Juicio vs los neoliberales
Todos los funcionarios-empresariosdelincuentes y terroristas de Estado que impusieron el neoliberalismo en México deben ser juzgados y castigados por sus crímenes y por las decisiones que lograron hacer de México un país de millones de pobres y unas decenas de millonarios.
No sólo deben ser juzgados los expresidentes: Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, junto con ellos deben ser juzgados los funcionarios de los tres Poderes (incluyendo fuerzas armadas y de seguridad) que planearon, legalizaron y ejecutaron todas las políticas económicas neoliberales y de terror contra el pueblo. Además, también en ese banquillo deben de estar los empresarios que se beneficiaron de esas políticas económicas y del terrorismo de Estado: Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Bailleres, María Asunción Aramburuzabala, Juan Francisco Beckman, Olegario Vázquez Raña, sólo por nombrar algunos de los empresarios que gracias al Estado, se enriquecieron hasta lograr concentrar 31% de la riqueza nacional, según algunos estudios publicados en diarios nacionales el 23 de junio de 2021.
Enjuiciar a los más insignes representantes del neoliberalismo debería convertirse en el juicio histórico contra el sistema económico y social que los engendró: el capitalismo y la clase que nos domina: la burguesía, pues no se puede entender el neoliberalismo como una política económica planeada y ejecutada por malos funcionarios o por empresarios sin escrúpulos y faltos de humanismo. Si existió la política económica neoliberal fue porque ya había una burguesía monopolista trasnacional que buscaba la manera, desde finales de los años 70, de aumentar sus ganancias, de aumentar el grado de explotación entre los trabajadores y de saquear la riqueza natural de nuestro planeta.
A pesar de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redactaron una pregunta confusa para evadir plantear expresamente el juicio a los políticos responsables de los crímenes de Estado cometidos durante los últimos 36 años, la consulta que pretende condenar, por lo menos moralmente, a los expresidentes, se realizará este primero de agosto.
Nosotros pensamos que, con todo y las limitaciones de la consulta, el pueblo debe expresar su voz; algunos, como nosotros, mediante la agitación y la propaganda y otros yendo a votar por el SÍ a las urnas que pongan para tal efecto.
Sabemos de antemano que, para que este ejercicio de “consulta popular” sea efectivo, deben votar 37.5 millones de electores de un padrón de 94 millones, sólo así las autoridades estarían obligadas por ley a llevar “a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Pues así redactaron los ministros de la SCJN la pregunta para no ser ellos quienes señalaran a sus cómplices en el desastre nacional que ha significado el neoliberalismo y el capitalismo en nuestra patria.
Para nosotros, juzgar a algunas personas que fueron funcionarias, que hoy son empresarias y siempre serán delincuentes significa una oportunidad para hacer más evidente a millones de mexicanos la podredumbre del Estado que ha construido la clase burguesa trasnacional, pues está construido a su imagen y semejanza; nos permite hacer más evidente la injusticia y la explotación sobre la cual se construyen las fortunas de los millonarios, quienes no conocen más humanismo que el de acrecentar sus ganancias a costa de la vida de millones de personas y del planeta.
La consulta nos debe permitir profundizar en la derrota moral del neoliberalismo, del capitalismo, de la clase burguesa trasnacional y de los burgueses, pues como lo hemos dicho con anterioridad, mientras la derrota de los neoliberales capitalistas no sea material, éstos seguirán gobernando, pues su poder político, económico y militar reside en la propiedad privada de los grandes medios de producción.
Para nosotros, participar en esta consulta no equivale a exonerar a este gobierno de sus responsabilidades frente a los crímenes que se siguen cometiendo contra el pueblo, pues en el caso concreto de las desapariciones forzadas (en las cuales participaron agentes del Estado), son crímenes que se cometen día con día mientras no se conozca el paradero real de las víctimas.
Así, pues, en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ambos revolucionarios, no existe verdad ni justicia, continúan desaparecidos. Si bien es cierto este hecho pasó hace ya 14 años, e incluso existen funcionarios presos y prófugos, mientras no se haga pública la verdad de los hechos, de conocer todas las instituciones y los funcionarios que participaron en su desaparición, y en tanto no sean presentados con vida, este gobierno es responsable también del crimen. Y, como el caso de Edmundo y Gabriel, existen cientos de miles en todo el país, y los responsables intelectuales y materiales siguen “trabajando” en las instituciones de gobierno, como es el caso de quienes desde el Ejército federal han pasado a la Guardia Nacional y no han sido investigados por su probable responsabilidad en numerosos crímenes contra el pueblo.
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