AYOTZINAPA:SIN VERDAD NI JUSTICIA

5 octubre, 2026 FRAGUAOLEP

Ayotzinapa.

Este 2026 se cumplen 12 años de la detención-desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada en la localidad de Ayotzinapa en el municipio de Tixtla, en el estado de Guerrero.

12 años de gobiernos, fiscales, investigaciones, comisiones, informes y promesas. 12 años en que las madres, padres, organizaciones y personas solidarias han recorrido calles, oficinas, tribunales, cuarteles, campos y fosas buscando a sus hijos, a los hijos del pueblo. 12 años en los que la exigencia de justicia se ha mantenido viva, mientras el Estado ha sido incapaz de esclarecer los hechos, sancionar a todos los responsables y presentar con vida a los 43 estudiantes.

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Ayotzinapa. A 12 años de este crimen de lesa humanidad

A 12 años de este crimen de lesa humanidad, el caso vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública. Se anuncian nuevas líneas de investigación, nuevos elementos que, según la presidenta, serían presentados antes del 26 de septiembre de este año. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, estos elementos no habían sido presentados públicamente.

Entre ellos aparece la versión de unas bolsas con restos petrificados que habrían sido sometidos a altas temperaturas y localizados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, para posteriormente ser trasladados a la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero. Dicha funeraria contaría con tres hornos crematorios, uno de ellos presuntamente clandestino y sin registro oficial. El Estado pretende colocar este hallazgo como una nueva línea de investigación.

Esto parece un déjà vu (algo ya visto), pues suena muy similar a aquel 2014, cuando Enrique Peña Nieto y el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, intentaron dar carpetazo imponiendo al pueblo la llamada “verdad histórica”: los estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados al grupo Guerreros Unidos, quienes asesinaron e incineraron a los normalistas en el basurero de Cocula y que sus restos habían sido colocados en bolsas y arrojados al río San Juan.

Esta versión fue desmentida desde un inicio por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). En 2015, los expertos demostraron, con base en estudios científicos, que no existían condiciones para que los 43 estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula como sostenía la llamada “verdad histórica”.

En 2016, el giei concluyó su primera etapa de trabajo y salió del país. En el 2020, a petición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, regresaron los expertos para continuar con la investigación. En 2023 presentaron su último y sexto informe, donde entre otras cosas, declararon que existió una obstrucción sistemática de la Secretaría de Defensa y Marina, y mantuvieron retenidos documentos y comunicaciones esenciales, impidiendo conocer el paradero final de los

43 estudiantes, además de la participación y encubrimiento de algunas otras instituciones del Estado y de funcionarios. Debido a la falta de condiciones reales y apertura total de los archivos castrenses, el giei dio por terminadas sus funciones y se retiró del país (https://olep.org.mx/ayotzinapa-el-limite-de-la-democracia-liberal/).

Ahora, ante la aparición de estas 20 bolsas con restos petrificados, dice la Fiscalía General de la República, que se trata de evidencia que el giei no quiso investigar; por el contrario, esta afirmación resulta preocupante, pues los expertos realizaron durante años una investigación exhaustiva, revisando distintas líneas de investigación y descartando aquellas que no contaban con sustento científico.

Cuando la investigación comenzó a aproximarse a descubrir la responsabilidad de las fuerzas armadas, los obstáculos adquirieron otra dimensión. La investigación no se detuvo por voluntad de los expertos, sino ante la falta de colaboración y la resistencia institucional para entregar información indispensable.

Por ello resulta preocupante que nuevamente aparezcan relatos que traten de regresar a la “verdad histórica”, y que “nuevas” evidencias sean una forma de encubrir y dar carpetazo a uno de los más graves crímenes de lesa humanidad.

Ayotzinapa no puede entenderse como un enfrentamiento entre grupos criminales. La participación de agentes del Estado, las omisiones, el encubrimiento y la obstrucción de investigaciones hacen indispensable investigar la responsabilidad estatal en la desaparición de los 43 estudiantes. Hablamos, por tanto, de un caso que debe ser investigado como desaparición forzada.

Nos preguntamos ¿Por qué la línea de investigación que involucra al ejército no esta siendo considerada? ¿Por qué el ejército tenía agentes infiltrados en la escuela normal? ¿Por qué la Secretaría de Marina intervino ilegalmente y ayudó a construir la llamada “verdad histórica”, participando en operaciones encubiertas y en la manipulación de escenas como el basurero de Cocula?

Queremos que el Estado responda a esas preguntas. Queremos que presenten con vida a los 43 normalistas, que se castigue a los autores intelectuales y materiales de este crimen, no queremos que en 12 años siga existiendo el encubrimiento, la omisión y la impunidad.

Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa

Es cierto, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se creó una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, que permitió avances importantes. Sin embargo, tampoco logró esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes ni garantizar el acceso total a la información que se encontraba en manos de las fuerzas armadas. Como vimos estos tuvieron una limitante, aquí debemos recordar algo fundamental: los gobiernos cambian, pero las estructuras estatales que permiten y reproducen los crímenes contra el pueblo no desaparecen por decreto.

Las acciones del gobierno actual nos llevan a preguntarnos si se pretende construir una nueva versión oficial que permita limpiar la responsabilidad de las fuerzas armadas. Acciones como la recomendación N°208vg/2026 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que niega la participación del ejercito en este crimen, dista mucho de un Estado que quiere encontrar a sus desaparecidos.

Ayotzinapa nos recuerda que la lucha contra la desaparición, la impunidad y la violencia no puede quedar en manos exclusivas de las instituciones que durante años han demostrado sus limitaciones.

La organización popular, la movilización y la solidaridad de los trabajadores y estudiantes son indispensables para mantener viva la exigencia de justicia. Porque mientras los 43 sigan desaparecidos, Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta.

Y mientras esa herida permanezca abierta, no permitiremos que el Estado vuelva a escribir la historia a conveniencia de la clase burguesa que representa. !

¡Vivos se los llevaron,

vivos los queremos!

¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!