Reformar el poder judicial
¿Y el problema de fondo?
La reciente victoria de Claudia Sheinbaum y la posibilidad de aprobar las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han puesto en jaque a los actuales ministros y jueces del poder judicial. Esta reforma y su posible aprobación han desatado temores entre quienes, durante décadas, han defendido los intereses de la burguesía a costa del pueblo trabajador.
Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nombrada por el expresidente Enrique Peña Nieto, solicitó con urgencia un diálogo con AMLO y Claudia Sheinbaum. Sin embargo, este diálogo fue negado por ambos. Su petición refleja el temor de perder los privilegios y el poder que han servido para proteger a la oligarquía, mientras el proletariado ha sido explotado y desamparado por un sistema judicial cómplice de la violencia y opresión capitalista.
Las reformas propuestas incluyen dieciseis modificaciones cruciales para transformar el funcionamiento del poder judicial. Entre ellas, destacan la reducción del número de ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación de 11 a 9, con un mandato de 12 años, y la elección de ministros, magistrados y jueces por voto público cada tres años. Además, se busca eliminar las dos salas de la Corte para realizar sólo sesiones plenarias públicas, restringir los salarios para que no excedan los del Presidente de la República y eliminar las pensiones vitalicias. También se proponen dos nuevos órganos para administrar y supervisar el sistema judicial, estableciendo plazos específicos para la resolución de conflictos. En caso de aprobación, los estados tendrían 180 días para ajustar sus leyes locales a los nuevos estándares.
Estas reformas son vistas por la socialdemocracia como una necesidad urgente para desmantelar un sistema judicial que ha perpetuado la corrupción y los abusos de poder. Sin embargo, es esencial comprender que estas reformas no abordan ni resuelven los problemas fundamentales que enfrentamos como pueblo. Estos problemas surgen a raíz de un sistema político y económico en el que los medios de producción son privados, generando una desigualdad económica y haciendo que el acceso a la justicia y la propiedad sobre esos grandes medios de producción sean un privilegio exclusivo de los capitalistas, mismos que han sido defendidos por el Poder Judicial al otorgarles diversos amparos y por este gobierno al crear las condiciones materiales para que seguir aumentando sus riquezas.
Amparos contra la reforma eléctrica, han sido concedidos a varios empresarios para proteger sus inversiones contra los cambios propuestos. Empresas como Walmart, Bimbo y OXXO han obtenido amparos para evitar los costos reales de la electricidad mediante esquemas de autoabasto y energías renovables. Además, han favorecido con amparos fiscales a grandes empresas como Grupo Elektra, Compañía Minera Cuzcatlán y Telmex.
Por ejemplo, Germán Larrea ha obtenido amparos por el daño ambiental causado al río Sonora en 2014. En varios casos, la empresa ha logrado obtener amparos que han detenido o modificado sanciones impuestas por las autoridades ambientales. También ha solicitado amparos para proteger sus concesiones mineras y evitar su cancelación, incluyendo disputas legales con comunidades locales.
En relación con disputas laborales, a menudo en contextos de huelgas o conflictos con sindicatos, estos amparos permiten a los empresarios proteger sus “derechos” y bienes frente a decisiones gubernamentales que consideran lesivas o “inconstitucionales”. Ellos interpretan las leyes a su conveniencia, legislando para la burguesía, mientras que, para la mayoría del pueblo, especialmente los trabajadores, la justicia ha sido inalcanzable. Peor aún, los luchadores sociales son criminalizados, detenidos, desaparecidos o encarcelados. Como organización, hemos apoyado a familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en 2007. Junto a sus familiares y organizaciones hermanas, hemos denunciado que el acceso a la justicia se ve obstaculizado. El Ejército y la Fiscalía General de la República (FGR) han dilatado las investigaciones para que los altos mandos militares no sean investigados o sancionados. Pese a la creación de la Comisión Especial de Búsqueda, los esfuerzos para localizar a las víctimas han sido insuficientes, manteniendo la impunidad y negando justicia a los afectados.
El caso del indígena Higinio Bustos es otro claro ejemplo de injusticia e impunidad contra el pueblo, pues es acusado falsamente de asesinato sin pruebas. Estos casos sirven de ejemplo para saber de qué lado se inclina la balanza de la justicia. Aunque AMLO ha sido un crítico feroz de la judicatura, acusándola de estar infestada de corrupción y de mantener tratos con intereses económicos que perjudican al pueblo, pasa por alto lo fundamental: el sistema judicial en cualquier forma de gobierno surgido del sistema capitalista está hecho para proteger a los ricos y poderosos.
En el capitalismo el Estado siempre pertenece a la clase que sustenta los grandes medios de producción: a la burguesía, a los empresarios o burgueses que tienen el dinero y el poder para comprar a los jueces y abogados e imponer dentro de todos los partidos a sus representantes. A diferencia de ellos quienes integramos a la clase trabajadora no podemos pagar abogados ni otros costos legales, y el Estado usa el sistema judicial para controlar y reprimir a los trabajadores y luchadores sociales, castigando la pobreza y cualquier forma de protesta.
A pesar de la resistencia inicial de los ministros de la SCJN, la mayoría legislativa de Morena en el Congreso ha hecho casi inevitable la aprobación de esta reforma. Los ministros han pedido que el relevo de los jueces sea paulatino, a lo que AMLO ha accedido con la condición de que no se dilate excesivamente. La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha expresado que la iniciativa es una renovación necesaria del sistema de justicia, destacando la importancia de una implementación cuidadosa y progresiva. La reforma propone la elección de nuevos jueces y magistrados a partir de 2025, asegurando que serán personas con los conocimientos técnicos y jurídicos adecuados.
La reforma tiene dos ejes principales: la integración y funcionamiento de la SCJN y la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Se espera que estas medidas reduzcan el número de ministros, eliminen las pensiones vitalicias, ajusten las remuneraciones y aseguren que las sesiones de la Corte sean públicas. Además, la renovación estructural busca una justicia más ágil. Aunque esta propuesta quizá tenga buenas intenciones, mientras el capitalismo sea el que mande, cualquier reforma o modificación solo será cosmética y no resolverá el problema de fondo. Si surgiera alguna duda sobre lo que decimos, echemos un vistazo a los sueldos de nuestros queridos magistrados, solo para ver cómo, irónicamente, las modificaciones o leyes implementadas, de buena fe, son burladas por los “honorables” jueces.
El salario de los ministros de la SCJN está compuesto de varias partes. Según el presupuesto de egresos de la Federación, en 2023, un ministro de la SCJN puede recibir una remuneración bruta anual que supera los 4 millones de pesos mexicanos. Esto se desglosa en sueldo base, compensación garantizada, prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, y seguros de vida, de gastos médicos mayores, y de separación individualizada, apoyos para gastos de alimentación, transporte y otras ayudas. Además, los ministros de la SCJN tienen diversas prestaciones adicionales, que pueden incluir seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida institucional, seguro de separación individualizado, vales de despensa, vales de gasolina y prestaciones por jubilación, todo esto a costillas del pueblo.
Por eso es necesario comprender y saber cómo funciona el capitalismo para poder terminar con tanta infamia, y construir una verdadera democracia a través del socialismo, el único camino que nos dará una justicia verdadera y no solo para los burgueses.
Únete a este esfuerzo organizativo, sé parte de la OLEP y forjemos juntos un futuro mejor para las nuevas generaciones.
Correo: olep.contacto@gmail.com y olep.contacto@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/olep.fragua
Instagram: https://www.instagram.com/olep_fragua/?hl=es-la