Energías cochinas en México

¡Ájaleee, hay tiro!

¡Hay tiro! Una vez más, en una esquina, el Estado mexicano, en la otra, la iniciativa privada. Desde el año pasado la lucha es por el sector energético y las energías denominadas limpias, y se han estado dando hasta por debajo de la mesa, ¿ahora cuál es el problema? En FRAGUA explicaremos esta nueva secuela.

Como comentamos, esto viene desde que el gobierno emitió el decreto de la Secretaría de Energía (SENER), en mayo de 2020. En esa ocasión las empresas afirmaron que era un freno para la iniciativa en materia energética, sobre todo con respecto a la innovación en energías limpias. El resultado fue que la iniciativa privada (IP), junto con la oposición al gobierno, interpusieron amparos para que no se realizara el decreto. Al final, éste se detuvo en varios estados de nuestro país: 1-0 a favor de la ip, en la primera pelea.

El asunto primordial que debe entender nuestro lector es que no se impide que se generen energías alternativas al petróleo; al contrario, hay planes para que éstas sean la fuente del futuro. Lo que sucede es que con ese decreto se buscaba regular la manera en la que las empresas privadas usan la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ponerles reglas, en otras palabras. Por ejemplo, que paguen sus impuestos por el uso de la red eléctrica, ya que ponen plantas y abastecen luz, pero con ayuda e infraestructura del Estado, pero si hay un fallo en el consumo del usuario final, entonces es el gobierno y la CFE quienes se tienen que encargar y responsabilizar por el suministro.

El siguiente round se dio a raíz del apagón causado por un fallo en el suministro eléctrico, el cual dejó sin luz a 10 millones de personas en México, aproximadamente. Ante este hecho la CFE no ha dado una explicación clara. En un comunicado emitido por Mario Morales, presidente de la Comisión Directiva de Planeación Estratégica de la CFE, se indicó que “debido al número excesivo de permisos otorgados de generación renovable intermitente” se causó “una falla que generó una condición de inestabilidad y que pudo ser aislada por la red aérea de transmisión”. Ante esta afirmación, Enrique Alba, director general de Iberdrola México, la principal empresa privada que acapara la industria eléctrica en nuestro país, salió a defender a la trasnacional española, reiterando su “compromiso social” con el pueblo mexicano.

Sea este el motivo o no, es necesario comprender, por un lado, que el sector energético es un área estratégica del Estado, indispensable para asegurar la soberanía nacional, pues de su manejo depende la autosuficiencia energética de nuestro pueblo, y el garantizar este derecho humano consagrado en el artículo 25 constitucional. Por otro lado, el artículo 28 afirma que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para administrar de manera eficaz las áreas estratégicas a su cargo, así como las actividades de carácter prioritario. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado y sus instituciones deben controlar directamente los sectores estratégicos para la nación, como el energético.

Sin embargo, cuando la Constitución no se lleva a la realidad es papel muerto. En las últimas décadas se ha favorecido a las grandes trasnacionales en detrimento de las empresas estatales, mediante la privatización y el acaparamiento privado del sector energético. Como mencionábamos en números pasados, los empresarios han hecho sus negocios a costillas de los derechos fundamentales del pueblo. Revisemos unos datos sobre esas empresas.

En nuestro país hay por lo menos cinco grandes trasnacionales que tienen acaparada una buena parte de la industria eléctrica con campos de energía renovable. De entre éstas destaca Iberdrola, la principal empresa de energías limpias que invierte en México, y que genera 16% de la energía eléctrica del país, de la cual 4.8% la vende a industriales y 11.2% a la cfe, quien después la comercializa. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía, Iberdrola tuvo ganancias por 66 mil 966 millones 400 mil pesos, en los últimos 10 meses del año 2020; mientras que la empresa italiana Enel, otra de las “ganonas”, reportó ganancias por 725 mil 774 millones de pesos. Estas dos empresas se embolsan cantidades de dinero exorbitantes a costa del engaño de campesinos dueños de la tierra en donde ponen sus plantas eólicas, y a quienes les pagan mil pesos mensuales.

Ante esto, ¿dónde queda el pueblo? Todavía existen comunidades que no cuentan con servicio de luz o que pagan tarifas altísimas por él. Un derecho humano se queda atrapado en las manos del gran capital trasnacional y, aunque hoy el gobierno plantee una política que intenta limitar su participación, no es suficiente, pues ellos siguen cumpliendo su objetivo: acumular ganancias.

Mencionábamos en un artículo anterior que la conciliación no es la opción, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador e Iberdrola llegaron al acuerdo de mantener sus inversiones futuras. Lo que suceda en los siguientes meses nos dirá si ese acuerdo es realmente posible, o si sólo termina beneficiando a la trasnacional.

Nosotros, como Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), decimos que no hay punto medio. Este sector debe estar al servicio del pueblo, esas empresas deben pasar a ser expropiadas y que el beneficio se vea reflejado en la calidad de vida del pueblo trabajador y explotado. Mientras se siga abriendo camino a las trasnacionales, éstas seguirán ganando y nosotros iremos en debacle. Sólo organizados y con el firme objetivo de luchar por el socialismo conseguiremos una vida digna, un trato digno al planeta y la verdadera democracia popular. Si no tenemos esto en cuenta las cosas no cambiarán en muchos años.

¡Luchemos por la tierra, el medio ambiente y el socialismo!

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