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Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres

Dirigente estudiantil, maestro, guerrillero

El 2 de diciembre de 2024 se cumplirán 50 años de la caída en combate del revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, combate que se dio en el Otatal, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, en contra del ejército federal; por esta razón todo este año nuestro periódico llevará su rostro en la parte superior derecha de nuestra portada y en cada número abordaremos por medio de artículos o de manera gráfica aspectos relacionados con el contexto político, económico, social y militar de la época, y aspectos de la vida y actividad política revolucionaria de Lucio Cabañas, pero también de la organización resultado de su actividad y de la actividad colectiva: el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento.

Si los hechos del pasado explican nuestro presente es importante hacer el vínculo entre ese hecho y nuestra realidad actual, por ello afirmamos que hoy es más común que se nombre a Lucio Cabañas, incluso desde el discurso oficial. El propio titular del ejecutivo menciona su nombre y el del otro revolucionario asesinado el 2 de febrero de 1972, Genaro Vázquez Rojas como algunas personas, quienes contribuyeron a la democratización del país, lo cual es cierto; sin embargo, se sigue condenando la lucha armada revolucionaria como el camino de trasformación política y social; se oculta o distorsiona el ideal socialista por el cual luchaban; y sobre todo, se mantiene la impunidad para quienes desde el Estado los combatieron con métodos de contrainsurgencia que configuran terrorismo de Estado.

Si bien es cierto no vivimos la represión política en la magnitud que se vivió en las décadas de los 60 y 70; la estrategia contrainsurgente continua aplicándose en el territorio nacional de diferente manera: ahora se disfraza de “guerra entre cárteles” para justificar el control político, social y territorial de amplios lugares o de labor social por medio del programa DN III que realiza la Sedena.

¿Por qué continua la contrainsurgencia a pesar del triunfo de López Obrador? Vamos a citar a un estudioso del tema y sobre todo de la insurgencia del Partido de los Pobres en Guerrero.

Carlos Montemayor afirma lo siguiente: La caracterización oficial de los movimientos de inconformidad social en México, tanto populares como armados, forman parte ya de una estrategia de combate y no de un análisis para comprenderlos como procesos sociales. Tal perspectiva postula un reduccionismo constante que confunde y elimina características sociales indispensables para entender políticamente los movimientos armados y para plantear su solución de fondo. Al reducir al máximo los datos de causalidad social se favorece la aplicación de medidas solamente policiacas o militares.

Hay quien puede opinar que no es esta la visión del actual presidente, y podemos conceder que así sea, pero esta concepción sobre los movimientos armados y populares, no fue ni es la concepción de una persona, lo fue de los tres poderes del Estado y de los encargados de las fuerzas policiacas militares, por ello el cambio de una persona en el ejecutivo no significa en automático el cambio de toda una concepción que ha sustentado la política de seguridad interna del Estado mexicano.

Siguiendo con Montemayor, agrega: La formulación del discurso oficial que descalifica socialmente los procesos populares armados no despeja otro concepto previo: el de “paz social”. Además de confundirse con la ausencia de inconformidad popular, este amplio concepto deja de lado la realidad de una polarización ya institucionalizada: la pobreza, la desnutrición, el desempleo, al analfabetismo, la marginación, la carencia de servicios de salud, la vivienda deficiente, los servicios públicos insuficientes o inexistentes, la desigualdad social extrema, la pérdida de talla o estatura en núcleos rurales e indígenas, el acortamiento del promedio de vida en zonas rurales y marginadas. Indicadores así, y otros más que pueden conformarse de acuerdo con características regionales, gremiales o de legislación local o nacional constituyen un amplio sistema de violencia legal, institucionalizada, que el Estado y la sociedad confunden con la estabilidad y la paz social. Al permanecer en silencio esta violencia constante y previa, la inconformidad se confunde con el inicio de la violencia social misma y no se le entiende, precisamente, como un proceso que surge para que cesen, amengüen o se suspendan temporal o definitivamente los indicadores de la violencia social previa institucionalizada. En este caso, la inconformidad social no inicia la violencia; por el contrario, surge para que esa violencia previa cese.

