EL PUEBLO EXIGE VERDAD Y JUSTICIA

El 30 de agosto de cada año se conmemora el día internacional del detenido-desparecido de las víctimas de desaparición forzada. En México retomamos ese día de lucha desde el año 2010. ¿El motivo? Las consecuencias de la guerra que se inventó Calderón para someter a sangre y fuego al pueblo mexicano, el cual ya manifestaba mediante marchas y plantones su descontento con las políticas neoliberales y con el fraude electoral.

Esa guerra contra el pueblo que inició Calderón y continuó Peña Nieto dejó más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales y, según cifras oficiales, más de 88 mil desparecidos.También tuvo como consecuencias miles de personas presas de manera injusta, tortura, desplazamientos y violaciones sexuales.

En esos años el ejército y la marina fueron famosos por tener el índice más alto de ejecutados, la marina incluso rara vez tomaba prisioneros, se comportaba, en los hechos,como un escuadrón de la muerte.

La militarización del país se hizo evidente y ahí donde el gobierno enviaba a los militares y a la marina con sus famosos operativos conjuntos llegaba la muerte, la quema de casas,el desplazamiento forzado, los decapitados y mutilados.

Y con la llegada de los militares y marinos llegaba otra fuerza igual o más cruel: los grupos paramilitares. Civiles armados y entrenados por el ejército o el mismo ejercito vestido de civil que con el pretexto de acabar con otros grupos del narco llenaron al país de cadáveres y fosas clandestinas.

La militarización y paramilitarización generaron más violencia e inseguridad. El narco y otras actividades criminales como la trata de personas, el “huachicoleo” y la corrupción no sólo no disminuyeron, sino crecieron al amparo y desde el Estado.

En ese tiempo también premiaron a quienes hoy se encuentran presos. A García Luna y a Cárdenas Palomino los llamaron los “súper policías” y, mientras recibían el reconocimiento nacional e internacional, estos policías que hicieron su carrera dentro de la policía política no sólo torturaban, fabricaban culpables, extorsionaban y secuestraban a ciudadanos y a luchadores sociales, también defendían los intereses económicos de los grandes empresarios y del narcotráfico.

Del 2006 al 2018, 161 luchadores y luchadoras sociales fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado. Hombres y mujeres que por luchar, por defender el derecho a la tierra, al medio ambiente sano, al trabajo digno, a la seguridad y en algunos casos al socialismo fueron arrancados violentamente de sus familias, de sus organizaciones y comunidades como castigo por luchar y organizarse por una vida digna.

Por ello, retomar el 30 de agosto fue importante para las víctimas y las organizaciones populares y de derechos humanos. Porque mediante la movilización en las calles, la documentación de los casos y la denuncia internacional se logró frenar, en cierta medida, la represión del Estado.

Si las familias y las organizaciones no hubiéramos protestado, si no hubiéramos mantenido en alto la bandera de presentación con vida y castigo a los culpables, el terror estatal hubiera sido mucho peor para el pueblo.

Esta es una lección que no debemos olvidar nunca. Si luchamos tal vez nos repriman, pero si no luchamos de todos modos nos van a reprimir y con más saña, puesto que es más fácil pegarle al que no se defiende que al que sí se defiende.

Ahora bien, desde diciembre de 2018, la guerra contra el narco oficialmente terminó, incluso el nuevo gobierno, en el discurso, ha decretado el fin del neoliberalismo. Pero¿qué ha pasado con las miles de víctimas de esos años de terror estatal? Desgraciadamente,hasta el día de hoy, las familias siguen sin conocer el paradero real de sus familiares.

Y sin verdad, sin saber quiénes se los llevaron, quienes ordenaron que lo hicieran, quiénes los ocultaron y por qué se los llevaron, no se puede garantizar la justicia. Porque, aunque es necesario, no basta conocerla verdad de los hechos, se necesita castigar a los responsables de esos crímenes. Si no se castiga a quienes torturaron, ejecutaron o detuvieron-desaparecieron no puede haber ni reparación integral del daño y mucho menos se puede garantizar que esos hechos en un futuro no se repitan.

Por lo anterior, no es comprensible para las familias y organizaciones de víctimas que en este nuevo gobierno todavía estén en funciones la mayoría de funcionarios que cometieron los crímenes estatales en el tiempo de la guerra contra el narco.

Por ejemplo, Ardelio Vargas, hoy subsecretario de gobierno del estado de Puebla, el gran represor en el 2006 en Atenco y Oaxaca sigue impune y en funciones, ahora al servicio de un gobierno emanado de Morena. Otro ejemplo es el ex fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, conocido en ese estado por su política de represión a organizaciones campesinas e indígenas quien siendo un represor sigue militando en Morena.

No basta que Obrador diga que su gobierno no reprime como los anteriores si esto no va acompañado de justicia para los ejecutados y detenidos-desaparecidos, si no se generan comisiones de la verdad, si no se inician procesos de castigo a los responsables de haber generado tanto dolor en miles de familias y si no hay sanción a quienes se beneficiaron del terror contra el pueblo: los empresarios neoliberales como Slim y Salinas Pliego, quienes aplaudieron las políticas de seguridad y premiaron con puestos y empresas de seguridad a esos “súper policías”al mismo tiempo que acrecentaron sus millonarias fortunas.

Si a su familiar se lo hubieran llevado los policías o los militares, ¿acaso no lucharía por saber dónde está, acaso no exigiría justicia? Por ello, no puede haber olvido ni perdón. Sólo verdad, justicia y garantías de no repetición.

¡Terrorismo de Estado nunca más!

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