¡Queremos trabajo, no granaderos!

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 56.6% de las trabajadoras y trabajadores mexicanos somos informales, llegando a un máximo histórico de 32.2 millones de informales frente a 24.8 millones que trabajan en la formalidad.

De este total, 16,194,303 trabajan en el sector tradicionalmente entendido como informal: unidades económicas que no están registradas ante Hacienda y operan con los recursos del hogar o de una persona, es decir, los puestos ambulantes, changarros en los patios de las casas, pequeñas fondas y tiendas… y 15,234,354, es decir, casi la mitad, trabajan fuera del sector tradicionalmente entendido como informal y son parte de la industria, los servicios, instancias de gobierno y todo espacio “formal” que si bien puede tener más o menos en regla su situación ante hacienda no tiene a sus trabajadores en condiciones de formalidad.

Esto a lo que apunta no es más que el absurdo, pues cómo es posible que casi la mitad de los trabajadores informales trabajen en negocios y empresas formales, ¿entonces a las autoridades les interesan los impuestos pero no los derechos laborales? Parece ser que sí.

Saliendo un poco de la frialdad de las cifras, las autoridades que se congratulan con los aumentos de salarios y la multiplicidad de programas sociales sin embargo, no se ofrecen salidas que verdaderamente beneficien al grueso de la población informal y más aún cuando esta aumenta en cientos de miles cada año, pues justo esa población queda al margen de los aumentos salariales y muchas veces de programas sociales.

Para ejemplo basta un botón: derivado de la pandemia por el virus que provoca la COVID-19, miles de mujeres fueron lanzadas al mercado laboral informal tanto porque fueron despedidas como por la necesidad de apoyar en gastos del hogar siendo así que muchas jóvenes y adolescentes dejaron a un lado sus estudios para ingresar a trabajar.

Como resultado de la propia necesidad, estas miles de mujeres pobres empezaron a vender productos de diversa índole por internet, por aquello de la sana distancia y la propia dificultad para acceder a espacios físicos. Poco a poco algunas tomaron espacios públicos como el metro de la Ciudad de México donde se enfrentaron con la corrupción y violencia que permea en estos espacios, promovida y soportada por las propias autoridades.

Algunas cedieron ante estas mismas lógicas iniciando un nuevo ciclo de corrupción, violencia y corporativismo y otras se han mantenido firmes, siendo estas las menos y sólo aquellas que han generado procesos organizados con formación política que realmente eleve su consciencia de clase y no sólo se haga uso de discursos y frases hechas para justificar una estancia en un lugar.

Estos grupos fueron “tolerados” por las autoridades durante varios meses pero desde finales del año pasado (2021) comenzaron operativos para sacarlas de las estaciones del metro llegando a enfrenamientos con la policía y que ya en varias estaciones del mencionado sistema de transporte se hagan vallas de granaderos colocados a metro y medio de distancia. Sí, de esos mismos granaderos que se supone ya no existen pero que por alguna razón se mantienen vivitos, coleando y golpeando.

Con esto se demuestra que las autoridades capitalinas no sólo no responden a los intereses populares sino que desdeñan la propia Constitución de la Ciudad de México, esa que en años pasados era enarbolada como una Constitución progresista, que haría un cambio radical en la Ciudad llevándola a un espacio que realmente valorara los derechos humanos pues pasó a ser letra muerta y a pudrirse en los anaqueles.

Esto lo decimos porque, en principio, la Constitución de la capital del país menciona en su Artículo 10, apartado B punto 1 que: “el respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad”; y continúa en el punto 12 del mismo apartado B: “Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia” y en el punto 13: “Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores.

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social”.

Sin embargo, las autoridades prefirieron mandar granaderos antes que establecer junto con las mujeres trabajadoras mecanismos para regularizar su trabajo y que cuenten con seguridad jurídica e incluso seguridad social.

¿Esa es la Ciudad innovadora y de derechos? ¿Esa es la Ciudad que es punta de lanza de la Cuarta Transformación? Las mujeres y hombres trabajadores informales de la CDMX no pedimos más que nuestros derechos, si nos vemos obligadas a tomar las estaciones del metro para vender y sobrevivir no es por nuestro gusto sino porque no hay alternativas reales ni un interés legítimo por mejorar nuestra calidad de vida. Los programas sociales no son más que paliativos que le cargan al erario lo que debería estar garantizado en los centros de trabajo y por las propias autoridades.

Nosotras y nosotros queremos trabajar, queremos tener una vida digna, queremos un salario justo y seguridad social, no queremos granaderos en nuestros espacios de venta ni en ningún otro lugar pues este cuerpo de policía que supuestamente ya no existía sigue siendo utilizado para negar los derechos del pueblo por medio de la represión.

Por eso denunciamos la actitud de las autoridades y el falso discurso en favor del trabajador, al mismo tiempo, hacemos el llamado a las y los trabajadores informales de la CDMX a unirse con nosotros, a exigir espacios donde podamos desarrollar nuestros oficios, nuestros locales de venta, donde nuestro trabajo sea respetado y no nos tengamos que atener a los tratos sucios que las autoridades impulsan con sujetos descompuestos que atacan al pueblo.

¡Queremos trabajo, no queremos represión!

¡Fuera granaderos del Metro!

¡Por espacios de venta dignos!

¡Porque el estado nos garantice trabajo digno, salario justo y seguridad social!