Avaricia burguesa contra nuestros derechos

¡Dignificar las conquistas proletarias!

Cuando se trata de proteger a los ladrones llamados empresarios les hacen “parlamentos abiertos”, como si no estuvieran ya representados por sus serviles representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados o no fueran dueños ya de todos los grandes medios de comunicación.

Ahora los empresarios gruñen desde la tribuna parlamentaria para no dar utilidades a los pocos trabajadores que todavía gozan de este derecho.

En los últimos días se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre nuestro derecho a las utilidades, consagrado en el artículo 123 constitucional.

La burguesía y el gobierno federal utilizan como moneda de cambio nuestros derechos y buscan suavizar la crisis actual tocando lo menos posible sus intereses insaciables.

La burguesía, representada por el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México y la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, entre otros, al ver limitada su ganancia ante la inminencia de la reforma en materia de outsourcing, salieron a buscar cómo solventar la situación a su favor, quitándonos las utilidades para no perder ni un miserable centavo de sus millonarias ganancias.

Pero, ¿qué son las utilidades? El reparto de utilidades es el derecho a recibir una parte de las ganancias de la empresa donde trabajamos, el cual actualmente está tasado en 10%, si la empresa o patrón tiene declarados más de 300 mil pesos al año en su declaración del Impuesto sobre la Renta. Deben ser entregadas a más tardar el 30 de mayo para quienes trabajan para personas morales y máximo el 29 de junio para personas físicas.

La utilidad se divide en dos partes iguales, la primera se debe repartir de manera igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios, y la segunda parte, en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.

Para no pagar este derecho, los patrones utilizan todas las formas de flexibilidad laboral que existen, pues, por ejemplo, crean empresas fantasma y trasladan a una parte de los trabajadores a la misma. Aunque sea el mismo dueño, ésta puede reportar menos de 300 mil pesos anuales y así dejar sin utilidades a los trabajadores. También se utiliza la práctica de contratos mensuales, dado que sólo se tiene derecho a las utilidades al cumplir 60 días laborados en la empresa.

La reforma en materia de outsourcing podría afectar la creación de estas empresas fantasma y obligar a la burguesía a pagar lo que nos corresponde por derecho y, por ello, ésta busca salidas para mantener sus ganancias a costa de nuestros derechos y de nuestra vida.

Los representantes de la clase burguesa aseveran que la única forma de que el país “salga adelante” es ser “más competitivos” y reducir la carga fiscal y de cuotas patronales sobre las empresas. Esto se traduce en: no queremos dar derechos laborales ni pagar impuestos, queremos que la crisis la paguen los trabajadores.

Por esto, de manera total y completamente anticonstitucional, buscan eliminar el derecho a las utilidades y cambiarlo por “bonos de productividad”, cosa que ya muchas empresas realizan de manera totalmente ilegal.

Como en el 2012 con la subcontratación, hoy quieren legalizar las violaciones a derechos laborales que ya realizan en los hechos y dar certeza jurídica a sus arbitrariedades.

Si bien la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, mencionó que las utilidades no están en juego, lo cierto es que este tipo de ejercicios de “parlamento abierto”, que de abierto tienen poco, sólo hacen evidentes los intereses de la burguesía y cómo ésta no es suficientemente acotada por el actual gobierno, que cede ante la presión de los dueños de los medios de producción.

También demuestra que es necesaria la organización de los trabajadores, que es importante tener fuerza de masas, pues, mientras no mostremos números y combatividad, seguirán siendo las cúpulas empresariales y los sindicatos charros los únicos que dialoguen con el gobierno y definan las leyes a su favor.

Las utilidades son nuestro derecho porque somos nosotros quienes producimos la riqueza, los que generamos las ganancias de los empresarios, quienes echamos a andar la producción, repartimos las mercancías y con el sudor de nuestra frente hacemos a los ricos más ricos.

Las utilidades fueron un gran avance en cuanto a la justicia al trabajador porque dejaron en claro que la ganancia generada no puede quedar en la apropiación individual, sino que debe ser repartida entre los trabajadores que la producen. Que hoy nos impongan los “bonos de productividad” no es más que querer tirar nuestros derechos a la basura y que seamos gladiadores que pelean entre sí por ser “mejores explotados”, que luchemos a muerte por las migajas que nos quieran lanzar por hacerlos más ricos.

Si bien para el momento en que se escriben estas líneas aún no existe definición alguna respecto a las utilidades, también es cierto que debemos defenderlas en los hechos y no esperar a que nos las quiten por decreto. Debemos estar atentos de que nos sean entregadas en los meses de mayo o junio y, en los casos donde quieran evadir su responsabilidad, luchar de manera organizada para que no se quieran pasar de listos. Como OLEP-UDITT los invitamos a luchar junto a nosotros por los derechos laborales y humanos, a no perder ni un punto de lo que le ha costado sudor y sangre a nuestra clase. Los invitamos a conocer cuáles son nuestros derechos y cómo defenderlos; a luchar contra toda forma de subcontratación y por que se nos garanticen nuestros derechos laborales. Si los patrones se juntan para cuidar sus ganancias y buscar más formas de explotarnos, nosotros organicémonos para obtener justicia laboral, para extirpar de raíz el neoliberalismo y construir la democracia popular y el socialismo

¡Trabajo digno, salario justo
y seguridad social!

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