Agua: derecho de todos, negocio de pocos
Una política neoliberal
¿QUÉ SERÍA NECESARIO para que el derecho humano al agua deje ser negocio de pocos? Ni siquiera el triunfo electoral desde hace cuatro años de Andrés López Obrador ha revertido esa tendencia y como ejemplo tenemos la ciudad de Puebla y cuatro municipios conurbados (Amozoc, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Ocoyucan y Cuautlancingo), donde la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., de nombre comercial Agua para Todos tiene, según su portal de internet, “la concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales”.
Esta empresa ha venido haciendo negocios con el agua en Puebla desde 2013 (año en que ganaron la licitación); los gobiernos panistas y priistas del estado han trabajado para esta empresa, pues han permitido que incumpla sus obligaciones para mejorar la red de agua potable, el suministro de agua y su saneamiento, entre otras cosas. Es más, incluso la administración municipal de Morena en Puebla de 2018 a 2021 tampoco cumplió su promesa de regresar a manos del municipio la concesión dada a una empresa privada que lucra con el derecho del pueblo de tener acceso al agua potable, de calidad y de manera continua.
A pesar de que esta política neoliberal contra el pueblo se mantiene, el gobernador del estado dice que “ya cambiaron las cosas”, pues frente al aumento de la tarifa del agua, ahora el Congreso será quien apruebe el mismo.
El 8 de julio, el gobernador y la empresa explicaron también que el aumento para los estratos 1, 2 y 3 será del 4% y para los estratos 5, 6 y 7, de 7.6% como máximo. Esto significa que en colonias populares y zonas habitacionales, que están dentro de los primeros tres estratos, el pago pasará de 134.27 pesos mensuales a 146.9 pesos.
Sin embargo, nada se dice de las denuncias de vecinos, como los de la Unidad Habitacional Agua Santa, o de las multas contra la empresa Concesiones Integrales impuestas por Conagua, ni de los posibles delitos ambientales que comete esta empresa cuando vierte agua con espuma tóxica en un canal y en el lago artificial del Parque Ecológico, en la ciudad de Puebla. Mucho menos se habla de la posibilidad de quitar la licitación a dicha empresa para regresar las obligaciones que tiene a los diferentes gobiernos municipales. Ahora resulta que los neoliberales franceses, quienes acaban de nacionalizar la totalidad de la industria eléctrica en su país son más “progresistas” que los antineoliberales en Puebla y en México o que los neoliberales panistas y priistas que siguen fuertes sobre todo en el estado.
Los gobiernos municipales de extracción panista y de Morena hacen caso omiso de los abusos de esta empresa y evaden su responsabilidad de garantizar el derecho humano al agua de su propia población de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así las cosas en un estado de la República, por ello es importante que quienes nos leen estén atentos a estos hechos, pues esta política neoliberal de lucrar con el derecho humano al agua la van a vivir en Querétaro, estado en el cual el congreso acaba de aprobar la privatización del mal llamado servicio de agua potable. Es importante mencionar también que incluso en la Ciudad de México, donde no está privatizado el servicio, se dan muchos abusos respecto al agua, pues se privilegia el acceso al agua para las empresas que construyen el Proyecto Estadio Azteca y el Parque Tepeyac, que albergará el acuario más grande Latinoamérica, a costa del acceso al agua de los habitantes de la ciudad.
El agua, derecho humano de todos, negocio de pocos, ganancias de pocos y una política neoliberal que en lugar de corregirse se prolonga y profundiza con consecuencias negativas para la clase trabajadora fundamentalmente.
Como parte de la clase trabajadora y del pueblo organizado, la Organización de Lucha para la Emancipación Popular exige y lucha para que un recurso tan importante como el agua sea únicamente propiedad del pueblo y que sea éste quien defina cómo distribuir, cuidar y garantizar este recurso natural no renovable. No podemos dejar que los empresarios burgueses con la aprobación del gobierno federal y locales hagan de un derecho un servicio que permite a las empresas privadas lucrar y aumentar así sus ganancias.
Nosotros proponemos en nuestro Programa Mínimo de Lucha la recuperación de la soberanía nacional y el control por parte del pueblo y su gobierno de nuestros recursos nacionales. Asimismo, todo gobierno tiene por obligación mejorar el nivel de vida del pueblo y garantizar nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La privatización del derecho humano en Puebla, en Querétaro y la prioridad de la necesidad de ganancias para las empresas que lucran con el agua en la Ciudad de México nos demuestran que privatizar sólo empeora las condiciones de vida del pueblo trabajador. Si de verdad se lucha contra el neoliberalismo, el agua como derecho humano debe estar garantizado por el gobierno, aunque esto signifique anular las concesiones de agua a los dueños de los campos de golf en Monterrey, a las grandes empresas transnacionales que saquean el recurso para producir refrescos y cerveza, a las grandes mineras.
Recuperar nuestra soberanía, construir democracia popular y socialismo significa en última instancia anular las reformas constitucionales al artículo 27 de la Constitución con el objetivo de recuperar la rectoría del Estado en la explotación de suelo, subsuelos, costas y ríos de nuestra patria.
¡Destruir el neoliberalismo en los hechos para construir el socialismo!
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