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Perú: autoritarismo y represión violenta a la protesta social

Colaboración de: GAGC

Red Peruana-Mexicana por la Democracia en Perú

Instagram: @reddemocraciape

En el pasado diciembre, hubo alternancia de poder en el Perú. Luego de un intento infructuoso del entonces presidente Pedro Castillo de dar un autogolpe de Estado, Dina Boluarte, que era la vicepresidenta, asumió el encargo de liderar el país hasta culminar el periodo de mandato, en el año 2026. Lo que se ha configurado en la práctica es un gobierno de facto de extrema derecha, con el apoyo claro de las fuerzas militares y policiales.

Casi de inmediato a este giro político, se iniciaron los reclamos públicos ciudadanos en rechazo a este cambio presidencial. Estas manifestaciones comenzaron en regiones del país donde se concentró en su momento el voto electoral en favor de Castillo. Su llegada a la presidencia había sido significativa y simbólica para muchxsperuanxs, en cuanto una persona “como ellxs” llegaba al poder: alguien que no formaba parte de la clase política establecida o de círculos sociales hegemónicos, que históricamente han despreciado y discriminado a amplios sectores de la población, por razones de raza, clase social y procedencia regional.

A lo largo de estas semanas, las protestas se han expandido, expresando un rechazo profundo a la idea de que tanto Boluarte, como los actuales congresistas en el Congreso de la República, culminen los mandatos hasta el 2026. El pedido principal ha sidola necesidad de una transición rápida hacia nuevas elecciones generales, incluso que sea en el presente año. Como respuesta a estas peticiones, desde un inicio, la reacción policial y militar ha sido brutal y desproporcionada, con violaciones explícitas a los derechos humanos de ciudadanxs participantes, en la medida que las autoridades ejecutivas y legislativas simplemente no quieren escuchar la actual voluntad popular. Antes de finalizar diciembre, hubo 28 muertes registradas en 6 regiones del país, cuyo derecho a la protesta no fue respetado. A la fecha, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, la cifra aumentó a 59 fallecidos y casi 1,300 heridos, incluyendo en este recuento a personas que no formaban parte directa de las expresiones de lucha.

En este escenario, un grupo de peruanxsy personas de otras nacionalidades, residentes en México, nos autoconvocamos para realizar acciones de incidencia y sensibilización sobre lo que ocurre en Perú. Como red, nos unimos a nuestrxshermanxs en el reclamo de elecciones generales lo más pronto posible. Nuestro apoyo, desde la distancia, no es partidaria. Se trata de una preocupación legítima ante las constantes muestras de desprecio a quienes no nos alineamos con el gobierno de turno. 

Elaboramos un pronunciamiento a ser presentado ante la embajada peruana en México, y para ello recaudamos firmas de adhesión. Es importante dejar evidencia del rechazo a la violencia desplegada por la policía nacional y las fuerzas armadas en su conjunto, ya que actualmente hay una ofensiva narrativa, desde el propio gobierno de Boluarte de querer proyectar una imagen internacional distorsionada: de que están abiertos al diálogo y que no han ordenado represión violenta alguna. Para eso, por ejemplo, han presionado a las embajadas peruanas en el mundo para que estén alineadas y ayuden a difundir estos mensajes falsos.

La realidad es totalmente distinta, y lo señalamos en el pronunciamiento. Desde la presidencia y su consejo de ministros, el discurso elaborado, a nivel interno, está sostenido en la criminalización de las manifestaciones, expresando un “terruqueo” que no tiene sostén en los hechos, y que prolonga el racismo estructural que fragmenta al país desde mucho antes de la actual crisis. Terruqueo es la expresión usada en Perú para describir cómo las acciones legítimas de protesta social son calificadas como actos terroristas, algo que es totalmente antidemocrático, y que busca acallar voces de inconformidad sobre las actuales e históricas situaciones de desigualdad y discriminación. En ese orden, también nos oponemos al uso instrumental del feminismo de Boluarte, puesto que el pueblo marcha contra ella no por ser una mujer en el poder, sino por ser responsable directa de los asesinatos realizados. 

La criminalización de la protesta social ha tenido variadas e indignantes formas de expresión. Una de las muestras fue el ingreso violento de la policía nacional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el pasado 21 de enero, para detener de forma irregular a 193 personas de diversas regiones del país, que habían sido albergadas para que puedan ejercer su derecho a la protesta en la capital. En este marco, como red exigimos justicia por las muertes en manos de militares y policías, denunciamos la militarización sobre la cual el gobierno de turno se apoya, y pedimos la renuncia de Dina Boluarte. Exhortamos también que se lleve a cabo el adelanto de elecciones generales para el 2023, y que en el escenario político de transición se derogue el Estado de Emergencia y los toques de queda.  Lxsperuanxs que suscribimos el pronunciamiento en mención sentimos la necesidad urgente de abrir un diálogo ciudadano sobre la reconstrucción y refundación de nuestra comunidad política, y los mejores medios para lograrlo, incluso escuchando las demandas en torno a una nueva constitución política, que han aparecido como consigna y discurso dentro de las manifestaciones en el país.

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