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Ayotzinapa: una herida abierta

No sólo han sido nueve años de lucha contra un aparato represivo que se protege a sí mismo, sino de luchar contra el ambiente hostil, la negativa, la falta de claridad y la inaccesibilidad al derecho a la verdad y la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que ahora se le suman más acontecimientos.
La impunidad se perpetúa. Una vez más, el sesgo de la impunidad se hace latente desde el Estado y sus distintas estructuras, desde la federal hasta la municipal. El pasado 8 de marzo, ocurrió en el estado de Guerrero un nuevo suceso para el caso Ayotzinapa, pues fue ejecutado de manera extrajudicial otro normalista.
El argumento es que, en medio de una investigación de vehículos robados, los integrantes de la normal rural Isidro Burgos se desplazaban en una camioneta con supuesto reporte de robo. Se les pidió detenerse y se negaron además de “dispararles a los uniformados”, con lo que tuvieron el “argumento” para repeler el ataque y terminar con el saldo de un ejecutado, el normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años.
Hoy, el mismo encargado del ejecutivo ha tenido que declarar que los normalistas no iban armados y no pudieron iniciar el tiroteo, por lo que se iniciarían las investigaciones contra los policías implicados. Hay dos detenidos, pero el policía que disparó se encuentra prófugo gracias a sus propios compañeros.
Hasta la fecha, la posición de López Obrador es que no habrá impunidad y se debe buscar castigo a los responsables de este acto. Mientras tanto, en el estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado anunció la destitución del secretario de seguridad, el general Rolando Solano Rivera, y del secretario de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núnez. También solicitó que el Congreso del estado, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos. Todo esto para que se indague de manera eficiente el crimen perpetuado en conformidad con lo señalado por el jefe del Ejecutivo: “no va a haber complicidad”.
Sin embargo, la realidad en el caso de los normalistas desaparecidos de manera forzada, pareciera otra, pareciera que sigue la complicidad. Hasta la fecha ningún mando del ejército ha sido juzgado y castigado, siguen en el limbo documentos claves para comprender la verdad de los hechos sucedidos aquella noche del 26 de septiembre de 2014, la Fiscalía sigue sin poder verdaderamente tomar acciones contra los presuntos responsables y las diligencias y pesquisas se guardan en el cajón del “ahí pa’ la vuelta”.
Estamos por terminar el sexenio, la buena voluntad no le fue suficiente al gobierno de AMLO para poder esclarecer los hechos y garantizar la verdad, la justicia y el juicio y castigo contra los responsables. Sabemos que no quiere manchar la tan “honorable” imagen del “pueblo uniformado”, como le gusta llamar a los cuerpos castrenses, pero sigue afirmando en los hechos que su política resulta incapaz de romper con el pacto estatal con sus fuerzas policíacas-militares. Ahora que arrancó la nueva campaña electoral, los candidatos se llenarán la boca de promesas, jurarán que ellos sí traerán la justicia. ¿Será cierto?
Nosotros como parte del Movimiento Democrático Independiente, sabemos que la lucha por los normalistas de Ayotzinapa es la lucha por la presentación con vida de los más de cien mil desaparecidos en nuestro país. La OLEP lucha también por la presentación de estos, así como por la de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Luchamos por la justicia, por el juicio y castigo a los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, y por el desmantelamiento de todas las estructuras policíacas y militares que perpetran este tipo de crímenes.

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