¡Más impuestos a los millonarios!

El pueblo paga, ellos no

Una de las consignas del actual gobierno es el no aumentar impuestos. Sin duda, es una medida que aligera el peso que el pueblo lleva sobre sus hombros y una consigna que nosotros como Organización de Lucha por la Emancipación Popular enarbolamos desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, como todo en el actual gobierno, el diablo está en los detalles. Nos explicamos.

El 6 de marzo de 2020 se firmó un decreto por el cual se prohibía la condonación de impuestos, esto para que principalmente los grandes contribuyentes (aquellos que obtienen ganancias mayores a 1,500 millones de pesos al año) aportaran en impuestos lo que realmente deberían aportar y no evadieran su responsabilidad fiscal.

Según los números del Sistema de Administración Tributaria (sat), de 2007 a 2018 se condonaron 413 mil 258 millones de pesos. Esta cifra es mayor que todo el presupuesto destinado a programas sociales para todo el país de este año (303 mil millones de pesos). Vaya que no le pierden los empresarios.

Con la nueva estrategia de recaudación de impuestos, en el 2020 se recaudaron 496.2 mil millones de manera adicional, 385.8 mil millones tan sólo en materia de evasión fiscal (216 mil millones fueron de grandes contribuyentes).

Esto quiere decir que, en parte, la estrategia fiscal del gobierno federal está surtiendo efecto; sin embargo, con todo, los empresarios aún tienen varios ases bajo la manga. Entre abril y junio de 2021 se condonaron 293.3 millones de pesos a 862 grandes contribuyentes. Si bien esto representa sólo el 0.07 % de lo que se condonó entre 2007 y 2018, también es un rubro donde los grandes empresarios buscan mantener sus ganancias lo más posible.

Pero bueno, dijimos que el diablo está en los detalles y ahora vayamos con la parte no tan bonita de la fiscalización del actual gobierno.

Esta estrategia fiscal implica, además del combate a la corrupción, que más personas estén dentro del sistema de recaudación. Como bien sabemos, en nuestro país más de la mitad de la población vive del trabajo informal, lo cual no quiere decir que no paguen impuestos como erróneamente se piensa, pues todos pagamos impuestos en los productos y servicios que consumimos, sino que no se pagan impuestos en la actividad laboral de manera directa (ganancias y salarios, por ejemplo).

Esta es la tendencia que parece se seguirá en el SAT de ahora en adelante para aumentar la recaudación fiscal: que más gente esté incorporada al sistema tributario sin importar que formen parte o no de la economía formal. Con esta estrategia, el SAT busca aumentar la recaudación fiscal en 200 mil millones de pesos y, sin duda, podría hacerlo pero aquí nos preguntamos: ¿esto es justicia?, ¿y qué pasa con los burgueses?, ¿por qué el pueblo, además de los gastos que ya tiene, tiene que entrar a una supuesta formalidad que no se verá reflejada en sus condiciones laborales ni directamente en su seguridad social?, ¿por qué debemos pagar la crisis y la pandemia quienes ya estamos sufriendo?

Durante este año se han barajado distintas propuestas fiscales bastante duras alrededor del mundo y no todas precisamente de economías que podríamos llamar socialistas, todo con tal de paliar un poco los efectos de la pandemia y de la crisis económica que se cierne sobre todos los países.

La propuesta del llamado G-20 (los 20 países más ricos del mundo) es que las empresas multinacionales paguen el 15 % de impuestos sobre sus ganancias y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha propuesto un impuesto del 21 % para estas mismas grandes empresas.

En Bolivia se aprobó en diciembre pasado un impuesto progresivo para las 152 personas más ricas de ese país, que va desde el 1.4 % hasta el 2.4 %, según los millones que tengan en el banco, al tiempo que en Estados Unidos se trata de aprobar un impuesto del 4 % a las grandes fortunas.

Sin embargo, en nuestro país, la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que no se elevarán los impuestos a los más ricos “para que no digan que hay persecución política”; es decir, que prefieren que el gasto fiscal caiga sobre millones de pobres antes que enfurecer a un puñado de empresarios. Como que eso no suena tan parejo ni justo, ¿o nos equivocamos?

Haciendo algunas cuentas sencillas, tenemos que tan sólo cobrando el 15 % del impuesto propuesto por el G-20 a las 20 empresas multinacionales que más ventas reportaron en el 2020 en nuestro país se obtendrían 201 mil millones de pesos; así de simple, sin buscar incorporar a miles y millones de mexicanos pobres al sat. Y si tan sólo se aplicara el impuesto a las grandes fortunas a las cinco personas más ricas del país, se obtendrían poco más de 67 mil millones de pesos, ¡de sólo cinco personas!

Y bueno, ¿qué podríamos hacer con 268 mil millones de pesos? Podríamos construir 280 hospitales generales cada uno equipado con 397 camas, 11 quirófanos, unidad de atención a quemados, medicina física, cirugía ambulatoria, unidad de atención, unidad de rehabilitación y urgencias.

Se podrían construir 12,562,500 escuelas que atiendan a 855 alumnos cada una y que tengan dos edificios con las aulas, sanitarios, salón de usos múltiples y dos canchas deportivas. Podrían construirse 227 “bibliotecas del futuro”, cada una equipada con un acervo de más de 350,000 libros, con capacidad para 2,500 usuarios y salas interactivas. ¿Le seguimos?

Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué no cobrarle a los burgueses un poco de lo que nos quitan todos los días con el robo de nuestra fuerza de trabajo y la especulación de los precios? Eso sí sería dar un paso en la justicia y en regresar al pueblo lo robado.

Nosotros como OLEP, en nuestro Programa Mínimo de Lucha, impulsamos el impuesto progresivo a la ganancia de los grandes empresarios y consideramos que en estos momentos de crisis es aún más importante luchar porque los burgueses paguen, y más cuando empresarios como German Larrea o Carlos Slim incrementaron su riqueza en medio de la pandemia 146.5 % y 7.4 % respectivamente mientras miles fueron despedidos y casi dos millones pasaron a la economía informal.

Por eso, consideramos necesario impulsar el impuesto de 4 % a las grandes fortunas de las 3,790 personas en México cuyas fortunas son mayores a los 600 millones de pesos y el impuesto del 15 % a las 500 multinacionales que reportan ventas mayores a 2,500 millones de pesos al año en nuestro país.

Y, con todo, esta medida aún seguirá siendo un paliativo, pues los ricos seguirán siendo ricos y las empresas seguirán ganando miles de millones y explotando a sus trabajadores; sin embargo, sería una medida que aporte al gasto social y regrese al pueblo un poco de lo que le han robado. Sabemos bien que esta medida no es el socialismo, que los medios de producción seguirán en las manos de los burgueses, pero también que es una medida para que el pueblo entienda que la riqueza que produce socialmente debe ser distribuida socialmente para mejorar la calidad de vida de las mayorías y no irse a los bolsillos sin fondo de un puñado de millonarios.

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