La prisión preventiva oficiosa

Castigar a los pobres

El 23 de agosto el ministro Luis María Aguilar Morales presentó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto en el cual propuso dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa en México al considerar que dicha medida atenta contra la presunción de inocencia y es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es parte. Luego que el presidente López Obrador tuvo conocimiento del sentido de dicho proyecto, en su conferencia matutina del día 26 de agosto se pronunció categóricamente en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, manifestando que “significaría el fracaso de la estrategia de seguridad pública” y de inmediato procedió a ejercer presión contra los ministros de la Corte a quienes calificó de corruptos y deshonestos.

El pasado 5 de septiembre las fuertes presiones políticas surtieron efecto. En la discusión del proyecto llevada a cabo en el pleno de la Suprema Corte siete ministros se pronunciaron en contra de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa la cual se encuentra contemplada en el artículo 19 Constitucional, haciendo uso de la retórica jurídica los siete ministros argumentaron que el principio de presunción de inocencia no es absoluto, que puede ser restringido por el Constituyente Permanente y que suprimir la prisión preventiva oficiosa según éstos, significaría dejar a la sociedad a merced de las bandas dedicadas al crimen organizado, además arguyeron que no se encontraban facultados por la Constitución para inaplicar la citada medida cautelar, por lo que el ministro Ponente Aguilar Morales se vio obligado a retirar el proyecto.

Resulta paradójico que López Obrador haya defendido una medida que es violatoria de derechos humanos, que viola el artículo 1° Constitucional y el principio de presunción de inocencia, y que además fue propuesta por Felipe Calderón en el año 2008 en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”. La aplicación de dicha medida desde esa fecha hasta ahora ha llevado a la cárcel a miles de mexicanos acusados injustamente de delitos como homicidio, delincuencia organizada, trata de personas, entre otros más, además debe decirse que en el gobierno de López Obrador se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y su aplicación está causando hasta 400% de hacinamiento en las cárceles mexicanas. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la libertad 2021 las personas afectadas por esta medida además de ser inocentes, son pobres y jóvenes en su mayoría, con grado de escolaridad mínima, y en mucho de los casos los afectados son señalados por testigos protegidos que jamás van a ratificar ante el juez su acusación ocasionando que el imputado pueda pasar hasta 6 años o más en la cárcel esperando le dicten sentencia.

Pues bien, por qué el gobierno en turno que se dice “popular” y “amigo del pueblo”, defiende la aplicación de la prisión preventiva oficiosa aún y cuando ésta ha resultado en los hechos perjudicial para miles de mexicanos. Veamos: la crisis económica capitalista mundial de 2007 la cual fue precedida de una aguda recesión, fue una crisis cuya magnitud fue de igual o mayores dimensiones que la de 1929, tal fue su magnitud que la producción nacional decreció ese año -6.8, empezó a disminuir significativamente el comercio y la exportación de mercancías, cerraron muchas fábricas en el país, y como en el capitalismo quien paga los platos rotos es la clase trabajadora y el pueblo en general, fue así que el gobierno, que es quien administra los intereses del capitalista, empezó a hacer “los ajustes” administrativos para “superar” la crisis económica, claro, en perjuicio de los más pobres, así que procedió a extinguir por decreto muchas dependencias públicas, o a reducir al mínimo su plantilla laboral, lo que ocasionó despidos masivos de trabajadores, lo que aumentó el desempleo ya existente por el cierre gradual de fábricas y de comercios, además se extendió la precariedad laboral de la clase trabajadora, creció el subempleo, la informalidad laboral, y como consecuencia la pérdida de prestaciones laborales y del poder adquisitivo del salario de los trabajadores aunado al incremento de los precios de las mercancías.

Una de las características de la crisis capitalista es que se concentra más la riqueza en pocas manos y, por otro lado, agranda el universo de pobres y miserables, lo cual genera descontento e inconformidad en las masas populares. Ahora bien, el capitalista para superar la crisis económica no sólo requiere que las masas se empobrezcan, al mismo tiempo requiere de la sumisión y obediencia absoluta de la clase trabajadora cuyas condiciones materiales de vida se han venido deteriorando como consecuencia de la crisis, y el capitalista logra esa obediencia endureciendo su política neoliberal a través de los aparatos coercitivos del Estado (leyes, cárceles, militarización, terrorismo de estado).

Es en ese contexto de crisis económica en México, que Estado y Capital desde el año 2007 materializaron un conjunto de reformas a la Constitución Política que permitieron crear el Código Nacional de Procedimientos Penales, un nuevo sistema penal acusatorio, y una serie de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa que van encaminadas a contener el descontento popular y garantizar el orden social en el contexto de crisis, esto es, se va adecuando el marco jurídico constitucional a las nuevas condiciones económicas que impone el capitalismo, al contexto de acumulación de capital bajo condiciones de crisis, de manera tal que impidan o sean contención ante eventuales protestas populares, huelgas, sublevaciones o incluso cambios radicales en la estructura, esto es, situaciones revolucionarias que pueden poner en riesgo las ganancias del capitalista monopólico trasnacional, por lo que éstos cambios en las leyes van de la mano con los cambios que se dan en lo económico y ordenados desde los organismos financieros que es desde donde se impone la política al Estado Mexicano. Resumiendo, opresión política al pueblo mexicano para garantizar al capitalista la propiedad de los medios de producción, el monopolio de las fábricas, las minas, la tierra, y de la tecnología, es el miedo del capitalista a ser desposeído de lo que injustamente posee, de lo que ha obtenido mediante la explotación a miles de trabajadores. El capitalismo por la etapa en la que se encuentra agudiza el deterioro de las condiciones de vida de las masas trabajadores de la ciudad y del campo, se encuentra en su fase agónica y endurecerá su política de gobierno por lo que el pueblo mexicano tendrá que luchar por la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo luchar por el socialismo, así mediante la organización popular logrará su emancipación y alcanzará su dignidad humana.

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