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El Fondo de Pensiones para el Bienestar

Un fondo que no va al fondo

El 1 de mayo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó el decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB). La medida pretende que unos 45 millones de trabajadores que cobraban menos de $16,777 al momento de jubilarse reciban el 100% de su último salario registrado, pues actualmente sólo perciben el 30%. Parte del dinero que integrará el FPB son las cuentas de Afore inactivas; es decir, las que por algún motivo no han sido reclamadas por sus cuenta habientes o están pendientes de asignación.

Esta iniciativa generó gran polémica y su proceso de aprobación estuvo marcado por notables sesgos informativos. Por una parte, la derecha exageró la medida hasta el absurdo; por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego mintió al pueblo mexicano a través de TV Azteca con bulos del tipo: “¡El gobierno te quiere robar tu dinero!”. Por otra parte, desde el gobierno se exageraron y se sobreestimaron los beneficios de esta reforma; por ejemplo, cuando AMLO y Luisa María Alcalde insistieron en que la propuesta revertía las consecuencias de las reformas neoliberales a las pensiones.

Mientras tanto, lo que nosotros pudimos observar es que para el pueblo la reforma resultó harto confusa. Sirva pues este artículo para intentar explicarnos a fondo la cuestión y para emitir nuestra crítica al respecto.

EL GOLPE NEOLIBERAL AL ANTIGUO SISTEMA DE PENSIONES

La pensión es un derecho que sirve para garantizarnos una vida digna durante la vejez, luego de haber pasado gran parte de nuestra vida trabajando. Su justeza se sustenta en el hecho de que toda la riqueza producida es una creación social. Sin embargo, como todos sabemos, en el capitalismo todos trabajamos para producir riqueza pero ésta no se usa para beneficiarnos como humanidad, sino para enriquecer a unos cuantos burgueses.

Ante esta injusta situación, a lo largo de la historia millones de trabajadores de todo el mundo se han organizado y han luchado. En Occidente, algunas de esas luchas derivaron en el Estado de bienestar. Con respecto al problema de la jubilación, este tipo de gobiernos aplicaron el “sistema de reparto y beneficio solidario”, que consiste en aportaciones monetarias por tres vías: trabajadores activos, el Estado y los patrones. Cada uno aportaba a un gran fondo público usado para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados. Ese modelo es el que existía en México y en muchos otros países, pero a partir de la década de 1980 el neoliberalismo comenzó a desmantelarlos.

En 1997 la clase trabajadora de México perdió mucho al instalarse el prototípicamente neoliberal sistema de Afores. En ese entonces, la medida aplicó sólo a los registrados en el IMSS, pero los del ISSSTE corrieron la misma suerte en 2007. ¿Qué consecuencias tuvo el cambio? Si antes teníamos que trabajar diez años para tener derecho a jubilarnos, ahora tendríamos que hacerlo durante 25 (1,250 semanas de cotización). Además, las Afores eliminaron la función social de la jubilación. Los jóvenes trabajadores activos ya no aportarían a un fondo común para las pensiones de los viejos trabajadores jubilados. Ahora cada trabajador aportaría un monto a una cuenta individual para jubilarse, y el patrón y el Estado también le abonarían. Por si lo anterior no fuera poco, resulta que los primeros trabajadores de la ley del 97 comenzaron a jubilarse y sus ahorros les permitían cobrar mensualmente sólo un 30% de su último salario.

No obstante, mientras los trabajadores perdimos con las Afores, los banqueros ganaron mucho. La reforma del 97 dio la concesión a nueve instituciones financieras privadas —y una pública (PensionISSSTE)­– para manejar los ahorros de toda la clase obrera: Inbursa, Profuturo, Sura, XXI-Banorte, Principal, Coppel, Citibanamex, Azteca e Invercap. Por supuesto, cobran buenas comisiones por el servicio. Pero más sustancial es la ganancia que obtienen al usar ese inmenso ahorro para especular en el sistema financiero —en algunos países con más reglas que en otros—. Básicamente el ahorro de la clase trabajadora se convierte en una especie de caja chica de los empresarios. El argumento para permitir lo anterior es que cuando las instituciones financieras inviertan nuestro ahorro generarán ganancias, de las cuales se quedarán una parte y darán otra al cuentahabiente. Las Afores presumen que multiplicarán nuestros ahorros, pero en los hechos se demostró que eso no ocurrió en ningún país que privatizó el sistema de pensiones.

