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Ayotzinapa, nueve años de impunidad

La justicia no llega

Cerca del noveno aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, perpetrada por agentes de los diferentes órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), la justicia sigue sin llegar para los padres de éstos, para sus familiares y seres cercanos.

A pesar de que diversas autoridades han sido investigadas y vinculadas a proceso, y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido en distintos momentos resolver este caso y lograr que se haga justicia.

Y ese es precisamente el problema ¿qué tipo de justicia es la que se busca?

Hasta la fecha, las personas que han sido investigadas han dado diversas versiones de lo ocurrido aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero. Algunos continúan bajo investigación, algunos han sido liberados, pero lo cierto es que se desconoce dónde se encuentran los jóvenes desaparecidos.

Como resultado de esta serie de acciones, se han puesto al descubierto cuestiones como el vínculo entre el entonces presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez (exonerado recientemente por su participación en este caso), con la organización Guerreros Unidos, así como las torturas a las que fueron sometidos diversos personajes para la construcción de la llamada “verdad histórica” que tiene hoy al ex procurador de justicia federal, Jesús Murillo Karam, tras las rejas.

Más recientemente fue vinculado a proceso Gualberto Ramírez Gutiérrez, exfiscal antisecuestros de la Procuraduría General de la República, acusado de los delitos de desaparición forzada y actos de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, a fin de que se declarara autor de la desaparición de los 43 normalistas.

Sin embargo, para los padres de los jóvenes desaparecidos, la detención de estos personajes no es suficiente, lo que ellos desean saber es dónde están sus hijos, qué pasó esa noche y desean que el Estado se haga responsable. Es importante saber si continúan vivos o no. Se exige su presentación con vida o la presentación de evidencia contundente que pruebe su ejecución extrajudicial y el destino de sus restos mortales.

El año pasado, las conclusiones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa determinaron la posible responsabilidad del Ejército al omitir intervenir en la detención y desaparición de los estudiantes, a pesar de que entre ellos se encontraba infiltrado el soldado Julio César López Patolzin y que se contaba con información que permitía dar con su paradero en tiempo real.

Sólo los restos de tres de los normalistas han podido ser identificados hasta el momento y, el que se considera principal artífice de toda esta historia de crimen e impunidad, Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, está en espera de ser extraditado por el gobierno de Israel.

El pasado 25 de julio el citado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dio a conocer su sexto y último informe sobre este crimen de Estado, antes de su salida de México al indicar que no hay condiciones para continuar la investigación, pues las autoridades implicadas en la investigación han bloqueado ésta.

Entre las recomendaciones hechas por el grupo de expertos, destaca el llamado a que las instancias involucradas en la desaparición de los estudiantes -principalmente Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina- proporcionen la información completa para poder avanzar con la investigación, la custodia adecuada de la misma, la protección de las personas involucradas en la investigación, y por supuesto, la continuidad de las labores de búsqueda.

El informe pone así en evidencia, la autoría del Estado para perpetrar un crimen que a toda la sociedad debe dolernos: la desaparición de jóvenes estudiantes, ¿qué confianza podemos entonces depositar en las autoridades? ¿cómo podemos confiar como miembros de la sociedad en las fuerzas armadas y policiales de nuestro país si son las mismas que actuaron en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas?

Los padres y familiares de las víctimas han continuado, a lo largo de casi nueve años, con diferentes formas de protesta a fin de conocer cuál fue el destino de sus hijos, lo que para ellos ha representado un continuo desgaste y sufrimiento.

Y es que el Estado no sólo fue omiso en la protección de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, por el contrario, fue el autor intelectual y ejecutor de la desaparición de éstos.

La justicia consiste en dar a cada quien lo que corresponde ¿qué tipo de justicia merecen entonces los padres de familia que han pasado por este proceso? ¿Qué tipo de justicia cabe esperar por parte del Estado hacia los estudiantes desaparecidos? ¿Cuál es la consecuencia jurídica para quienes están involucrados en este crimen?

La postura de los padres es precisamente esa, que se acredite con toda certeza que ya no están vivos y que se conozca dónde se encuentran sus restos.

¿Qué se puede hacer ante este escenario? Es evidente que se debe continuar exigiendo la presentación con vida de los jóvenes o bien, las pruebas irrefutables de su ejecución y el destino exacto donde se encuentran sus restos, a fin de dar a sus familias respuestas claras que les permitan tratar de procesar la tragedia de la que han sido víctimas.

Este es uno de los compromisos incumplidos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también es parte de un incumplimiento al pacto social que dio por resultado la existencia del Estado.

Y es un incumplimiento puesto que ceder nuestra parcela de libertad para vivir en una sociedad sujeta a un ordenamiento jurídico con la posibilidad de ser sancionados por el incumplimiento al mismo, debe garantizarnos todas las condiciones necesarias para tener un desarrollo humano integral y pleno, como individuos y como sociedad.

Sin embargo, la cuestión política, es decir, la forma de obtener y ejercer el poder desde el gobierno, ha estado estrechamente unida al abuso y a la corrupción y el caso que nos ocupa es una de las muestras más bajas y ruines de este tipo de situaciones.

La desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no debe quedar impune, porque de lo contrario, no sólo no hay paz para las familias sino que no puede haberla para la sociedad en su conjunto.

¿Cuántos desaparecidos más hacen falta para que como sociedad reaccionemos y exijamos a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones y la mejora sustancial a las condiciones de vida de nuestro pueblo? Y es que el caso de los normalistas de Ayotzinapa debe ayudarnos a reflexionar sobre otros casos de desaparición forzada y de crímenes de estado: la desaparición y asesinato de diversos líderes rurales, activistas ambientales, defensores de derechos humanos, mujeres y niñas.

Además, no podemos pasar por alto el deseo de los familiares de que el GIEI continúe al frente de la investigación, pues si a pesar de su participación como grupo externo, las indagatorias no han avanzado ¿qué pasará sin ellos al frente?

Es claro que nI la SEDENA ni la SEMAR están en disposición de entregar la información con que cuentan y que pese a lo que sostiene el Presidente López Obrador, los avances no son suficientes, puesto que la verdad sigue sin conocerse y el sufrimiento de las familias continúa, como continúa la operación de grupos criminales por todo el país, coludidos con las propias autoridades.

Por eso, desde la OLEP apoyamos y acompañamos la lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa “Isidro Burgos” y exigimos el esclarecimiento de los hechos a fin de que tanto las familias como la sociedad en su conjunto, tengamos certeza de lo que pasó y se establezcan las consecuencias jurídicas para los responsables.

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