obligaciones del patrón hacia sus trabajadores, la reforma en materia laboral busca “…corregir la plana a aquellos legisladores neoliberales que en 2012 les partieron la madre a los trabajadores”, señaló el Senador de Morena, Casimiro Méndez Ortiz, en referencia a la reforma laboral que prácticamente legalizó el outsourcing bajo la administración de Enrique Peña Nieto.

Como ya hemos señalado en otros números de FRAGUA, el outsourcing o subcontratación representa un crimen contra los trabajadores, porque permite evadir la responsabilidad que tiene todo patrón hacia cualquier trabajador (por ejemplo, la seguridad social), mediante la existencia de un tercero que no figura como patrón directo, dejando así a millones de trabajadores en la incertidumbre jurídica de no poder demostrar para quién trabajan realmente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), se estima que en México hay 4.6 millones de personas laborando bajo el esquema de subcontratación, y otros 2.9 millones de personas trabajando bajo figuras de outsourcing ilegal, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps).

En pocas palabras, la subcontratación ha sido una calamidad para los trabajadores y un medio favorable que les ha permitido a los patrones pasarse la bolita ante cualquier conflicto laboral. Por lo tanto, la eliminación de esta práctica significaría terminar con una parte del neoliberalismo en la vía de los hechos; significaría terminar con una de las prácticas que más obstruyen la satisfacción del derecho a un trabajo digno, señalado en el artículo 123 constitucional en sus diferentes apartados y fracciones (por ejemplo, la fracción XIV del apartado A, señala la responsabilidad que tiene el patrón hacia sus trabajadores en caso de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, incluso si el patrón ha contratado al trabajador por medio de un intermediario).

Pero como reformar no es lo mismo que eliminar, la propuesta del Ejecutivo, ya de por sí conciliadora con los intereses de los empresarios, terminó en una serie de modificaciones a la LFT que sigue favoreciendo a los empresarios a pesar de que se nos diga que dicha reforma ha sido el resultado de un acuerdo entre diferentes partes: el gobierno federal, los representantes de los empresarios y las centrales obreras. ¿Por qué decimos esto? Porque uno de los cambios que ha sufrido la LFT deja la puerta abierta a los atropellos cometidos por los patrones contra los trabajadores.

Tal es el caso del artículo 15, que de establecer en la propuesta original del Ejecutivo que las empresas que proporcionen los servicios de subcontratación “deberán contar con autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps). Para obtener dicha autorización deberán acreditar el carácter especializado del servicio que otorgan y estar al corriente de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social”, pasó a la versión siguiente: “Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.” Así, pasa de la “autorización” al simple “registro”.

Como Organización de Lucha por la Emancipación Popular (olep), sostenemos que no basta con declarar el fin del neoliberalismo, también hay que terminar con él en los hechos. Por eso, en el punto 10 de nuestro Programa Mínimo de Lucha, proponemos:

10. Garantizar y respetar los derechos laborales.

Desde el periodo neoliberal las condiciones laborales de los trabajadores han ido en detrimento por la pérdida de sus derechos en beneficio de los empresarios y los gobiernos, por ejemplo: la implementación de la flexibilidad laboral como el outsourcing o subcontratación que no reconoce la relación obrero-patronal y propicia que los trabajadores no cuenten con seguridad social. Pero no sólo exigimos esto, también:

a. Terminar con toda forma de simulación o flexibilidad laboral tanto en el sector público como en el privado. Se deben eliminar formas de contratación como el outsourcing, los becarios, los “beneficiarios” de programas sociales, y los contratos por honorarios, de confianza, por proyecto o por horas. La austeridad republicana no puede ser un argumento para continuar con relaciones laborales que el neoliberalismo generalizó en detrimento de las clases explotadas.

b. Se debe garantizar a todos los trabajadores el acceso a un trabajo digno, a una remuneración adecuada y a la seguridad social, entendida como el derecho del trabajador a gozar de la prevención, la atención y la recreación.

c. Garantizar a todos los trabajadores formales e informales guarderías públicas y gratuitas, por lo que se debe eliminar la subrogación de este derecho humano.

d. Construir y garantizar el acceso a todo el pueblo a instalaciones deportivas y culturales, y recuperar toda la infraestructura privatizada o abandonada, por ejemplo, el centro vacacional Oaxtepec del imss en Morelos, entre muchos otros.

e. Garantizar los derechos del trabajador como el cobro de aguinaldo, primas por antigüedad, reparto de utilidades, vacaciones pagadas, pago de horas extras y jubilaciones dignas. Además, exigimos el respeto a la jornada laboral de 8 horas, en el ámbito público y privado, por 5 días a la semana.

f. Garantizar el aumento a 270 días de maternidad y 180 días de paternidad pagados a los trabajadores.

g. Creación de nuevas bases y formalización del empleo en todos los sectores públicos.

h. Eliminación total y completa del trabajo infantil.

¡Trabajo justo, salario digno
y seguridad social!

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