Jóvenes construyendo el futuro
¿Y nuestros derechos laborales?
Somos un grupo de tres jóvenes entre 24 y 29 años, becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF) que nos conocimos al coincidir en un Centro de Capacitación. Laboramos en una empresa agrícola y todos tenemos la licenciatura terminada, dos somos solteras y uno es padre de familia, sin embargo, al no tener oportunidades laborales bien remuneradas ni un ingreso económico seguro para cubrir nuestras necesidades básicas, nos vimos en la necesidad de entrar al programa.
La dinámica dentro de la jornada laboral nos ha permitido conocernos entre sí e identificar nuestra situación como jóvenes trabajadores. Coincidimos en que, a pesar de ser personas preparadas, cuando hemos buscado un empleo, encontramos ofertas de trabajo con bajos salarios, sin contratos, sin derechos laborales y sin prestaciones, integrándonos a las 7.2 millones de personas que, según la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), se encuentran en una situación similar, a pesar de trabajar en empresas del sector formal (registradas ante Hacienda).
El PJCF es uno de los programas prioritarios de la 4ta Transformación, hasta el momento se han invertido más de 74 mil millones de pesos en el programa y se han beneficiado a más de 2 millones de jóvenes. El objetivo del programa es vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad con empresas donde desarrollen o fortalezcan sus hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes recibimos un apoyo mensual y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. La beca se ha visto beneficiada con el aumento salarial desde que inició el programa hasta la fecha, pues para el 2019 los jóvenes recibían $3,600 y para este 2022 recibimos $5,258. Según lo establecido en el Programa, después del año de capacitación, de no ser contratado en el Centro de Trabajo, la plataforma ofrece un menú de opciones para facilitar la incorporación del joven en el mercado laboral. Por su parte, el Centro de Trabajo recibe un distintivo de compromiso social por haber participado en el programa.
Hasta aquí parece que todo es un ganar-ganar, hay beneficios para los jóvenes y para los Centros de Trabajo, ¿cierto? Sin embargo, haciendo una reflexión más profunda sobre el programa, el Centro de Capacitación donde laboramos y tomando en cuenta los intereses de la clase trabajadora, encontramos algunos puntos que es importante analizar.
Anteriormente, la empresa donde trabajamos tenía contratadas hasta tres personas para sacar adelante su producción, pero, ahora que son parte de los Centros de Capacitación del programa, solo tienen a una persona laborando (sin contrato) y a tres becarios. El ambiente de trabajo en la empresa es bastante agradable y relajado, nuestro horario de capacitación es de 7 am a 1 pm, con una hora de descanso. Si nos enfermamos o tenemos algún conflicto familiar podemos llegar más tarde o faltar sin ningún problema, siempre y cuando las actividades previstas para ese día queden listas y sean cubiertas por los otros compañeros. A veces, por no decir casi siempre, terminamos de laborar después de la 1 pm y somos estas cuatro personas las que sacamos adelante las labores de la empresa.
Es evidente que, para la empresa, formar parte del programa, más que una carga u obligación, resulta una condición bastante beneficiosa: los becarios damos nuestra fuerza de trabajo y le generamos una riqueza sin que ellos paguen el salario y es el Estado o, mejor dicho, el pueblo trabajador, quien con sus impuestos financia los salarios de los becarios. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, la única persona contratada por la empresa no cuenta con prestaciones de ley.
En el FRAGUA 38, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) ya analizaba esta situación: ¿Por qué el pueblo tiene que pagarles a las empresas para que contraten a los jóvenes?; ¿por qué la riqueza generada con la fuerza de trabajo de los jóvenes es para la empresa y no para los jóvenes trabajadores ni para el pueblo?; ¿no se supone que las empresas ayudan al desarrollo de la nación, mediante la contratación de jóvenes, el pago de salarios dignos y derechos laborales?
A pesar de que el programa menciona que, al finalizar el año de beca el joven podría ser contratado en el Centro de Trabajo donde se capacitó, en los hechos, la empresa no está obligada a contratar a los becarios y, debido al ahorro de pago de salarios del que se beneficia la empresa dentro del programa, es obvio que le convendrá más recibir a otros becarios que contratar personal. Por lo que una vez que termina el año de capacitación, los jóvenes volvemos a la misma condición de incertidumbre laboral.
En este punto, la condición como becarios del programa deja de ser color de rosa, pues el ser beneficiario de un programa social oculta la relación obrero-patronal, una de las características del neoliberalismo: cuando hablamos de obligaciones somos trabajadores, pero cuando hablamos de derechos pasamos a ser becarios. Y es aquí donde nos cuestionamos ¿A quién beneficia realmente el programa? ¿Al pueblo trabajador quien con sus impuestos paga la beca de los jóvenes? ¿A los jóvenes quienes a través de una llamada capacitación y recibiendo un salario mínimo sirven de fuerza de trabajo para las empresas? ¿O a las empresas quienes generan ganancia a través del ahorro del pago de salarios?
No negamos el beneficio que los jóvenes recibimos dentro del programa, ya que estamos recibiendo una beca que muchas veces es mayor al salario que recibe gran parte del pueblo trabajador en México, además de que adquirimos capacitación en un tema de nuestro interés con el respaldo del seguro médico que nos brinda certidumbre ante situaciones imprevistas de salud como el COVID-19. Sin embargo, esta seguridad únicamente es por un año y no es suficiente para resolver de fondo la situación de violación a los derechos laborales a la que el pueblo de México se enfrenta día con día, lo que refleja que el neoliberalismo no se ha destruido del todo.
Por estas razones ratificamos el punto 10 del Programa Mínimo de Lucha de la OLEP: debemos luchar porque se termine con toda forma de simulación o flexibilidad laboral, a través de las cuales se generan más ganancias para los burgueses a costa del pueblo. Es necesario que se garanticen y respeten los derechos laborales. Nos toca exigir como pueblo organizado y movilizado lo que por derecho ya es nuestro. ¡Arranquemos el neoliberalismo de raíz!
¡Trabajo digno, salario justo y seguridad social!
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