La columna vertebral del Estado
La militarización en México
Convertir la Guardia Nacional en una arma más del Ejército de manera legal y ampliar la estancia de éste último en funciones de seguridad pública hasta 2028 es la única solución para garantizar la paz social. Esta afirmación y esta decisión de Estado, se nos ha impuesto en medio de vulgares debates donde pareciera que hay dos bandos: quienes están con el pueblo y quienes están contra él. Pero esta apariencia es falsa, totalmente falsa.
Es falso porque todos parten de premisas falsas, la primera es que estas decisiones militarizarían el país. México es un país militarizado desde hace muchos años, este proceso se aceleró desde 1994 y 1996 con la irrupción pública del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario.
La lucha contrainsurgente obligó al Estado mexicano a modernizar sus fuerzas armadas y ampliar su presencia en diferentes zonas geográficas, a crear numerosos grupos paramilitares, a crear un marco legal para combatir a la insurgencia y a crear una policía federal. En este contexto se crearon los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (gafes) entrenados por el ejército norteamericano, se instalaron las Bases de Operaciones Mixtas donde se coordinaban ejército y policías, se crearon a los grupos paramilitares Paz y Justicia, Máscara roja, a UBISORT y a muchos otros, se creó la Ley Federal contra la delincuencia organizada y a la Policía Federal Preventiva. En esos años la doctrina que regía a las fuerzas armadas era un adoctrina contrainsurgente, de represión política y de control social.
Ernesto Zedillo Ponce de León era el presidente de México y la principal beneficiada de todas las medidas policiacas, militares y económicas era la burguesía trasnacional, Zedillo como representante del Estado salvó a los bancos y garantizó e todos los empresarios el derecho de acrecentar su riqueza: Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres+, Salinas Pliego, los mismos que hoy se benefician del Estado de “Bienestar”.
Es falso el argumento de que la contrainsurgencia y la represión política sean errores originados por “ordenes de autoridades civiles”. Los altos mandos de las fuerzas armadas pudieron renunciar a ser la columna vertebral de la injusticia, pudieron negarse a entrenar a los grupos paramilitares que posteriormente abrirían esta nueva etapa de masacres, torturas y desapariciones forzadas.
Es falso que la delincuencia “haría fiesta” si las fuerzas armadas regresan a sus cuarteles, pues sacar a las fuerzas armadas no fue garantía de que el país no estuviera “secuestrado por el narcotráfico y el crimen organizado” como lo planteó Felipe Calderón como argumento para ampliar y profundizar la militarización.
Los neoliberales y los antineoliberales se tocan en los argumentos para defender a las fuerzas armadas y ambos se tocan y se abrazan cuando de defender a los empresarios se trata, pues los grandes burgueses dueños de capital trasnacional son los principales beneficiados de esta continuidad y profundización en el proceso de la militarización de la seguridad pública en el país.
Si la actuación de las fuerza armadas sólo depende de quien gobierne, como lo sostiene el actual presidente ¿qué clase de Estado es aquél que se rige por la voluntad de una sola persona? Ni siquiera en la dictadura de Porfirio Díaz sucedía eso, pues los “científicos” también decidían y eran autores intelectuales y participes de la construcción legal de sus decisiones, de la misma manera en que el poder legislativo actual es tan responsable de la grave decisión de profundizar y ampliar la militarización del país de manera legal, de la misma manera que la Suprema Corte de justicia de la Nación es responsable por omisión por no decir nada en contra de esta decisión.
Ampliar y profundizar la militarización de manera legal, ampliar y profundizar la militarización como única opción para garantizar la supuesta seguridad y paz social, la decisión de convertir a los militares en empresarios, en administradores de empresas del Estado y beneficiarios de la ganancia de esas empresas tendrá graves consecuencias para el pueblo que lucha y se organiza por sus derechos.
Nada cambia por decreto, y tan es así que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 504 quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional y 436 por la Sedena en 2021.
Se nos dice que cambió ya la doctrina de las fuerzas armadas, pero no se nos explica cuál era antes y cuál es hoy, nos piden confianza ciega y acrítica en las fuerzas armadas y su papel histórico, se nos pide confianza en quienes son responsables de ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, tortura y ¿sólo porque gobierna López Obrador? ¿Qué pasará cuando él deje la presidencia?
Las fuerzas armadas nos son sólo un instrumento del Estado, son parte del Estado, participan en éste, tienen intereses económicos y políticos, las fuerzas armadas no se componen por personas que sólo obedezcan y no piensen, no, las fuerzas armadas están integradas por personas que piensan y deciden, que piensan y ejecutan sus ideas y por eso mismo no se les puede eximir de su responsabilidad política, moral y jurídica de ser autores intelectuales, materiales, facilitadores y beneficiaros de cientos de miles de violaciones de derechos humanos cometidas en los años recientes en nuestro país.
Ninguna fuerza armada es neutral, todas tienen partido y en México las fuerzas armadas lo tomaron desde hace mucho por la burguesía hoy trasnacional.
Sólo la Verdad, la Justicia y las garantías de no repetición pueden salvarnos de nuevas atrocidades y les guste o no a los neoliberales y a los pregoneros del Estado de “Bienestar”, la impunidad continúa en la gran mayoría de los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
La Verdad y la justicia todavía no existen después de cuatro años de este gobierno ¿llegará en dos o será un pendiente que heredarán a quien gobierne los seis años venideros?
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