El Estado y los desaparecidos. Buscar para no encontrar
Desde que surgimos como organización independiente, hemos abrazado la exigencia de la presentación con vida de todas y todos los detenidos desaparecidos del país. En un México donde las cifras oficiales de personas desaparecidas rondan las 133 mil (de enero de 2006 a septiembre de 2025), ni siquiera existe un registro confiable que distinga cuántos de estos casos corresponden a desaparición forzada, es decir, aquella cometida por agentes del Estado y posteriormente negada por éstas. Esta práctica constituye una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
Sea o no catalogado como desaparición forzada, los desaparecidos son del pueblo, y las consecuencias de este crimen no recaen únicamente sobre las familias, sino sobre el pueblo en su conjunto.
A esta espantosa cifra se suman más de 72 mil cuerpos sin identificar almacenados en instalaciones gubernamentales, así como cientos de miles de fragmentos óseos resguardados en distintas dependencias. Ante estas cifras devastadoras y la profunda indiferencia del Estado mexicano, han sido los familiares y las organizaciones independientes —es decir, el propio pueblo— quien ha emprendido el largo camino para encontrar respuestas: verdad y justicia.
Estos colectivos de familiares han hecho de todo: marchas, plantones, denuncias públicas y hasta excavaciones. Los resultados de su lucha dejan al descubierto el grado de complicidad, de omisión y negligencia de las autoridades. Basta recordar el caso que estremeció al país en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco difundió imágenes de crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, en la localidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, donde se localizaron restos humanos calcinados y triturados, cientos de zapatos y prendas de vestir, mochilas, carteras, bolsas, maletas, credenciales, entre otros objetos. A esta denuncia se sumaron múltiples colectivos de madres buscadoras, quienes han señalado que tanto la Fiscalía General de la República como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no asumen su responsabilidad, actúan con indiferencia y no realizan su trabajo como corresponde.
Casos de desaparecidos Edmundo y Gabriel
Otro caso que desvela el actuar de estas instituciones es el de la detención-desaparición de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario–Ejército Popular Revolucionario, desaparecidos el 25 de mayo en 2007 en Oaxaca. El 10 de agosto de 2022, familiares y organizaciones que acompañamos el caso obtuvimos un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó, entre otras medidas, la creación de una Comisión Especial de Búsqueda. Gracias a la movilización en las calles se han realizado varias búsquedas en campo a cargo de la CNB; sin embargo, los familiares han denunciado graves fallas metodológicas, respaldadas por un peritaje que evidenció la “falta de rigor científico” en los informes oficiales, entre otras anomalías.
Esto fue corroborado por el perito internacional Miguel Nieva, quien fue parte del Equipo Argentino de Antropología Forense en el caso Ayotzinapa y colaborador en diversos procesos a nivel internacional, quien explicó con “peras y manzanas” por qué la CNB realiza búsquedas sin rigor científico, pues la realiza sin conocer las características del terreno, sin definir previamente qué tecnología utilizar ni qué instrumentos son los más adecuados, sin tener un plan de búsqueda resultado de una investigación criminal. Si esto ocurre en el caso de Edmundo y Gabriel, podemos imaginar la magnitud del problema en miles de casos más, que aun no llegan a la SCJN.
Te invitamos a leer éste artículo del Fragua #76: ¡La Glorieta de las y los desaparecidos es nuestra!
Por ello, es indispensable que como pueblo aprendamos qué debe hacerse ante una desaparición y una desaparición forzada. La capacitación nos permite —como dice el dicho— que no nos den “atole con el dedo”. Por esa razón, como OLEP participamos en diciembre de 2025 en el taller “Elementos esenciales para la búsqueda de personas desaparecidas”, impartido por Miguel Nieva. En cuatro horas, el criminalista forense nos brindó un panorama general del proceso de investigación criminal, las disciplinas que intervienen y las cuatro fases fundamentales:
1. Contexto e inteligencia: análisis de contexto, patrones (para establecer modus operandi), marco temporal y espacial, información de la persona buscada y posibles responsables.
2.Percepción remota: análisis de grandes superficies mediante sistemas de información geográfica.
3. Prospección geofísica: definición de los métodos más adecuados de búsqueda (georradar, varillaje, entre otros).
4. Verificación y recuperación: excavación y recuperación forense de la evidencia.
Aunque este proceso parece complejo y reservado a especialistas, hay algo fundamental que no debemos perder de vista: quien debe realizar una investigación criminal adecuada es el Estado, pues cuenta con los recursos, el personal y la responsabilidad legal para hacerlo.
Entonces ¿cuál debe ser nuestro papel como víctimas y como pueblo? Ser vigilantes del proceso, conocer qué se debe hacer para impedir la simulación, la mentira y el abandono institucional. Estos talleres sirven precisamente para eso: para formarnos, organizarnos y fortalecer nuestra lucha.
Y aun así, el conocimiento por sí solo no basta. Debe ir acompañado de denuncia, organización y movilización popular, porque solo así se puede obligar al Estado a cumplir con su deber. No es lo ideal, ¡pero es la tarea histórica que nos corresponde como pueblo que lucha por transformar un sistema económico que necesita de estos crímenes de lesa humanidad para sostenerse!
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