La violencia se origina en el Estado, que actúa en función de intereses económicos y políticos de una minoría, y a esa violencia normalizada el pueblo responde, como lo hizo, Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, el pueblo se organiza de diferentes maneras para luchar por su vida misma y su dignidad.

¿Hoy existe inconformidad social producto de la desigual distribución de la riqueza, de la explotación, de las desapariciones forzadas, del desplazamiento forzado, de la burocracia que humilla a la persona en lugar de atenderla? Lamentablemente todavía existe, si no existiera y el pueblo, fuese feliz, feliz, expresiones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario ya no existirían; pero existen, y por muchas explicaciones, algunas muy propias de la contrainsurgencia, que se dan a su existencia, el Estado sigue sin reconocer que es la realidad injusta y desigual en el aspecto económico, social, cultural y político lo que origina el descontento y la lucha armada del pueblo.

Frente a esta negativa, la respuesta sigue siendo la contrainsurgencia, aplicada en los tiempos de Lucio, pero también en los años 90: el 28 de junio de 1995, se cometió la masacre de Aguas Blancas en Atoyac de Álvarez, Guerrero, al respecto nos dice Montemayor: Esta masacre no fue un caso aislado de represión; formó parte de una estrategia de guerra más amplia en varias regiones de la sierra de Guerrero y de manera particular en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Los 17 campesinos masacrados pertenecían a esa organización y cinco años después ascendió a 42 el número de hombres asesinados. Antes y después de la masacre, se formó una organización campesina paralela, que en vano intentó neutralizar a la OCSS. Todo esto fue el probable detonante del alzamiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que en el vado de Aguas Blancas hizo su primera aparición al año siguiente, en 1996.

Cabe señalar que todos los responsables de los crímenes contra el pueblo, organizado y no organizado, murieron en la impunidad o viven en ella, es importante señalar que el ejército que el ejecutivo llama pueblo uniformado, fue responsable y sigue siendo responsable de la política contrainsurgente, que éste no se reconoce a sí mismo como el origen de la violencia contra la población, y basta como ejemplo el silencio, las evasivas, la minimización o el desprecio por las denuncias actuales de cientos de personas que viven bajo el terror de la supuesta delincuencia en estados como Chiapas, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Zacatecas y diferentes regiones del país.

¿Cuál es el origen de la violencia? Si somos honestos el ejecutivo lo ha dicho: el neoliberalismo, esa policía que sometió a sangre y fuego al pueblo a sus políticas económicas, políticas y de seguridad; sin embargo, siendo honestos esa minoría que se benefició económicamente de esa política y que impuso al poder legislativo y judicial se mantienen en el poder y con esos dos poderes a su servicio. Sus nombres: Carlos Slim Helú, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, María Aramburuzabala, bbva, Santander, Citigroup, Bimbo, Maseca, etc., quienes siguen enriqueciéndose con base en la explotación de la clase trabajadora, del robo de la riqueza social que ésta produce y del Estado de “Bienestar” que mantiene intacta la base del neoliberalismo: el sistema económico social capitalista, y con éste, la violencia contra la clase trabajadora y la contrainsurgencia como respuesta a la inconformidad popular que surge incluso dentro de los marcos legales y desarrolla su actividad dentro de la legalidad como es nuestro caso.

No basta entonces las buenas intenciones y los testamentos políticos en forma de reformas constitucionales, es necesario que esa minoría rapaz, esa clase burguesa trasnacional devuelva al pueblo lo robado, para terminar con el origen de la violencia estatal y la impunidad para los verdugos del pueblo.

¡Contra el despojo, la represión y la explotación; resistencia, organización y lucha por el socialismo¡

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