Castigar a los culpables
¿Quién mata a los periodistas?
En lo que va del año y hasta la fecha de cierre de este artículo, en México, seis periodistas han sido asesinados. Desde el año 2000 al día de hoy se contabilizan 150 asesinatos a periodistas, de los cuales 32 ocurrieron durante este sexenio y 15 periodistas más, según el Comité para la Protección de los Periodistas, se encuentran desaparecidos. Pero, ¿quién los asesina? Los mexicanos lo sabemos bien: el Estado y el narcotráfico. Algunos periodistas, al ejercer su función informativa, atentan contra los intereses de grupos delictivos y de funcionarios del Estado, sobre todo cuando se atreven a denunciar casos de corrupción y vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.
No debe haber sorpresa: el Estado es criminal y juez en estos asesinatos. Criminal porque sus funcionarios son quienes agreden al periodista, como bien han documentado algunas organizaciones de derechos humanos (79% de los actos violatorios de derechos humanos fueron cometidos “abierta, clara y directamente por integrantes del Estado”). Y a la vez es juez porque el Estado mismo es quien se encarga de “hacer justicia” ante estos crímenes, al menos en la teoría, porque en los hechos no han mostrado resultados. Pero uno no puede ser juez y parte. Sería un error asumir la postura de que el criminal no es todo el Estado mexicano, sino algunos y sólo algunos funcionarios “malvados”. Suscribir esta postura sería no ver el todo estructural del Estado, suscribir esta postura no nos permitiría ver las contradicciones del actual gobierno y, por tanto, nos dejaría como pueblo sin objetivos y sin demandas claras.
Basta analizar, por ejemplo, cuál es el principal medio con el cual el Estado pretende combatir estos asesinatos: el llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este Mecanismo, desde sus inicios, ha mostrado alta ineficiencia. Entre las quejas que sus beneficiarios expresaban se cuentan las largas esperas para que alguien pueda acceder a la protección, la sobrecarga de trabajo de los funcionarios o analistas que laboran en él, la alta rotación de estos analistas y sobre todo, la falta de una estrategia integral de protección.
A la fecha, el gobierno en turno anuncia que ha fortalecido este Mecanismo: más beneficiarios, más presupuesto, trabajo coordinado con los gobiernos locales, etc. Pero, como siempre, los hechos, y sólo los hechos, nos mostrarán la verdad, y ésta es que los asesinatos continúan impunes y continúan ocurriendo. Los mismos periodistas beneficiarios denuncian que el Mecanismo no funciona: “Te dan un pequeño teléfono y si pasa algo, puedes llamar y la llamada sale a una oficina central que notifica a la policía, que después te va a ubicar, y mientras, ya estás muerto”, declaró este año Odilón García, periodista protegido durante tres años; además, le asignaron policías para vigilar su casa, pero sólo pasaban “de vez en cuando”.
Más aún, actualmente no existe una diminución clara de asesinatos a periodistas en estados en donde el Morena gobierna: destacan cinco asesinatos en Veracruz, bajo el gobierno morenista de Cuitláhuac García; uno en Guerrero, ya en la administración de Evelyn Salgado; dos recientes en Baja California, bajo el mandato de Marina del Pilar Ávila, y dos más en Morelos con Cuauhtémoc Blanco. Para mayor contundencia, el mismo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración declaró que más del 90% de los homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos sigue sin resolverse.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Por un lado está la vía jurídica. La circunstancia actual ha obligado al gobierno a comenzar la creación de una Ley General para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a través de diversos foros. No obstante, no se dice ni se difunde, tanto que esta propuesta no se le ocurrió al gobierno actual, sino que el pueblo organizado ya había propuesto esta ley desde 2012 y nuevamente en 2019. Con Peña Nieto se aprobó una ley referente al tema, pero que distaba mucho de la iniciativa original. Las organizaciones siempre pugnaron por una Ley General y no Federal, pues el carácter de general obligaría al Estado a responder en los niveles municipales, estatales y federales ante el ataque a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Desde FRAGUA, nosotros refrendamos este esfuerzo llamado “Propuesta de iniciativa de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas”. Suscribimos además, como señala Comité Cerezo México, que “la base [de esta nueva ley] debe ser la propuesta de iniciativa que reposa en la Cámara de Diputados que se construyó con la participación de varias organizaciones y que presentamos junto con Acuddeh en el 2019” y no sólo una política pública, como sugieren algunos sectores de gobierno, pues ésta a diferencia de una Ley General estaría a merced de la voluntad del gobierno en turno.
Pero además de la vía legal no debemos olvidar la movilización y la organización popular en lo inmediato. En nuestro Programa Mínimo de Lucha, exigimos el cumplimiento de los siguientes puntos, todos estrechamente vinculados:
Punto 7: El gobierno debe garantizar el derecho a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a todas las víctimas de la violencia de Estado.
Punto 4: Terminar con el terrorismo de Estado y la represión política.
Punto 9: Juicio y castigo a todos los ex presidentes, altos funcionarios y grandes empresarios que implementaron, desarrollaron, profundizaron y se beneficiaron económica y políticamente con el neoliberalismo.
Nosotros seguiremos luchando día a día, seguiremos movilizándonos en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido a fines de mayo y en el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el 30 de agosto, así como en nuestras brigadas permanentes de agitación.
Vemos hoy las diversas manifestaciones de los periodistas para pedir justicia al Estado. Nos solidarizamos con su lucha y los invitamos a solidarizarse también con la lucha del pueblo mexicano organizado, con los defensores de derechos humanos que han sufrido la ejecución extrajudicial o desaparición forzada, a solidarizarse con sus familiares. La táctica de lucha debe agotar los diversos frentes, tanto la vía jurídica como la vía de movilización popular. Invitamos a los periodistas a dejar de lado la falsa e imposible “neutralidad periodística” y a ponerse decididamente del lado de quienes hemos padecido junto con ustedes asesinatos, desapariciones forzadas, acoso y hostigamiento. Vemos cómo las contradicciones del actual gobierno —una pequeña burguesía hecha gobierno— siguen acentuándose. No basta pedir justicia al actual Estado, no basta confiar en que éste desempeñe “correctamente” sus supuestas funciones. La única solución permanente será un gobierno y democracia verdaderamente populares, un Estado que en los hechos y no en las palabras, termine con el neoliberalismo, un Estado explícitamente anticapitalista. Y eso, le decimos a todos nuestros lectores, tiene un nombre: socialismo.
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