Política de seguridad
Héroes de la burguesía, verdugos del pueblo
Desde el inicio del actual sexenio, autodenominado “segundo piso de la cuarta transformación”, se vislumbró un cambio en la política de seguridad aplicada en el país, algo que algunos esperaban; pero que muchos más están a la espera y observancia de que dichos cambios den un resultado positivo. Incluso en el discurso se ha dejado atrás la consigna “abrazos no balazos” por la de “neutralización de los generadores de violencia y atención a las causas”
Ese cambio de política ya se expresa en el aumento de la violencia en el país durante el último mes con fuertes enfrentamientos entre los “grupos criminales”, pero a la par vemos cómo han aumentado los crímenes cometidos contra organizaciones populares y defensores de derechos humanos, es por eso que para no caer en análisis reduccionistas es importante observar de manera minuciosa y certera cada uno de los hechos para así poder llegar a conclusiones que nos ayuden a transformar nuestra realidad.
Para eso es necesario iniciar el análisis desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en el que se notó una disminución, más no una eliminación, de la violencia que se había estado viviendo en el país al menos desde 2006 con la aplicación del terrorismo de Estado, sin embargo, eso no significó la desmilitarización del país; por el contrario, las tareas asignadas al Ejército y la Marina aumentaron siendo un elemento central de esta política, la creación de la Guardia Nacional bajo el adiestramiento, control y finalmente integración de esta institución a la SEDENA.
Ya desde esos años veíamos que la política contra las organizaciones populares no había cambiado mucho, el seguimiento y en algunos casos la persecución y ejecución de aquellos que se consideraban subversivos se mantenía. Lo vimos con la ejecución de luchadores sociales como Samir Flores Soberanes, Noé Jiménez Pablo o Gregorio de la Cruz de la Cruz, con las detenciones arbitrarias de Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro, este último aún preso en el estado de Veracruz.
En el nuevo sexenio vemos como el partido y gobierno de Morena van integrando a sus filas, cada día con más descaro, a personajes que claramente no representan los principios de no robar, no mentir y no traicionar (algo que también hemos denunciado y criticado) y mucho menos representan los intereses del pueblo y que en el tema de seguridad no es la excepción. Hoy Omar García Harfuch se alza como el nuevo super policía, con un historial que caracteriza a esos policías de inteligencia que durante años aplicaron la contrainsurgencia para acabar con las organizaciones insurgentes, dejando a su paso tortura, muerte y desapariciones forzadas.
Pero recordemos que la historia no está hecha por personajes siniestros y si bien Harfuch hoy ocupa un puesto fundamental de coordinación entre las instituciones policiaco-militares esas facultades han sido impulsadas y reforzadas desde el congreso de la unión donde vimos una amplia unidad incluso entre grupos “antagónicos” para el fortalecimiento de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPCF) y con ello combatir a la “delincuencia” que ha generado tanta violencia.
Fue así como el pasado noviembre fue aprobada en las diferentes cámaras y publicado en el diario oficial de la federación la reforma al artículo 21 constitucional que otorga a la SSPC mayores atribuciones para la coordinación de tareas de seguridad en el país entre las que se encuentran:
La investigación de delitos bajó su mando y conducción.
Coordinación y dirección de la estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Coordinación del sistema nacional de inteligencia.
Coordinación de la colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de sus instituciones de seguridad, quienes deberán proporcionar información que dispongan o recaben en materia de seguridad.
La secretaría podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificar y esclarecer hechos presuntamente delictivos.
Y como decíamos más arriba dicha reforma fue aprobada por unanimidad con los votos de los partidos de oposición PRI y PAN, lo que demuestra la coincidencia entre los grupos aparentemente antagónicos de aplicar una política de seguridad más dura y que de “resultados”.
Pero ¿cómo es que estos partidos neoliberales coinciden con la cuarta transformación en la política de seguridad? Pues resulta que en el fondo existe un interés que prevalece y con el que coinciden todos ellos, nos explicamos. Cuando se habla de que a pesar de las diferencias todos buscamos que a México le vaya bien y que no haya violencia para que las inversiones continúen y tengamos más empleos, etc. En el fondo se defiende un modo de producción, el capitalista, y es ahí donde coinciden todos los partidos electorales burgueses y dejan a un lado sus diferencias.
Hoy el capitalismo se encuentra en una crisis que se expresa de diferentes maneras, pero principalmente en una confrontación por el mercado, en este caso ilegal, y de manera más aguda en los estados de Sinaloa y Chiapas, lo que da como resultado una violencia desenfrenada, es necesario entonces que el Estado actúe en su papel de represor.
El despliegue de 66,982 elementos del ejército y 83,326 de la Guardia Nacional en tareas de seguridad no obedece a salvaguardar la vida de los mexicanos, sino a la protección de los intereses capitalistas. No obedece a acabar con los grupos de “narcotraficantes” que fueron nutridos y protegidos por el mismo Estado; sino a poner orden para que sigan prosperando los negocios capitalistas en general.
El ingreso a nuestro país de 11 militares estadounidenses para el entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del ejército aprobado el pasado 6 de diciembre en el Senado (que se presenta como algo normal) no tiene como objetivo capacitar a los militares para enfrentar sicarios con camionetas de blindaje artesanal, busca adiestrarlos en la política del enemigo interno y la contrainsurgencia, algo que siempre han hecho no sólo en México sino en América Latina.
El cambio de la política de seguridad obedece a la necesidad de fortalecer el aparato policiaco militar que garantice las ganancias de la burguesía trasnacional, para lo cual siempre va a existir la unidad de todos aquellos que no cuestionan el modo de producción capitalista.
Se hace necesario, para el Estado, seguir protegiendo y nutriendo a los grupos paramilitares en Chiapas como parte de la política de contrainsurgencia y como ejemplo ya vimos la amenaza lanzada a integrantes del FNLS por parte de uno de esos grupos paramilitares: “Los vamos a matar, ustedes son los que hacen están chingando aquí con las empresas, vamos a entrar a Las Perlas, tenemos bombas y 300 hombres”. Un ejemplo claro de cómo el único objetivo es proteger a los empresarios y sus fortunas.
Por esta razón es fundamental seguir movilizados, de manera independiente y con la claridad de que somos nosotros, el pueblo organizado, los únicos que podemos defender los intereses del propio pueblo. Organízate, solidarízate y lucha por una verdadera democracia popular y el socialismo.
¡Ante el despojo, la represión y la explotación, resistencia, organización y lucha por el socialismo!
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