El Plan Hídrico y la bondad de los ricos
En los últimos días, el gobierno federal y grandes empresarios, como el presidente del Grupo Lala, han presentado el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Ya en diferentes números del periódico Fragua hemos abordado este tema y hoy pretendemos hacer un análisis más minucioso sobre este acuerdo.
Por décadas, las grandes empresas y los más ricos han acaparado el agua, uno de cada 10 mexicanos no tiene acceso al agua potable: convirtiendo un recurso de todos en un negocio de pocos, pues mientras millones de personas enfrentamos escasez, contaminación y tarifas injustas a los empresarios se les dan todas las facilidades.
En este contexto, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, presentado por Claudia Sheinbaum, parece un avance, pero para nuestra organización esto no puede estar más lejos de la realidad. Formalmente, esta propuesta se basa en reconocer el agua como un derecho humano y no como una mercancía. Esto implicaría que su acceso no dependa del dinero que se tiene para pagarlo, sino de las necesidades de las personas. En el discurso esto parece una victoria, incluso hay acciones que prometen, como la revisión de las concesiones a empresas y particulares que acaparan agua sin usarla o sólo para lucrar con ella, de ser así estas empresas deberían devolver el agua, para que sirva a las comunidades.
Algunas otras medidas que prevé dicho plan son las siguientes:
-Tecnificación del riego agrícola, con el objetivo de beneficiar a 225,000 familias campesinas, buscando un uso más eficiente del agua en el campo.
-Infraestructura de agua potable. Mediante la construcción de presas, acueductos y redes hídricas se promete beneficiar a las regiones con mayor carencia.
-Saneamiento de ríos. Se plantea limpiar los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, actualmente gravemente contaminados.
Aunque la propuesta suena muy bien y necesaria debemos mantenernos alertas, pues las empresas y muy especialmente las grandes corporaciones como Grupo Lala, Coca-Cola y Bonafont, tienen un largo historial de saqueo y explotación, burlando una y otra vez las normas y leyes que protegen el vital líquido, dejando a comunidades enteras sin agua potable.
Esto demuestra que no basta con confiar en el gobierno ni en buenas intenciones. La crisis hídrica no es sólo un problema ambiental o técnico, es una expresión de la lucha de clases. Mientras los grandes empresarios llenan albercas y riegan jardines y saquean nuestros recursos mineros, para lo cual necesitan millones de metros cúbicos de agua, en zonas populares la gente depende de tandeos para llenar cubetas. Estas desigualdades no son casualidad, sino el reflejo de un sistema que prioriza a los poderosos sobre el pueblo.
El caso de Grupo Lala ilustra esta problemática. Esta empresa, propiedad de la familia Tricio, ha explotado de manera desmedida los mantos acuíferos en la región de La Laguna en Coahuila. Producir un litro de leche requiere entre 1,000 y 2,000 litros de agua, lo que ha llevado a graves problemas de escasez y contaminación por arsénico en la región. Mientras Lala acumula riqueza, miles de familias padecen enfermedades relacionadas con la calidad del agua, como cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares.
Además, la relación de esta empresa con el gobierno en turno ha sido esencial para perpetuar su modelo de explotación. Eduardo Tricio, líder de Grupo Lala, ha contado con el respaldo de gobiernos corruptos, como el de Vicente Fox, cuyo director de la CONAGUA fue un ex directivo de la empresa mencionada. Incluso con el actual gobierno, Lala ha sido presentada como socialmente responsable por “donar” concesiones que, en realidad, nunca debieron tener.
Las iniciativas de empresas como Lala para recuperar ecosistemas o sanear ríos no son un acto de bondad, son una estrategia para limpiar su imagen mientras mantienen el control de los recursos. Esto no soluciona los problemas de fondo, como la explotación privada de los recursos, sino que amortigua un poco las desigualdades que el sistema capitalista genera.
La tecnificación del riego es otro ejemplo de cómo las inversiones públicas pueden beneficiar principalmente a los grandes agroindustriales, dejando al campesinado pobre fuera de las mejoras. En un contexto donde el 80% de las tierras productivas están en manos de unos pocos, estas políticas sólo profundizan las desigualdades.
Nos debe quedar claro que la solución no vendrá de quienes lucran con el agua, nosotros como pueblo organizado decimos que es necesario que el pueblo tome el control de los recursos y planifique su uso de manera colectiva y sustentable. Esto implica expropiar concesiones privadas y que todo aquel que ha cometido crímenes contra el pueblo sea juzgado y castigado, que toda el agua sea devuelta al pueblo.
El agua es vida y debe ser un derecho, no un privilegio. Mientras el capitalismo siga en pie, por muy humanista que diga ser, el acceso al agua será una lucha constante, pues no le pertenece a la clase trabajadora. Por eso, no podemos confiar en quienes viven a costa del despojo de nuestros recursos, ni mucho menos creer en acuerdos que benefician a unos pocos. Necesitamos organizarnos de manera independiente de la burguesía. Y nosotros como pueblo debemos gestionar este recurso que es indispensable para el futuro de la humanidad.
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