Morena y PAN: la represión los une. Michoacán: sin derecho a la protesta
Desde hace más de 20 años, sufre de represión el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), una de nuestras organizaciones hermanas, al realizar una jornada de protesta del 2 y al 12 de octubre, reivindicado este último como Día de la Resistencia Indígena. En Morelia, esta actividad se lleva a cabo por medio de un plantón popular en la plaza Melchor Ocampo del centro.
Sumadas al carácter histórico de la protesta, las demandas del FNLS son urgentes en nuestro presente: la desaparición forzada (en casos como los de Edmundo Reyes, Gabriel Cruz, Fidencio Gómez Santiz, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez y Francisco Paredes); la libertad de los presos políticos (como el compañero Higinio Bustos y los de la colonia comunal Los Pilares, en Uruapan), y el cese a la persecución política de varios compañeros del FNLS en Michoacán, entre otras.
El Estado se ha empeñado en impedir el derecho a la protesta. El año pasado, durante la misma jornada, los compañeros, incluyendo mujeres y niños, fueron atacados con balas de goma por la Guardia Civil en un bloqueo carretero y días después fueron reprimidos en la marcha del 12 de octubre, con un saldo de 17 heridos. Este 2026, el 1 de octubre los compañeros se movilizaron para instalar el plantón, pero al llegar se encontraron con un operativo de más de 300 policías que les impidió el acceso.
A partir de ahí han sido acosados con retenes y convoyes policiacos, y el centro de Morelia fue cercado en franco Estado de excepción. El 6 de octubre, el FNLS se presentó en el Centro de Administración Municipal para exigir que se respete el derecho a la protesta; les cerraron las puertas y nuevamente fueron hostigados por la policía. Al cierre de este artículo, los compañeros presentaron una queja por discriminación ante el coepredv de Michoacán.
Es necesario nombrar a los responsables de la represión y la criminalización de la protesta. Por una parte, el presidente municipal de Morelia, el panista Alfonso Martínez Alcázar, y el gobernador del estado, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Por otra, la burguesía michoacana —principalmente del sector comercial, turístico y restaurantero—, que respaldó las medidas represivas a través de la CANACINTRA, COVECHI, CANIRAC, COMIT y CANACO.
El recién nombrado Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional (eufemismo de las “corcholatas” morenistas) en Michoacán, Carlos Torres Piña, secundó las posturas oficiales al afirmar que la protesta del FNLS pierde objetivo al instalar la vendimia, “inclusive, [con] algunos vendedores de otros estados”. Finalmente, elementos de la Policía Municipal, la Guardia Civil y la Guardia Nacional, junto con funcionarios públicos, se suman a la campaña de descrédito y amenazas de los bots en redes sociales contra el FNLS, para hacer creer que existe un rechazo generalizado de la población a las jornadas de lucha.
Analicemos las acciones y los mentirosos argumentos contra la protesta. Ramírez Bedolla se ha alineado abiertamente con el gobierno reaccionario de Martínez Alcázar. Lo mismo la “corcholata” Torres Piña. En Michoacán, Morena se pone a la cola del panismo represivo y profascista. Martínez Alcázar, quien encabeza los actos represivos, ha expresado una abierta política de segregación, racismo, clasismo y xenofobia contra el Frente. Se escuda en un Bando Municipal que prohíbe el comercio informal en el centro histórico. Así, ha querido hacer pasar la represión política por una lucha por la ley y el orden.
Por supuesto, la burguesía se suma al Estado de excepción para proteger sus intereses. De cara a las fiestas de muertos y al Festival Internacional de Cine de Morelia, dicen que un plantónpopular merma la economía local y afecta visualmente la zona, y no dudaron en sacar la carta del patrimonio histórico de la humanidad.
Aquí se demuestra su clasismo, racismo y xenofobia: para el alcalde y los empresarios, los indígenas y las comunidades rurales organizadas afean el centro para el turismo; a su ver, este patrimonio de la humanidad que es Morelia debe ser defendido de estas personas, tanto más si son “de fuera”. En cambio, no es grotesco ni feo ver el centro de la ciudad sitiado por la policía. Así razonan estos profascistas.
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Respondamos a sus sinsentidos. Ningún Bando Municipal está por encima del derecho a la protesta, que tanta sangre y lucha ha costado a los pueblos del mundo. Bastaría lo anterior para cerrar cualquier debate, pero continuemos. En sus argumentos legaloides de respeto irrestricto al Bando olvidan decir que el centro histórico de Morelia se ha prestado sin tapujos para festivales de marcas privadas, conciertos, carreras de Adidas y eventos de Telcel. Esto evidencia su parcialidad: se permite el comercio al empresario mientras le deje su tajada a los funcionarios, pero se le prohíbe al pueblo que lucha por una vida digna.
Dicen que el plantón popular es un tianguis. Mienten. Omiten que es preeminentemente un acto de protesta por la presentación de los detenidos-desaparecidos, la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución política y la vida digna de los sectores obreros, campesinos, indígenas y populares. Los modestos productos que se venden son para sostener el plantón y la lucha, no para enriquecerse como hace la burguesía local. Además, el plantón incluye jornadas culturales y foros de discusión bien recibidos por el pueblo.
Sobre el espacio público y el patrimonio de la humanidad, recalcamos que no pertenecen a la burguesía local, ni siquiera a los gobiernos en turno, sino al pueblo mexicano. Por tanto, ese espacio debe servir para que el pueblo conquiste sus demandas. Ésta es la más profunda lucha por el espacio público. El gobierno dice respetar el derecho a la protesta, pero no quiere que se usen los espacios necesarios para ella. Quisieran que protestáramos en casa y en silencio, para hacerse pasar por demócratas.
Lo que vemos hoy es una expresión abiertamente represiva contra el pueblo organizado, dirigida por elementos reaccionarios y profascistas del pan y de la burguesía. Esa es la ultraderecha de la que tanto se habla en las mañaneras. Vemos, sin sorpresa, que la socialdemocracia morenista se alinea perfectamente con ella; que, a pesar de la cantaleta de “primero los pobres”, para Morena también prima el derecho a la propiedad privada y al comercio del rico por sobre el derecho a la protesta y a la vida digna del pobre.
En su lógica el pueblo es “bueno y sabio” si recibe los apoyos sociales, pero deja de serlo en cuanto lucha consecuentemente por sus derechos. Vemos, además, que las demandas del Frentesí molestan al gobierno, porque lo desenmascaran y evidencian su carácter de clase en favor del burgués. Y por ello la represión y la criminalización.
Nosotros, como OLEP, expresamos nuestra solidaridad plena con los compañeros del FNLS y nos sumamos a sus denuncias. Asimismo, responsabilizamos a las autoridades michoacanas mencionadas por cualquier acto de represión y violencia que puedan ejercer contra los compañeros.
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
¡Alto a la criminalización de la protesta popular!
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