Reformas y privatizaciones en la BUAP

Defender la educación al servicio del pueblo

En 1937 se fundó la universidad del Estado de Puebla, a propósito de la formación del sistema educativo nacional, que se estaba construyendo en el periodo  posrevolucionario, esto permitió al Estado tomar control de la educación superior de cara a la iglesia católica que por siglos ejerció cierto control; el estado de Puebla era gobernado por el cacicazgo de los Ávila Camacho, que manejaban diversos ámbitos de la vida política local, incluida la universidad; en 1956 tras una serie de manifestaciones estudiantiles, fue otorgada la autonomía a la universidad, aunque esta sería regulada por un consejo de honor impuesto por el gobernador, lo que en la práctica nos habla de una autonomía ficticia.

Hacia 1961 en la ahora UAP se presentó una confrontación entre dos sectores al interior de ésta, uno de tipo conservador y apoyado en la iglesia católica que conformó el Frente Universitario Anticomunista y otro de tipo liberal apodado los “carolinos”, constituido por: nacionalistas, liberales y miembros del Partido Comunista. Durante todo el mes de abril de 1961 la discusión entre estos dos bandos escaló de los simples reclamos verbales a los golpes y las balas en los siguientes meses, dando como resultado el control de la universidad por parte de los segundos, mientras tanto los “Fuas”, es decir los del Frente, se atrincheraron en una nueva institución afín a sus principios ideológicos, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tras este episodio en 1963, se establece la primera reforma universitaria a la ley general de la UAP, esta nueva ley estaba acorde a un sentido de justicia social que se resume en su lema: “por una universidad CRITICA, DEMOCRATICA Y POPULAR”; expulsaba, todo tipo de injerencia estatal al eliminar al consejo de honor, dándole poder al consejo universitario, órgano representativo, pero sobre todo otorgando el verdadero poder a los estudiantes y profesores. Algo que debemos destacar es que esta actitud combativa de los universitarios durante estos años fue la antesala a la movilización popular de 1964 que terminó por destituir al gobernador Antonio Nava Castillo y a los Ávila Camacho.

Tras décadas de mantener sus principios firmes, hacia 1991 la universidad, daría un giro de timón, pues se llevaría a cabo una segunda reforma universitaria producto de una crisis política de ingobernabilidad desde 1989 a 1991 qué llevo a la universidad a cambiar en tres ocasiones de rectores; esta reforma pretendía zanjar la crisis en dos sentidos, uno de tipo académico y otro político, por un lado, se limitó el ingreso de todo aquel que quisiera estudiar aplicando un examen como filtro, se modificaron los aspectos relacionados al egreso y estadía y se fortaleció las unidades académicas en términos económicos; en el aspecto político y de gobernabilidad de la universidad, se limitó a los estudiantes y profesores la toma de decisiones eliminando el voto universal, se otorgó mayor poder al rector y al consejo universitario, así como, a los directores de facultades, consolidando con esto una universidad de corte autoritaria, anti democrática y excluyente, que se apoyó en el gobierno federal a través del Fondo para la Modernización de la Educación Superior a la sazón de los cambios económicos que el “salinismo” impuso para proyectar a México cómo una economía de libre mercado y que se vio reflejada no sólo en la venta de empresas estatales, a los capitales nacionales y extranjeros, sino también, en la mercantilización de la educación.

Desde entonces, la universidad y sus administraciones pasadas y presentes han desmontado lo construido gracias a la lucha de los universitarios y profesores, así como del pueblo, como ejemplo, el caso más reciente es el de la propuesta de reforma de ley de la actual rectora Lidia Cedillo que amparada en la Ley General de Educación Superior, aprobada por el actual gobierno de López Obrador, pero sobre todo cobijada en un manto de protección tanto del gobernador Sergio Salomón Céspedes, como por la legislatura local (oportunista e ignorante), es que se están implementando estos cambios, violando flagrantemente el marco jurídico de la institución, pues faltaron a los tiempos y formas establecidos en el Título Octavo, Capitulo Único, artículo 156, del estatuto orgánico en los que la propuesta fue votada y discutida, pero sobre todo a informar y escuchar a la comunidad estudiantil, por tanto desde Organización de Lucha para la Emancipación Popular (OLEP), exigimos el cese a estas reformas que afectan directamente al pueblo, llamamos a la organización popular tanto al interior como al exterior de la universidad, como se hizo alguna vez en 1964 y a construir el camino hacia una verdadera tercera reforma enmarcada en la lucha por la democracia popular y el socialismo, que recoja nuevamente los principios de una universidad democrática, critica y popular.

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