El ejército contra Ayotzinapa. Infiltración: Arma de control político

4 noviembre, 2026 FRAGUAOLEP

Ayotzinapa

Table of Contents

Nuevas” líneas de investigación en el caso Ayotzinapa

Como si lo hubiésemos predicho, que en el número anterior de fragua, las “nuevas” líneas de investigación en el caso Ayotzinapa no apuntan a investigar al ejército. Esto no es casualidad, si algo ha caracterizado al Estado mexicano, sin importar el color del partido que esté en el gobierno, es la impunidad que ha rodeado la actuación de las fuerzas armadas.

El 28 de septiembre, durante una conferencia de prensa, se presentaron las “nuevas” líneas de investigación. En ella participaron Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (ueilca) de la Fiscalía General de la República (fgr).

En esta conferencia no estuvieron presentes los padres de los normalistas desaparecidos. Tampoco se entregó un documento físico que permitiera tener los detalles de la investigación para consulta. Los funcionarios evitaron a toda costa responder las preguntas de los periodistas cuando se les cuestionó por qué no se había investigado o llamado a declarar a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, simplemente contestaron que no responderían esa pregunta.

Estado frente a la responsabilidad de las fuerzas armadas en el caso

Lo anterior permite cuestionar la postura que ha asumido el Estado frente a la responsabilidad de las fuerzas armadas en el caso: ¿por qué se evita profundizar públicamente en esta línea de investigación? Así lo volvió a demostrar la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera del primero de octubre, al rechazar que se esté construyendo una nueva “verdad histórica”. Según explicó, las investigaciones recientes se centran en la posible colaboración de funerarias y del Servicio Médico Forense (Semefo) con el grupo criminal Guerreros Unidos.

El colmo fue cuando se le preguntó por Julio César López Patolzin, militar del Ejército mexicano que estudiaba en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» y que se encontraba vinculado a las fuerzas armadas cuando ocurrieron los hechos. Sheinbaum respondió: “Eso es conocido, no necesariamente es infiltrado, era estudiante de Ayotzinapa y pertenecía al Ejército mexicano, pero no necesariamente era un espía, estaba estudiando en Ayotzinapa”.

Los hechos están en su contra: el 18 de agosto de 2022, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración como parte de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presentó el informe donde con documentos oficiales, demostró que Patolzin entró al 50 batallón de infantería de Chilpancingo el 16 de enero de 2009. Desde 2014, se encontraba infiltrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, realizó actividades como órgano de búsqueda de información (obi) del Ejército, con fachada de alumno.

Su misión consistía en informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la normal, dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en Guerrero o fuera de la entidad; detectar vínculos con integrantes de organizaciones subversivas, grupos de la delincuencia organizada y todo movimiento que para el ejército pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional, estrategia que se funda en la teoría nazi del enemigo interno.

Esta estrategia es una doctrina político-militar y de seguridad mediante la cual el Estado capitalista crea a un enemigo: puede ser el crimen organizado, la mafia, entre otros, que representa una amenaza para el orden establecido, la seguridad nacional o la estabilidad política y que debe combatir. Esto ha sido utilizado para justificar la vigilancia, la infiltración, la persecución, la criminalización, así como para cometer graves violaciones a los derechos humanos contra miembros de organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, campesinos y otros sectores, pero que se oculta bajo el pretexto de combatir al enemigo interno.

Volviendo al papel de Julio César López Patolzin, se vuelve fundamental esclarecer el propósito de sus labores de inteligencia, la cadena de mando a la que reportaba, el uso que se dio a la información recopilada, y eso abre una ventana por donde las autoridades militares sabían lo que estaba ocurriendo en Iguala ese 26 de septiembre.

Ejército realizaba actividades de inteligencia entre los estudiantes normalistas

Si el Estado reconoce que un integrante del Ejército realizaba actividades de inteligencia entre los estudiantes normalistas, tiene la obligación de explicar el alcance de esas actividades y aportar la información necesaria para esclarecer los hechos. Pero esto es algo que no va a hacer el Estado capitalista, donde el ejército es su columna vertebral, tiene la función de preservar las condiciones políticas y materiales en las que se reproduce el orden social existente. Esto no significa que cada soldado actúe conscientemente en defensa de la burguesía, sino que la institución cumple esa función por su posición dentro del Estado.

Por eso no es de extrañar que la infiltración de militares en organizaciones populares sea una constante, ahí está el caso por el que Higinio Bustos Navarro sigue en la cárcel, acusado de asesinar a un militar que se encontraba realizando tareas de investigación en una comunidad del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. No olvidar que el ejército también ha sido responsable de graves violaciones a derechos humanos, como la detención desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en Oaxaca el 25 de mayo de 2007.

La desaparición de los 43 normalistas no se reduce a la actuación de determinados funcionarios locales, se trata de analizar las estructuras de poder que permiten que las instituciones encargadas de ejercer la fuerza del Estado actúen con opacidad y que sus responsabilidades permanezcan sin esclarecer. Mientras esto siga ocurriendo la herida de Ayotzinapa seguirá abierta.

No aceptamos que la seguridad nacional sea utilizada como pretexto para ocultar información, ni que el uniforme militar se convierta en un escudo frente a la justicia. La desaparición de los 43 normalistas exige conocer la verdad, identificar a todos los responsables y garantizar que ninguna institución quede impune. !