REFORMAS RECIENTES EN MATERIA DE PENSIONES

López Obrador no podría pasar por alto el acuciante tema de las pensiones, pues ya comenzaban a jubilarse los primeros trabajadores de la ley del 97. Al respecto declaró que era necesario revertir el daño que habían causado las reformas neoliberales de Zedillo y Calderón. Quedaba por verse cómo lo haría.

En 2020 aprobó la primera reforma de AMLO sobre el tema, la cual benefició a más de 67 mil trabajadores. ¿En qué consistió? A los patrones se les incrementó la cuota de contribución: se acordó pasar de 5% a 13.9% en siete años. A las Afores se les disminuyó la comisión según estándares internacionales (de un promedio de .8% a .5%). Al trabajador se le disminuyeron las semanas de cotización necesarias para pensionarse: descendieron de 1,250 a 750. Además, se incluyó una pensión garantizada para quienes ganan el salario mínimo.

La segunda propuesta de reforma pensionaria llegó en febrero de este año, incluida en el paquete de 20 reformas constitucionales que propuso AMLO. La medida busca incrementar el monto que recibirán los jubilados, pues actualmente el sistema de Afores sólo les entrega mensualmente el 30% de su último salario. Por supuesto, la gran pregunta es ¿de dónde se sacaría el dinero?

El gobierno propuso crear un fondo semilla de 64 mil millones de pesos (mdp) (hoy llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar), mismo que se nutriría de diversas fuentes: parte de los ingresos generados por mega obras como el Tren Maya, el Interoceánico y el AIFA (cuando empiecen a generar), parte de lo recaudado por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la liquidación de Financiera Rural, los fideicomisos extintos del Poder Judicial (cuando se resuelva su amparo), etc. Entre estas fuentes, se incluyó un financiamiento importante: las cuentas inactivas de aforados de 70 años o más que no las han reclamado.

Estas cuentas son las que la derecha, con Salinas Pliego a la cabeza, empleó como excusa para abanderar la mentirosa campaña del “robo” o “expropiación” a los ahorros de los trabajadores. Para desenmascarar esta mendacidad hay que ofrecer algunos datos. Primero, Banco Azteca, propiedad de Salinas Pliego, es una de las diez instituciones financieras concesionadas en México para el manejo de Afores y está entre las tres más beneficiadas con cuentas inactivas o pendientes de asignación (8.9 millones de cuentas). Segundo, el total de las cuentas inactivas en todas las Afores es de 2.2 millones con un valor estimado de 40 mil mdp, lo cual no suma ni el 1% del total administrado por las Afores. Tercero, la ley ya estipulaba que las Afores inactivas debían ser regresadas por las instituciones bancarias privadas en un lapso de diez años. Estos datos revelan que Salinas Pliego simplemente busca defender sus comisiones y para lograrlo pretende manipular al pueblo mexicano. A la vez, otros diarios de la derecha utilizan la coyuntura para intentar implantar el miedo en la población.

¿REVERTIR EL NEOLIBERALISMO O PARCHAR LA SEGURIDAD SOCIAL?

Sea como sea, el decreto de creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se firmó el 1 de mayo. Los morenistas celebran esta victoria pírrica del presidente sobre el mayor deudor de impuestos, Salinas Pliego. Otros banqueros beneficiados con las Afores —menos mediáticos, menos chillones y más sensatos que Ricardo Salinas— están satisfechos porque saben que no pierden gran cosa.

Reconocemos que las reformas pensionarias de AMLO son un avance a favor de la clase trabajadora, pero esto no nos ciega ni nos enmudece, sino que nos obliga a ejercer una mejor crítica. Recordemos que el anhelo del pueblo mexicano y la instrucción del mismo AMLO era implementar medidas que revirtieran los daños neoliberales en la cuestión pensionaria. Lamentablemente, las recientes reformas y el FPB no lo logran. He aquí nuestra crítica:

