Higinio Bustos SCJN niega justicia. Nueva Corte, misma “justicia”

13 agosto, 2026 FRAGUAOLEP

Higinio Bustos

Para las organizaciones sociales y el pueblo en lucha ya no cabe duda: los avances en el reconocimiento de los derechos para la clase trabajadora durante el gobierno de la Cuarta Transformación han llegado a su límite.

En la editorial del número anterior explicábamos que uno de esos límites es la ganancia de los grandes capitalistas monopolistas, nacionales y extranjeros. Es sabido que, aunque ha habido algunos avances para el pueblo, como los aumentos al salario mínimo en los últimos seis años, el gobierno da prioridad a los intereses de esa minoría sobre los del pueblo trabajador. Lastimosamente, en las últimas semanas hemos presenciado un límite más, uno que como organización hemos denunciado de forma constante, sobre todo después del lavado de cara que Andrés Manuel López Obrador pretendió hacer para Alejandro Gertz Manero en su última carta, y que ahora se hace más evidente: la protección de altos mandos del ejército mexicano implicados en violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por encima del derecho a la verdad, la justicia y la no repetición en casos como la detención forzada y la prisión de luchadores sociales por motivos políticos.

Un hecho reciente lo confirma. El pasado 9 de julio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la recomendación 208VG/2006, la cual deja entrever los fuertes intereses que buscan exculpar a las cúpulas militares y al ejército como institución, justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la sentencia de 2018 que reconoció la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como un crimen de Estado. Esperemos que la SCJN no se deje influir por la recomendación de la CNDH, aunque eso sería pensar muy optimista.

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El caso de Higinio Bustos Navarro

El caso de Higinio Bustos Navarro, indígena nahua, militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), defensor del territorio y del medio ambiente, preso injustamente desde 2022, es otro ejemplo de este límite.

Su caso es sumamente paradigmático porque visibiliza un delito y una violación a los derechos humanos que el ejército ha cometido de forma constante y por la que nunca ha sido procesado: la infiltración de organizaciones sociales con fines de contrainsurgencia. A Higinio lo acusan, sin ninguna prueba contundente, del asesinato de un militar en funciones que, precisamente, estaba infiltrado en el FNLS en 2008, en el sexenio de Felipe Calderón.

Cabe destacar que la única prueba que tiene el gobierno mexicano contra Higinio es el testimonio del papá del militar asesinado. Sin embargo, esta persona ha testificado tres veces y en cada una ha dado versiones diferentes de los hechos, involucrando a Higinio en el asesinato hasta la última de estas declaraciones. Lo más grave del asunto es que acusan a Higinio y lo meten a la cárcel 14 años después de cometido el supuesto crimen, en 2022, justo en el contexto de su lucha por la defensa del territorio y de la exigencia de la presentación con vida de los dos revolucionarios detenidos y desaparecidos en 2008 en el estado de Oaxaca: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto
Cruz Sánchez.

FNLS, Comite Cerezo México y OLEP

Ante ello, el FNLS y otras organizaciones solidarias como Comité Cerezo México y nosotros como OLEP, hemos venido denunciando el carácter ilegal de la detención de Higinio. Además, su defensa jurídica ha evidenciado todas las inconsistencias del caso, logrando que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera la Opinión número 33/2024 en la que determina que la privación de la libertad de Higinio Bustos Navarro es arbitraria y exhorta al gobierno mexicano a liberarlo inmediatamente, a reparar los daños causados e investigar a los responsables de su detención.

Así mismo, su defensa jurídica, a través de diversos recursos de amparo, ha logrado abrir la posibilidad de que la SCJN atraiga el caso para discutir la ilegalidad con la que operó el ejercito al infiltrar a un militar en una organización social como lo es el FNLS. La Ley de Seguridad Nacional sólo permite la infiltración de agentes policiacos en organizaciones del crimen organizado, no en organizaciones sociales. De igual forma, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, también conocida como Convención de Palermo, establece el mismo límite, lo que hace aun más evidente la actuación ilegal del ejército mexicano en este caso.

El pasado 6 de julio de este año, gracias a uno de esos amparos, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortíz promovió una solicitud para que el pleno de la Corte votara para decidir si atraía o no el caso de Higinio. Sin embargo, la votación no alcanzó la mayoría requerida: cinco ministros votaron en contra: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García; y sólo cuatro lo hicieron a favor: el propio Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra. Con ello, la SCJN cerró la puerta a la revisión de un caso que la propia ONU ha calificado como detención arbitraria, confirmando que la protección al ejército es uno de los límites para el acceso a la justicia en México.

Pese a la negativa de la SCJN, la defensa jurídica de Higinio seguirá agotando todos los recursos legales para lograr su libertad, pero también busca obligar al gobierno mexicano a discutir temas urgentes para lograr verdaderas medidas de no repetición en estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército mediante la infiltración a organizaciones sociales, como lo ha hecho contra el fnls y contra los propios estudiantes de Ayotzinapa.

Poner este tema sobre la mesa es crucial en un contexto en el que las cúpulas militares y políticas, algunos dentro del gobierno de la 4T, no sólo han participado en acciones de contrainsurgencia que criminalizan la actividad de las organizaciones sociales que defienden derechos humanos, sino que, en muchos casos, también están involucradas en temas del crimen organizado.

A las organizaciones sociales nos queda seguir denunciando y visibilizando la necesidad de seguir con la organización permanente, exigir la liberación inmediata de Higinio Bustos Navarro y la de todos los presos por motivos políticos en el país y a nivel internacional. Nos queda demandar la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y el cese de todas las violaciones a derechos humanos que se cometen sistemáticamente en nuestro país y el resto del mundo.