Grupo México: historia de impunidad. Y sigue la mata dando
Otra vez Grupo México. Otra vez Sonora. Otra vez un derrame de sustancias tóxicas y una comunidad que tiene que enfrentar las consecuencias.
La noche del 25 de julio, un tren de Ferromex, empresa perteneciente a Grupo México, se descarriló en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora. Más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio fueron derramados y las lluvias provocaron escurrimientos hacia un arroyo. Días después, habitantes de la zona comenzaron a reportar dolores de cabeza, mareos, náuseas, dolor abdominal y dificultades para respirar. Un hombre de 53 años, Luis Arturo Ozuna Vázquez, permanece hospitalizado en estado grave, con afectaciones neurológicas y pulmonares después de inhalar gases generados por el derrame. Grupo Mexico dijo que no había personas afectadas. Pero la realidad terminó por imponerse.
Ya en diferentes números de Fragua hemos escrito sobre este conglomerado, porque Grupo México no es una empresa que acaba de cometer su primer error. Su historia está marcada por tragedias que han dejado trabajadores muertos, comunidades afectadas y daños ambientales que todavía no han sido reparados por completo.
La historia de Grupo México
En 2006 murieron 65 trabajadores en Pasta de Conchos, Coahuila. En 2014, en Buenavista del Cobre la empresa provocó el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, considerado uno de los peores desastres ambientales de la minería en México. En 2019 se derramaron alrededor de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. En 2025, dos trabajadores murieron en un colapso ocurrido en Buenavista del Cobre, Sonora. Y ahora, en 2026, tenemos nuevamente un derrame químico en Sonora. ¿Cuántas veces puede una empresa equivocarse antes de que dejemos de hablar de accidentes aislados y empecemos a hablar de un problema estructural?
La seguridad industrial no existe por casualidad. Existen protocolos, mantenimiento, inspecciones, capacitación y sistemas para prevenir que una falla termine convirtiéndose en una tragedia. Por eso, cada nuevo accidente también obliga a preguntar si esas medidas se aplicaron correctamente y si las autoridades están vigilando de manera suficiente.
Pero hay algo que indigna todavía más. Mientras las comunidades esperan reparación, Grupo México sigue haciendo negocios y acumulando riqueza. En el último año, el valor de mercado del corporativo aumentó casi 700 mil millones de pesos y la empresa reportó ganancias extraordinarias. Mientras tanto, las consecuencias de sus actividades siguen siendo enfrentadas por trabajadores y poblaciones enteras. Esta contradicción no debe parecernos normal.
El caso del Río Sonora lo demuestra. El derrame ocurrió en 2014. Durante años, las comunidades denunciaron que la reparación no había sido suficiente y que varias promesas quedaron pendientes. En 2026 el gobierno federal informó que Grupo México tendría que aportar mil 500 millones de pesos para un nuevo plan de justicia y que ya había depositado los primeros 500 millones. También comenzó la construcción del Hospital de Ures, una obra que había quedado inconclusa durante años.
Es importante reconocerlo: el gobierno actual ha obligado a la empresa a retomar compromisos que durante años permanecieron incumplidos. Pero precisamente por eso surge una pregunta : ¿por qué tuvieron que pasar casi doce años para comenzar a reparar un daño ocurrido en 2014? La justicia que llega después de una década no puede considerarse suficiente.
Te invitamos a leer el siguiente artículo de análisis: Todas las vías llevan a… Grupo México
La impunidad ante sus chistecitos
Y mientras todo esto sucede, Grupo México vuelve a estar involucrado en otro derrame. La palabra que aparece una y otra vez es impunidad. No porque nunca haya existido ninguna multa, una investigación o una intervención de las autoridades. La impunidad también puede existir cuando las consecuencias para una empresa son insuficientes para impedir que los hechos vuelvan a repetirse; cuando la reparación se prolonga durante años; cuando una comunidad tiene que luchar para que se reconozcan sus daños y cuando la riqueza de una empresa crece mucho más rápido que la reparación que reciben quienes padecen sus consecuencias.
Esto nos lleva a un problema más profundo que Germán Larrea. El capitalismo permite que recursos que pertenecen a la nación sean explotados para generar enormes fortunas privadas, mientras los costos ambientales y sociales terminan siendo pagados por el pueblo. El cobre, el agua, la tierra y los territorios tienen un valor para las comunidades mucho antes de convertirse en mercancías.
Por eso no basta con pedir otra multa después del próximo derrame. La Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) plantea en su Programa Mínimo de Lucha la recuperación de la soberanía nacional y el control por parte del gobierno de nuestros recursos naturales para beneficio del pueblo.
Esta propuesta pone sobre la mesa una discusión que no podemos seguir ignorando: ¿Quién debe controlar nuestros recursos naturales? ¿Para quién se produce la riqueza y quién debe decidir cómo se explotan actividades capaces de poner en riesgo la vida de comunidades enteras?
No queremos que después de cada desastre aparezca un comunicado prometiendo investigar. No queremos esperar otra década para que se construya un hospital. No queremos que las comunidades tengan que luchar durante años para demostrar que fueron afectadas. Queremos que la riqueza de nuestros recursos sirva para satisfacer las necesidades del pueblo y no para aumentar las fortunas de unos cuantos.
Porque mientras una familia de Naco lucha por la salud de uno de los suyos; mientras las comunidades del Río Sonora siguen esperando una reparación integral y mientras los trabajadores han perdido la vida en las instalaciones de Grupo México, la riqueza del empresario continúa creciendo.
Eso debería indignarnos, pero también debería organizarnos. El problema no se resolverá solamente cambiando a un funcionario o aplicando una multa más. Mientras los grandes capitales mantengan el control de recursos estratégicos y puedan trasladar buena parte de los costos de sus actividades al pueblo, los accidentes y los conflictos ambientales seguirán siendo una realidad. El derrame de Naco, Sonora, no debe convertirse en otra noticia que desaparezca en unos días. Debe servir para exigir justicia para los afectados, exigir responsabilidades a la empresa y, sobre todo, para discutir qué país queremos construir.
Un país donde unos cuantos acumulen enormes fortunas con nuestros recursos, o un país donde la riqueza sirva para satisfacer las necesidades de quienes la producen. Pero para cambiar esta realidad no basta con indignarnos ni con esperar que alguien más lo haga por nosotros. Necesitamos organizarnos.
Desde la OLEP invitamos a trabajadores, estudiantes, jóvenes, amas de casa y a todas las personas que estén cansadas de la explotación, de los abusos y de que los grandes empresarios tengan más poder que el pueblo, a acercarse y participar en nuestras brigadas de agitación en el metro y en plazas públicas y a las diferentes actividades que realizamos. Ahí podemos conocernos, discutir nuestros problemas, estudiar juntos y organizarnos para luchar por el socialismo. !
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