Presos políticos en Ecuador: los Hijos e Hijas de Mayo

10 agosto, 2026 FRAGUAOLEP

Presos Políticos. Ningún país es ajeno a la criminalización de la protesta social y a la utilización de la doctrina que se conoce como Derecho Penal del Enemigo. En ese sentido, Ecuador cumple con la regla de oro impuesta por el imperialismo y sus lacayos.

El 19 de mayo de 2022, durante el gobierno derechista de Guillermo Lasso, fueron detenidos nueve compañeros y compañeras pertenecientes o bien vinculados al Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, una organización revolucionaria que desempeña su trabajo político y social entre las capas más pobres y marginadas de la sociedad ecuatoriana. Todos los allanamientos, realizados a altas horas de la madrugada y de las formas más violentas posibles, dieron como resultado que durante tres meses estuviesen detenidos, y finalmente sentenciados tras once meses. Con el paso del tiempo, a algunos de estos luchadores se les dio la posibilidad de pasar el tiempo en espera de la resolución procesal en sus domicilios, claro que con restricciones.

La acusación que pesaba contra ellos era grave: trata de personas con el fin de reclutamiento para la guerrilla. Guerrilla inexistente, decimos de paso. Trata de personas incomprobable, señalamos con énfasis. Pero pese a que la causa judicial no se sostenía con ninguna prueba, primó la orden política y fueron condenados. Evidentemente se trataba de una decisión tomada por los altos mandos del imperialismo yanqui y sus aliados del Ecuador, como más de una vez ha quedado comprobado en el transcurso del juicio por parte de la defensa. Finalmente, los compañeros Omar Campoverde y Carlos Carguachi recibieron una pena de 16 y 13 años respectivamente, mientras que la compañera Gabriela Gallardo, una de 5 años, pudiendo ella en un principio obtener el arresto domiciliario debido a una enfermedad catastrófica (un tumor cerebral) que exige permanentes atenciones y cuidados.

Con el gobierno posterior del fascista Daniel Noboa, la situación empeoró terriblemente, no sólo para los detenidos y procesados, sino también para la población en general. La intervención militar en las cárceles, la carta blanca para la represión en las calles a cualquier ciudadano y, como epítome, el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, son sólo algunos ejemplos. Con la ya conocida excusa de combatir el narcotráfico, la sociedad ecuatoriana fue envuelta en una crisis humanitaria que alcanza niveles terribles. En esto, la desinformación y la doctrina del shock generada por los sectores de poder ha sido y es fundamental.

Presos políticos

La situación que hoy atraviesan los compañeros atenta contra las garantías más elementales de cumplimiento de los tratados internacionales a los que adscribe Ecuador y consagra en su constitución: no hay derechos humanos en lo más mínimo para las personas privadas de libertad. En ese marco, cabe señalar lo siguiente: en el caso de Omar Campoverde, quien se encuentra alojado en una cárcel de máxima seguridad, ha sufrido amenazas, palizas, gaseamiento, falta de comida, falta de atención médica, torturas por ahogamiento y electricidad, y ha sido víctima de violación, todo ello perpetrado por agentes militares. No puede recibir visitar familiares ni de su abogado. Se ha presentado un recurso de hábeas corpus y le fue denegado. Incluso pudo denunciar que en el transcurso de una audiencia los militares le apagaron el micrófono y la cámara con las que se comunicaba vía telemática y le amenazaron. El tribunal más de una vez ha demostrado hacer caso omiso de estas aberraciones y aquí no fue la excepción.

En el caso de Gabriela Gallardo, pese a haber obtenido el arresto domiciliario, de un día para el otro y sin excusa válida alguna, fue devuelta a la cárcel, la cual no contiene la atención necesaria para su estadía, habida cuenta de su enfermedad.

El año pasado en Ecuador murieron 3 presos por día, producto de desnutrición, torturas y tuberculosis en su gran mayoría. La crisis carcelaria, que incluye el hacinamiento, el disciplinamiento feroz, responde al modelo de “bukelización” apunta no sólo a las personas privadas de libertad sino a toda la sociedad. O pena de muerte o muerte de pena. Esa pareciera que es la opción del sistema.

A estos luchadores sociales se les conoce como Hijos e Hijas de Mayo. Su caso es un caso testigo de cómo se arma una causa, de cómo se construye la impunidad en todos los niveles. Pero también, de que aún en las peores condiciones, si hay resistencia, hay
esperanza. !

Nicole Pietrangelo