Mesca y Minsa: Tortilleros y rateros

Una de las banderas de la 4T es el rescate del campo mexicano para recuperar la soberanía alimentaria y enfrentar la inflación y la carestía a través del programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar. Sin embargo, en estos cuatro años de gobierno, el pueblo ha recibido un duro golpe a la economía familiar debido a la subida del precio de los alimentos, pues aun con el aumento al salario mínimo éste sigue sin alcanzar para una vida digna. Claro ejemplo es el precio de la tortilla, pues en este 2022 ha aumentado de manera importante y debido a que es el alimento básico de la dieta diaria de los mexicanos, representa un gran impacto para nuestra economía.

Hace unos días en la mañanera escuchamos que AMLO anunció el fin del aumento en la inflación gracias a las medidas que se han implementado en los últimos meses para bajar el precio de los alimentos y otros servicios necesarios para la vida cotidiana como la luz y los combustibles. La noticia nos pareció muy buena, sin embargo, un día pasando por el kiosco de Texcoco, escuchamos a un grupo de jóvenes hablando sobre lo preocupante que resultaba la firma de un nuevo acuerdo con diferentes empresas pertenecientes a la agroindustria, llamado Acuerdo Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), en el cual el gobierno permite importar alimentos de forma más barata pero que tiene otras implicaciones no tan beneficiosas para el pueblo mexicano.

El Apecic se firmó el pasado 3 de octubre y es un acuerdo entre el gobierno, productores, distribuidores y empresas de alimentos para reducir el encarecimiento de productos agrícolas, reducir costos regulatorios y logísticos para fortalecer la oferta de alimentos, por lo que se les exime de todo trámite para las actividades de importación y distribución de alimentos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del Impuesto general de importación al comercio exterior. Esta excesiva flexibilidad ha generado gran preocupación, pues se corre el riesgo de permitir la entrada de alimentos de baja calidad, contaminados o infectados que podrían ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.

Según el gobierno, este acuerdo está basado en la confianza, pues se les confía a las empresas la responsabilidad de asegurar que las mercancías cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad y la única instancia que se hará cargo de verificar y sancionar en casos de abuso es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Entre las empresas firmantes se encuentran Bachoco, San Juan Huevo, Walmart, Soriana, Chedraui, Valle Verde, Maseca, Minsa, entre otras.

Estas últimas, Maseca y Minsa fueron acusadas por Ricardo Sheffield, representante de la Profeco, de ser las responsables de los altos costos de las tortillas, ya que el comportamiento del precio del maíz no coincide con el producto final de estas empresas que es la harina de maíz.

Según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados) el precio promedio de un kilo de tortillas a nivel nacional era de $12.30 pesos en 2014 y este 2022 subió a $21.87 pesos. Esto indica que, en un lapso de 10 años, el precio por kilogramo de tortillas ha aumentado un 77%. Pero consideremos que hay un margen de inflación, el cual indica cuánto han subido los precios de los bienes y servicios en un tiempo determinado y que de acuerdo con el INEGI, aumentó un 56.02% desde octubre de 2012 a septiembre de 2022. En pocas palabras: las tortillas han subido de precio (como todos los productos en el país), pero lo han hecho más de lo normal. El incremento en el precio de este alimento ha sido más de lo que debía ser frente a la inflación acumulada en los últimos 10 años.

Con la firma del Apecic, el duopolio se comprometió a no subir el precio de la tortilla, sino de alcanzar un precio promedio de 3% menor al máximo actual, pero analizando de manera más profunda el actuar de estas empresas, nos podemos dar cuenta que este acuerdo les permitirá obtener más ganancias a través del abaratamiento de los costos de importación de maíz de dudosa calidad a costa de seguir afectando la economía de los mexicanos, pues la disminución en un 3% del precio de la tortilla no representa un gran impacto.

Maseca y Minsa, desde su origen, ha estado ligado a los diferentes gobiernos, obteniendo múltiples beneficios: Minsa nace como una empresa privada mexicana en 1952, y después de un año fue vendida a la CONASUPO bajo el nombre de MICONSA, siguió sus operaciones bajo el Estado y en 1993 fue vendida a la iniciativa privada donde adquiere el nombre de Minsa. Por su parte, Maseca, pertenece a Grupo Gruma y fue fundada en 1949 en por Roberto González Barrera, quien estuvo al frente del Grupo Financiero Banorte desde la privatización de la banca en 1992 hasta su muerte en agosto de 2012, dejando a su hijo Juan Antonio González Moreno como presidente del Grupo Gruma, y quien en 2021 pasó a ser el onceavo hombre más rico del país. Actualmente, ambas empresas son transnacionales con negocios en todos los continentes.

Así pues, nos podemos dar cuenta que Maseca y Minsa se han beneficiado con las políticas neoliberales implementadas en México desde los años 80s y el día de hoy se siguen beneficiando con los nuevos acuerdos contra la inflación. A pesar de que el gobierno de la 4T ha anunciado el fin del neoliberalismo parece contradictorio que mientras los dueños de estas empresas pasan a ser de los hombres más ricos del país durante la pandemia, la mayoría de la población se encuentra en la incertidumbre de no saber si con el ingreso cotidiano podrá alimentar a su familia.

Estamos convencidos de que la soberanía alimentaria no significa solamente asegurar la distribución de alimentos, independientemente del origen y calidad de estos. La soberanía alimentaria debe ser el derecho de los pueblos de gestionar su territorio para decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir y distribuir sus alimentos, sin el enriquecimiento de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría. Por todo lo anterior, nos parece necesario reivindicar el punto 3 del Programa Mínimo de la OLEP, el cual dice así: es necesaria la recuperación de la soberanía nacional y control por parte del gobierno de nuestros recursos naturales para el beneficio del pueblo, para garantizar con ello nuestra soberanía alimentaria.

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