  1. El sistema de Afores no se elimina. Terminar con la privatización del sistema de pensiones es indispensable para revertir los daños neoliberales, pero en vez de ello el gobierno optó por malabarear sus presupuestos con el fin de crear un Fondo que no toca estructuralmente a las Afores.
  2. El FPB termina subsidiando el sistema de Afores. Las reformas no sólo evitan la eliminación de las Afores, sino que en realidad terminan subsidiándolas. El Estado —es decir todos los mexicanos— termina pagando las compensaciones que las grandes empresas privadas deberían cubrir, pues ellas son quienes se quedan con la plusvalía de los trabajadores.
  3. Más dinero para jinetear. Actualmente, las Afores manejan unos 6 billones de pesos, casi el 20% del PIB o el 66% del total del gasto público de 2024. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que, con los cambios en las aportaciones a partir de la reforma de 2020, para 2050 el monto administrado por las Afores será equivalente al 50% del PIB nacional. Estos gigantescos ahorros, producto del trabajo de millones de mexicanos, se ponen a disposición de banqueros para su jineteo. Estamos a favor de que los patrones aporten más para la jubilación de sus trabajadores, pero mientras no se elimine de raíz el sistema de Afores, paradójicamente la reforma de 2020 y del FPB terminan poniendo más capital en manos de las administradoras privadas.
  4. Límites en los beneficios. El gobierno optó por no solucionar de fondo el problema. Terminó así sólo aplicando parches. Esto se evidencia en el limitado número de beneficiarios. Quedan fuera, por ejemplo, los trabajadores que ganan por encima de la media de $16,777 establecida por el gobierno para poder aplicar a los beneficios del Fondo. Imaginemos un trabajador que gana, por ejemplo, 18 mil pesos mensuales. Él terminaría recibiendo entre 30 y 50% de su salario como pensión; es decir unos 6 mil a 9 mil pesos mensuales. Quedan fuera también los jubilados antes de la ley del 97 y que en muchos casos también reciben pensiones de miseria. Siguen quedando fuera de la seguridad social todos aquellos trabajadores calificados como informales, que sin embargo aportan también al proceso de circulación del capital y pagan impuestos a través de los productos que compran. La otra limitante, reconocida por Claudia Sheinbaum, es que el Fondo sólo tiene recursos para cubrir hasta el 2031. Así que el FPB no sólo beneficia a una limitada población, sino que sólo podrá hacerlo durante poco tiempo.
  5. Tiempos políticos. Una reforma de fondo al sistema de pensiones requeriría la mayoría calificada en las Cámaras, la cual se tuvo en el presente sexenio hasta junio de 2021. ¿Por qué no se abordó este primordial tema en esos primeros años? Hoy a Morena sólo le alcanzan los escaños para aprobar parches en vez de reformas estructurales.

¿Qué es lo oportuno, entonces, para los trabajadores en materia de pensiones? Veamos la situación global. Entre 1981 y 2014 treinta países privatizaron sus sistemas de pensiones, pero para 2018, ante el innegable fracaso de estas medidas neoliberales, 18 de esas naciones habían revertido total o parcialmente dicha privatización. Dentro de esos procesos de reversión, algunos expertos piden regresar al pasado, a los modelos de sistema de reparto y beneficio solidario. Otros expertos dicen que eso es imposible, que hay que buscar alternativas nuevas, sistemas mixtos como los de los países nórdicos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se manifestó en contra de las pensiones privatizadas e incluso publicó una guía de 11 pasos para revertir la privatización en materia de pensiones. Mientras tanto, en México, pues… idearon la no solución del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Sin embargo, el problema prevalece y dentro del marco del capitalismo los expertos no atinan a encontrar una solución viable que dignifique la vida de los jubilados a la vez que deje satisfechos a los empresarios y banqueros, porque resulta que los intereses de clase en el fondo son irreconciliables. Como bien se sabe: no se puede “quedar bien con Dios y con el diablo”.

Al respecto, nosotros como clase trabajadora debemos tener bien claros nuestros intereses. En nuestro Programa Mínimo de Lucha, punto 11, nosotros proponemos: “La abrogación de las leyes del IMSS e ISSSTE en materia de pensiones. Garantizar la pensión digna a un mínimo de $24,534 pesos mensuales para todo el pueblo después de los 26 años en activo y que ésta aumente según la inflación. f. Eliminación de las Afores, regresando íntegramente todo lo acumulado al trabajador, y eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como medida para el pago de pensiones”. Sabemos que esos objetivos son conseguibles dentro del marco del capitalismo, pero no somos ingenuos, sabemos también que sólo se conseguirán a costa de los intereses de los grandes empresarios y banqueros, como Salinas Pliego. No tenemos empacho en decirlo claramente: el beneficio de los ricos es el perjuicio de los trabajadores. Por eso también pugnamos por un impuesto progresivo a las grandes fortunas. Y es que tanto esas fortunas como los 6 billones de pesos en las Afores son producto del trabajo del proletariado mexicano, y por ende exigimos que toda esa riqueza sea administrada por el pueblo exclusivamente en favor del pueblo.

¡Eliminación total de las Afores y pensiones dignas para todos y todas!

¡Trabajo digno, salario justo y seguridad social!

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